A comienzos de 2004, la aerolínea chilena LAN volaba cada sábado a las Islas Malvinas (dos veces al mes, de ida y de vuelta, con escala en Río Gallegos). En verano, la línea aérea ampliaba por medio de chárter los viajes a Puerto Argentino, lo que los sucesivos gobiernos habían venido permitiendo. En noviembre de 2003, la administración Kirchner denegó el permiso de sobrevuelo por el espacio aéreo argentino para esos traslados especiales, lo que generó rispideces con los británicos.
¿Por qué? Porque con la excusa de los vuelos llamados “chárter” concebidos como una clara excepción y sujetos a permisos especiales también –como evacuar un enfermo grave, llevar o traer un funcionario o una delegación parlamentaria y poco más– los británicos empezaron un crescendo de pedidos cuya motivación se fue haciendo cada vez menos “especial” y más rutinaria, pasando a ser en los hechos vuelos de turismo de verano. Al punto que Londres se acostumbró al libramiento casi automático de permisos para todo vuelo especial que solicitaran, pero se negaban a conceder a Buenos Aires el derecho a volar desde Ezeiza o Aeroparque directamente a Malvinas con aeronaves nacionales.
Era ésta una pretensión argentina plenamente razonable en el contexto del llamado “paraguas de soberanía” que nos venía haciendo soportar aguaceros más y más copiosos, dejando seca y sana la posición de Londres.
Nuestro país, sin borrar con el codo el concepto de “paraguas de soberanía” que con la mano habíamos escrito en los llamados “Acuerdos de Madrid” de 1990 (lo que significa discutir sobre determinados temas sin que ello implicara consentir la disputada ocupación militar británica), trataba de llevar adelante por un estrecho desfiladero una política que ensanchara las posibilidades de plantar un mojón soberano, al que esperábamos poder luchar para que sucediera otro, y luego otro más. Como canciller, quien esto firma en primer término había declarado que dado que los ocupantes habían expresado que el conflicto tardaría 400 años en resolverse, “tendremos 400 años de paciencia pero (las islas) van a volver a (nuestro) seno”.
Tensión. El corte de los vuelos especiales despertó irritación en el gobierno de Blair y reclamos de explicaciones, las cuales recibió de Buenos Aires, incluyendo la precisión de que habíamos advertido la intención de transformar los vuelos especiales en una plácida costumbre rutinaria, dejando siempre para un momento más propicio la autorización a una aerolínea nacional.
Promediando febrero de 2004, viajó a nuestro país el vicesecretario de Relaciones Internacionales inglés William Rammel (responsable para América Latina de la cancillería británica), a fin de negociar un vuelo regular argentino al archipiélago, convenientemente adobado de antemano por nuestro embajador en Londres, quien firma estas líneas en segundo término. En la materia se trabajaba con unidad de concepción y unidad de acción: no sólo nos acompañaba regularmente el embajador Lucio García del Solar, experto en el tema y por el que guardamos un profundo respeto y afecto, sino que en la reunión más importante estuvieron presentes Jorge Taiana, el excelente embajador Juan José Uranga y el encargado del área y funcionario de carrera Santos Goñi. Si la memoria no nos es infiel, también estaba un magnífico embajador que Gran Bretaña había destinado a Argentina: sir Robin Christopher. Ahora que Snowden reveló los planes de espionaje de Inglaterra sobre nuestro país, incluyendo operaciones encubiertas de desinformación en redes sociales, intervención de comunicaciones militares y de seguridad, no extraña su extraordinaria idoneidad.
