“Yo hago que trabajo, ellos hacen que me pagan”. En la antigua Unión Soviética este lema fue acuñado por el ingenio popular para caricaturizar el talón de Aquiles del modelo insumo-producto que enmarcó la carrera por la industrialización. Cada vez más trabajadores argentinos, del sector público o privado, pueden adherir sin complejos a esta frase. La razón es que los salarios se proyectan a la baja mientras que sus empleos se mantienen por medidas de emergencia en el corto plazo, como doble indemnización, prohibición de despidos o dificultades para celebrar convenios de reducciones temporales del empleo y sueldo.
Si bien los índices inflacionarios del primer semestre se mantuvieron debajo del 30% anualizado (2,2% fue el IPC de junio), a partir de marzo incluye cierre de actividades (sin precio) congelamiento de tarifas, precios controlados y dólar con un cepo creciente. Todo indica que el mayor desafío para la política antiinflacionaria es cómo se podrá absorber la mayor emisión monetaria a la que obligó la cuarentena prolongada, con la consecuente caída de la recaudación fiscal y aumento del gasto sanitario. En lo que va del año, la oferta monetaria agregó $ 1,5 billón y la decisión oficial para evitar un deslizamiento rápido de la demanda fue absorber mediante la colocación de Leliqs. Sin muchas más armas a las que recurrir y con un cepo en vías de extinción, la pregunta es cuánto incidirá este tsunami de pesos en la inflación proyectada del año. Las consultoras privadas la estimaban en 40%, para lo cual los precios deberían subir un escalón y crecer a más del 3,5% mensual. Es probable que el congelamiento tarifario también comience a pasar factura (por desfinanciamiento del concesionario) como también las dilaciones para atender la paritaria estatal. De una manera u otra, la víctima de este inevitable rebrote inflacionario será el salario real, pero con desigual efecto según el poder de negociación gremial y el impacto de la cuarentena en el sector en cuestión.
Las restricciones al ajuste del empleo como respuesta a la caída de la actividad pusieron a muchas empresas ante la disyuntiva de revisar su continuidad en el mercado.
El Gobierno atendió la emergencia con los programas IFE (para monotributistas de baja categoría, informales y empleadas domésticas) y con los ATP (para pagar un porcentaje nunca mayor al 50% y con un tope) para las empresas afectadas por la cuarentena. Esto fue un alivio que sirvió, en un principio, para capear el temporal. Algunos sectores, como el petrolero y el automotor, celebraron contratos de suspensión con la percepción de una parte del ingreso mensual. Pero para otros, menos habituado a los ciclos económicos cambiantes, fue imposible acordarlo. Además, con el cepo laboral de la doble indemnización y la prohibición de despidos (prorrogada), los locales de comercios afectados vieron poblarse de carteles de alquiler. Un negocio como el gastronómico, quizás el más afectado, calcula que sólo sobrevivirá la mitad de las empresas una vez concluida la pandemia pero que se anticipará ni bien los tribunales comerciales reciban las presentaciones de concursos y quiebras, que amenaza con elevan la tasa de desempleo, que era del 10,4% antes de los aislamientos.
No pasa lo mismo en el sector público: de los casi 4 millones de empleados públicos, el 21% pertenece a la esfera nacional, el 60% a la provincial y el 19% restante a la municipal. En los últimos 20 años, los trabajadores estatales crecieron un 78%, con cifras elaboradas por la fundación Norte Sur, que preside el economista Orlando Ferreres. Es casi un tercio de la fuerza laboral total, contra un 50% que son empleados privados y el resto se distribuye entre monotributistas, autónomos y personal de casas particulares.
El gran dilema de la economía pospandemia será optar por flexibilizar los controles de precios o los del empleo: defender el salario o el empleo. Un asedio a un modelo laboral que fue creado para una economía de pleno empleo con patrones de producción en retroceso y que, en su dinámica fue arrojando todos los años más personas al margen del sistema laboral y, por lo tanto, sumiéndolas en la pobreza.
