Es bella, joven y llegó al país hace poco más de tres años para dirigir una de las empresas más poderosas del mundo, General Motors, en Argentina, Uruguay y Paraguay. Cuando se la presentaron en un evento público en el Obelisco, Mauricio Macri no pudo disimular su desconcierto. La cara del jefe de Gobierno porteño pareció decir: ¿cómo esta chica va a presidir una automotriz multinacional? En poco tiempo, Isela Costantini, una brasileña de 44 años, de padres sanjuaninos, formada en Brasil y Estados Unidos, se ganó la fama de ser una excelente CEO (Chief Executive Officer) y habilísima negociadora. La revista Fortune la incluyó en la lista de las cincuenta mujeres empresarias más poderosas del mundo. Ahora Macri le ofreció conducir Aerolíneas Argentinas.
Costantini es una de varios números 1 que están dejando exitosas carreras empresariales o internacionales para aportar a la reconstrucción del Estado y el desarrollo del país con el nuevo gobierno. Muchos argentinos están entusiasmados con estos nombramientos, pero otros preguntan: ¿qué pueden aportar ejecutivos sin experiencia en el sector público? El Estado es la mayor empresa (entendida como una organización humana orientada a cumplir objetivos estratégicos y brindar servicios fundamentales) de una nación. Gestionar grandes organizaciones, innovar, liderar grupos hacia objetivos específicos, son las habilidades más notorias de los profesionales convocados por Macri.
A varios los conozco y me llama la atención su compromiso con el país y su sensibilidad social. Susana Malcorra, por ejemplo, se destacó en la ONU por la logística desarrollada para movilizar a decenas de miles de profesionales y voluntarios. Eficiencia y calidad humana son sus mayores atributos.
Un Estado arrasado como el que deja el kirchnerismo va a requerir de gran capacidad de gestión para su reconstrucción; o, mejor dicho, para empezar a construir el Estado moderno, transparente, eficiente, y a la vez cercano y sensible, que necesitamos en el siglo XXI.
Más allá de la retórica oficialista que enaltece el rol del Estado, la realidad es que el kirchnerismo se va con las cuentas públicas al rojo vivo, un déficit fiscal del 7% del PBI, el Banco Central casi quebrado, el peso degradado por una inflación descontrolada, el Indec vaciado, sin estadísticas creíbles, y un tercio de los argentinos sumidos en la pobreza. Las empresas públicas son sociedades anónimas que ya no le rinden cuentas a nadie, ni a sus accionistas (los ciudadanos) ni a la Auditoría General de la Nación. Para saber qué le prometió YPF a Chevron en un contrato a treinta años, tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia, y aún no pudimos saberlo.
La presidenta Kirchner ya salió a decir que un país no es una empresa, ocultando que su gobierno convocó a varios hombres de negocios, la mayoría de dudoso pedigrí, para apuntalar su gobierno. Amado Boudou era un pequeño empresario del espectáculo y la noche, con varias quiebras en su haber, cuando el Gobierno lo convocó para manejar la Anses. Deslumbrada, la Presidenta lo ascendió a vicepresidente de la Nación. Antes de ser procesado por la Justicia, casi se queda como dueño oculto de la única fábrica privada de imprimir billetes, contratada por la Casa de Moneda.
También están los amigos y testaferros de la familia presidencial como Lázaro Báez, a quien le otorgaron sin pudor el 100% de la obra pública de Santa Cruz; y Cristóbal López, a quien le dieron el monopolio del juego, importantes concesiones petroleras y medios de comunicación. Los Eskenazi casi logran quedarse con YPF sin poner un peso, pero la debacle energética destapó la “argentinización” diseñada por Néstor Kirchner para adueñarse de la principal empresa nacional.
No sorprende que figuras notorias del menemismo, como José Luis Manzano, Raúl Moneta y Eduardo Eurnekian, también hayan sido convertidos en poderosos petroleros por su cercanía al kirchnerismo. ¿Saben quién es uno de los mayores importadores de gas licuado, el gran negocio de la era K? El ahora empresario Roberto Dromi, otro magnate nacional y popular. Si la Argentina tuviera una Justicia mínimamente independiente, estaríamos viendo un destape judicial similar o peor al de Petrobras y el PT.
La promiscuidad entre funcionarios públicos y empresarios privados ha sido el mayor cáncer de la política argentina de los últimos años, por izquierda con el kirchnerismo y por derecha con el menemismo. Es lo que explica por qué un país tan rico tiene cada vez mayores niveles de atraso y pobreza estructural.
Mauricio Macri tiene la oportunidad de demostrar que la depredación del Estado se acabó y que la transparencia, la eficiencia y la decencia serán el sello distintivo de su administración. Contará con profesionales comprometidos y probados, tanto en el Estado como en el sector privado. Millones de argentinos estamos esperanzados. Esperamos, de corazón, que no nos vuelvan a defraudar.
