Este año ya se denunció un gran número de femicidios. Ante cada uno la sociedad se conmociona y se proponen acciones, pero a diario se repiten los asesinatos de mujeres por ser mujeres y no llegamos a que se implemente ninguna de las propuestas y pasamos a considerar otras. La pregunta obligada es: ¿qué pasa? Micaela fue el caso reciente más comentado, enseguida ocurrió el de la adolescente de Tucumán, y pronto tendremos otro, como antes tuvimos muchos más. Cada caso tiene sus particularidades y por eso se habla y plantean distintas propuestas.
Micaela nos orientó a mirar a la Justicia y su funcionamiento frente a estos casos, pero también debemos considerar a las fuerzas de seguridad, porque un asesino desde febrero estaba acosando a una nena de 13 años amiga de la hija de su pareja. La niña se lo contó a su familia y les mostró los mensajes que recibía. El viernes previo al asesinato de Micaela, fueron a la policía a denunciarlo pero los mandaron a la jueza de menores y, como no estaba entonces, los citaron para el lunes. Si esa denuncia se hubiera realizado, el asesino habría sido detenido por el acoso de la niña y Micaela ahora podría estar viva. ¿Qué pasó? La policía derivó la denuncia y ni ella ni en el juzgado de menores tuvieron una consideración del tipo de denuncia y su gravedad, y por lo tanto no se ocuparon de tomarla y actuar enseguida para evitar consecuencias graves. Esto indica que ni los jueces ni el personal de la Justicia ni las fuerzas de seguridad visualizan los riesgos que corren las niñas y mujeres frente a acosadores y violadores. Se tratan estos casos como si fueran hechos iguales a otros conflictos entre pares o hechos menores, pero el problema es que no son pares. Ni la niña ni Micaela eran pares o iguales del acosador/asesino. Ellas son “débiles e inferiores”, porque así las considera la sociedad.
Esa diferencia en la valoración social de mujeres y hombres no es menor, y es la que está detrás de toda forma de violencia contra mujeres y niñas y muy claramente en las violaciones o acosos. La sociedad sigue patrones de desigualdad que persisten a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. El desequilibrio de poder es clave y muy difícil de superar, porque las leyes no alcanzan, ayudan pero no sustituyen medidas de políticas públicas proactivas que se deben adoptar para cambiar estos patrones culturales. El Gobierno, a través de los tres poderes, tiene responsabilidad y debemos pedir que rinda cuenta de sus decisiones y actividades, incluso exigiendo que se garanticen los derechos de todos y todas por igual. Pero también hay una responsabilidad de la sociedad, que no se preocupa ni reclama, por ejemplo, porque no se implementa la Ley de Educación Sexual Integral que promueve la igualdad y eliminación del desequilibrio de poder. Que sigue festejando los programas de los medios de comunicación que muestran a las mujeres como inferiores y sólo objetos para exhibir sus cuerpos para satisfacción de los hombres, o cocinando y haciendo tareas domésticas para otros, o siendo motivo de bromas y desprecio por ser poco importantes. También cuando festeja y considera normal y hasta ponderable que padres o abuelos seduzcan a las amigas de sus hijas o nietas en vez de censurarlo. Así, hombres y mujeres sostenemos la cultura patriarcal que perpetúa un rol de masculinidad basado en el sometimiento de las mujeres y niñas.
Para acabar la violencia necesitamos estos cambios. Debemos decidir si queremos cambiar para que el Ni Una Menos deje de ser para muchos un cliché y realmente se elimine la violencia contra mujeres y niñas. Sin igualdad de género no se elimina la violencia.
*Médica, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
