El turno del Rey

Se multiplican en España los incidentes desatados por jóvenes independentistas catalanes (Esquerra Republicana de Catalunya) que incendian imágenes del rey Juan Carlos en las calles de Gerona y Barcelona, y en la propia capital, Madrid. Por primera vez en 30 años de transición democrática, el rey Juan Carlos salió esta semana a defender públicamente las virtudes de la monarquía española; tres días después, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el monarca encabezará un Consejo de Defensa en su condición de “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”, según los términos de la Constitución de 1978. Treinta y dos años después de haber sido proclamado rey de España, tras la muerte de quien lo instauró como su sucesor, Francisco Franco (1892-1975), Juan Carlos defendió en Oviedo su investidura institucional: “La monarquía parlamentaria es la institución que ha otorgado a España el más largo período de estabilidad y prosperidad en democracia de su historia”.
Mientras los jóvenes republicanos queman fotografías y enarbolan la bandera tricolor con la franja violeta de la república, pareciera que en España se ha abierto, por primera vez en tres décadas, el debate sobre la forma de gobierno. Lo que está en discusión, esto es, en profunda crisis, antes que la monarquía, es la transición misma, encarnada en los Pactos de La Moncloa (25 de octubre de 1977).
La transición no surgió de una ruptura con el régimen de Franco. Fue el resultado de un proceso de pactos y garantías recíprocas entre el franquismo y las principales organizaciones políticas de oposición, encabezadas por el Partido Socialista (PSOE) y el Comunista (PCE).
El gobierno de Adolfo Suárez, ex secretario general del Movimiento Nacional (franquista), que asume en julio de 1976, decide restaurar la democracia en acuerdo con el rey Juan Carlos. Convocó a los líderes de la oposición y a las organizaciones sindicales controladas por la izquierda (UGT y CO) a un acuerdo para enfrentar la crisis. Fue firmado, entre otros, por las tres figuras principales de la política española de entonces: Santiago Carrillo (líder del PCE); Manuel Fraga Iribarne (ex ministro de Franco y titular de Alianza Popular); y Felipe González (secretario general del PSOE). Años después, dijo Santiago Carrillo: “Todos obrábamos convencidos de enterrar una época de guerras civiles y tiranía. El Pacto de La Moncloa demostró hasta qué punto habían madurado las condiciones para un régimen democrático”.
El pacto incluía, obviamente, a la monarquía. Por eso, tanto Santiago Carrillo, jefe de la Juventudes Socialistas Unificadas (comunistas) en la época de la república y responsable de la seguridad interior en el Madrid sitiado de 1936, como Felipe González, líder del PSOE en la lucha clandestina contra Franco, se convirtieron en fervorosos monárquicos.
La crisis política que afecta ahora en forma directa a la institución monárquica no es “un rayo en un día de verano”. Expresa la disolución acelerada del consenso político en que se fundó la transición tras la muerte de Franco. El primer paso de la crisis tuvo lugar el 14 de marzo de 2004, cuando los atentados de Atocha volcaron el resultado electoral de los comicios generales, y otorgaron a Zapatero y al PSOE un triunfo absolutamente imprevisto. El Partido Popular nunca digirió la victoria de Zapatero. Este, a su vez, probablemente porque comparte calladamente la percepción de ilegitimidad del PP, desarrolló desde entonces una política sistemática de polarización y confrontación con sus adversarios. El resultado es un quiebre de fondo del macroacuerdo que sustenta la estabilidad española de los últimos 30 años. Ahora ese quiebre se profundiza y afecta a la institución que sustenta (“corona”) la transición española.
La distinción entre política y economía es puramente analítica, no orgánica. Es un fenómeno de pizarrón, no de realidad histórica. La crisis política española coincide con un punto de inflexión en su evolución económica. En el trienio 2004-2006, la economía creció 3,5% anual, lo que continúa un ciclo expansivo de 14 años de duración. España es el país de Europa de mayor crecimiento y creación de empleo. Pero la productividad (eficiencia en la utilización de los factores) es negativa . Por eso, el déficit de cuenta corriente (9% del PBI), con relación al producto, es el segundo más grande del mundo después de Estados Unidos. Todo depende en España del dinero barato (euro). Entre 1989 y 1999 (ingreso en el euro), las tasas de interés cayeron 12 puntos porcentuales. La cuestión crucial en España, a partir de ahora, es el aumento de la productividad. Esto significa, ante todo, reformas estructurales por el lado de la oferta; y eso requiere un nuevo consenso nacional.
Hoy no hay consenso en España. Por eso le llegó el turno a la monarquía, símbolo de la unidad nacional. Hay una “oscura armonía” en los acontecimientos históricos.