En aquella reunión de febrero, se acordaron casi a nivel de capilares sanguíneos detalles que conducían a que la Argentina tuviese un vuelo periódico que, partiendo del continente, se dirigiera a las Islas Malvinas. No equivalía a la soberanía, pero estaba dentro del camino trazado. De las notas tomadas entonces, resaltan tres circunstancias: en un momento determinado, el señor Rammel dijo “que había habido una guerra, lo que no debía ser olvidado”; el canciller argentino respondió que en ese caso “no se sorprendiera Londres si no lo olvidábamos y no permitíamos, consistentemente, vuelos chárter de LAN”. También dijo Rammel al despedirse que “era optimista” en cuanto al progreso de lo establecido. Y finalmente, que “el instinto de los políticos era hablar, y que no siempre eso era lo mejor”.
Así las cosas, a la mañana siguiente el acuerdo in nuce… fue publicado por un diario entonces de centroderecha con una propensión a defender los intereses del sector financiero. Eso fue utilizado por nuestro visitante para dar por concluidas las conversaciones.
Luego pudimos saber que los propios ingleses habían sido quienes filtraron la información, seguramente luego de que el Foreign Office advirtiera la posible interpretación de un avance en la posición argentina.
Este episodio tiene importancia en el registro de la política exterior argentina porque marca un punto de inflexión sobre Malvinas, ya que el tema de los vuelos dio a Gran Bretaña una señal clara de que para Argentina “hasta ahí hemos llegado”; es decir que a partir de esa fecha toda modificación del status quo debía beneficiar simétricamente a ambas partes y servir para construir confianza en las intenciones recíprocas a través de hechos y decisiones concretas y mutuamente provechosas.
La posición argentina generó cierta incredulidad en los ingleses, y no dejaron de buscar interlocutores porteños que compartieran con ellos la convicción de que se trataba de un endurecimiento pasajero originado en funcionarios determinados. La política definida entonces no solamente se amplió sino que persiste y –esperamos– persistirá, ya que nada es más fructífero en diplomacia que mantener una posición firme cuando se cuenta con el respaldo inequívoco y unánime de las instituciones de no hacer concesiones gratuitas basadas en la esperanza o la ilusión de una concesión de la otra parte… que nunca llega.
A fines de abril del año siguiente, cuando el clima de tirantez se había moderado como para volver a la mesa de baquelita, un anexo de la Constitución Europea incluyó al archipiélago austral y a territorios antárticos como “territorios de ultramar” y, por consecuencia, alcanzados por disposiciones de la Unión Europea. En rigor de verdad el episodio ya se conocía y se estaba trabajando intensamente para buscar una solución, pero la difusión de la cuestión por parte del Instituto Buenos Aires de Planeamiento Estratégico rompió una discreción que nos resultaba útil. Britania sigue diciendo: “nuestra posición al respecto no ha cambiado”, con flema brumosa, y Argentina no olvida y actúa con sigilo en diversas áreas, como por ejemplo la de los títulos históricos.
Sin sorpresa. Por esto es que no deben causar sorpresa las revelaciones que dan cuenta de un agresivo plan (“Operación Quito”) para que los ingleses pudieran influir en la opinión pública y estar enterados de los planes de Argentina respecto de las Islas Malvinas, llevado adelante por el GCHQ, a través del “Grupo de Búsqueda e Inteligencia contra Amenazas” (Jtrig, sigla en inglés).
Sin necesidad de perforar la obligación de mantener en reserva hechos, dichos o documentos diplomáticos de aquellos años, sí podemos aseverar que el GCHQ (General Comunications Headquarters), situado en la riente localidad de Cheltenham (2.500 empleados dedicados a la escucha de comunicaciones telefónicas, descriptamiento de comunicaciones oficiales de relevancia para los intereses británicos y copia y clasificación de los mensajes electrónicos, de Facebook, Twitter y otros), monitorea sistemáticamente a los países del mundo con los que Gran Bretaña mantiene conflictos, diferencias o atraviesa crisis, o tiene intereses comerciales o financieros divergentes. Otra base de escucha importante está en la isla Diego García (océano Indico), otra en la isla de Ascensión (Atlántico Sur) y otra, obviamente, en Malvinas.
*Ex canciller.
**Ex embajador argentino en Londres.
