Al asumir su segundo mandato presidencial, el 1º de enero de 2015, Dilma Rousseff se manifestó segura de contar “con el apoyo de cada militante del PT y de la militancia de cada partido de la base aliada”, y “dispuesta a movilizar a todo el pueblo brasileño en el esfuerzo por un nuevo arranque”. Apenas siete meses más tarde, sólo el 7,7% de la población brasileña aprueba su gestión, mientras que el 62,8% apoya que se la someta a un juicio político. La semana pasada, la presidenta perdió el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien además de formar parte del principal partido aliado del Partido de los Trabajadores, es el encargado de admitir o rechazar cualquier pedido de juicio a la mandataria. ¿Qué pasó con aquella figura que llegó a gozar del 70% de aprobación en su primer mandato?
La popularidad de Dilma se derrumbó debido a la crisis política y económica que atraviesa Brasil. Según indican las proyecciones, este año la inflación alcanzará el 9% y el PBI se reducirá al menos el 1,7%. El pasado miércoles 22 de julio, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, se vio obligado a reducir la meta del superávit fiscal primario que se había propuesto para 2015. Frente a un panorama de recesión, no sorprende pues que Dilma haya salido a la búsqueda de nuevas fuentes de inversión y espere encontrar muchas de ellas en EE.UU.
Por otro lado, Brasil está afectado por una profunda crisis política, atribuible en gran medida a los escándalos de corrupción que estallaron en los últimos años y que involucran a importantes figuras de la política y del empresariado. El caso Petrobras ya dejó implicados a los presidentes de dos de las empresas más grandes de construcción en América Latina, Odebrecht y Andrade Gutiérrez, y al ex tesorero del PT. Pero las investigaciones judiciales siguen su curso y ahora amenazan con comprometer al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
No resulta fácil decir si es la crisis política la que contribuye a empeorar la crisis económica o viceversa. Probablemente, una y otra se están retroalimentando. Pero en la medida en que sigan avanzando, podrían conducir a una tercera crisis aún más grave: la institucional. En todo caso, la abrupta caída de la popularidad de Dilma parece indicarnos que la ciudadanía está cada vez menos dispuesta a tolerar, además de los reveses económicos, los casos de corrupción. Esto, creo, es un buen augurio para nuestras democracias.
*Director de la Fundación Pensar. Legislador porteño del PRO.
