En la Argentina rige un Estado de derecho con un sistema democrático representativo. Ello significa que la organización política (Estado) ha sido generada a través de una Constitución, que no sólo ha definido la existencia de órganos de gobierno, sino que además les ha fijado límites en el ejercicio de la gestión. Por su parte, la existencia de un sistema democrático representativo nos indica que la titularidad del poder político corresponde al pueblo, que es quien lo transfiere a los gobernantes (representantes) para que conduzcan los destinos de la Nación.
Nada de esto ocurre por placer ni por vocación popular. La existencia de los Estados (que incluye a los gobernantes y al “poder” que ejercen) es producto de la imposibilidad de los pueblos de autogestionarse y, por lo tanto, de la necesidad de los pueblos de vivir ordenadamente. Para ello es indispensable que existan representantes, y en democracia, sólo los hay si se los vota.
Significa entonces que el sufragio constituye una herramienta fundamental para la existencia del Estado y del sistema político. Al votar, los ciudadanos cumplimos con una función pública: la de sostener la democracia y de mantener en marcha la organización estatal pergeñada a través de la ley suprema. Esto nos da la pauta de que el voto no sólo sirve para elegir gobernantes, sino también para forjar los cimientos del esquema institucional; por eso es lógico que constituya una carga pública.
El ordenamiento jurídico sanciona a quien no vota, por considerar que no colabora con el sostenimiento del sistema; y si no prevé sanciones para un elector que vota en blanco o para el que efectúa un voto nulo, es porque no resulta posible su identificación. Pero entonces es necesario apelar a la cultura cívica, para difundir la idea que votar en blanco (o hacerlo mal para lograr la anulación del voto), es una forma de quitarle sustento a la democracia y al Estado de derecho, cuya Constitución dispone la existencia de gobernantes elegidos por el pueblo.
Nunca puede ser calificada de positiva una acción (como la de votar en blanco) que, multiplicada por millones, sea susceptible de provocar un serio problema institucional, cual es la inexistencia de gobernantes.
Las conductas individuales deben ser evaluadas en función de las consecuencias que generan al ser masificadas; si esas consecuencias fueran reputadas negativas, pues entonces también lo son en escala individual. Es claro que un solo voto en blanco no es grave; sí lo serían millones de votos de esa naturaleza.
Por algo la Constitución Nacional ha previsto que, para el cálculo del porcentaje que una fórmula presidencial debe obtener, sólo se cuenten los votos afirmativos y válidos. Lo contrario a válido es nulo, y lo contrario a afirmativo es negativo, es decir, “en blanco”.
No es adecuado manifestar el disgusto hacia la clase dirigente votando en blanco; ello es como matar a una mosca con un cañón: desaparecerá el insecto, pero el daño provocado será desproporcionado.
Aquella memorable frase pronunciada por Galtieri (“las urnas están bien guardadas”) debería llamarnos a la reflexión. Vivimos en democracia; no la dañemos con votos lesivos del sistema democrático, que tanto extrañamos cuando no lo tuvimos.
Profesor de Derecho Constitucional UBA, UAI y UB.
