Estado y estadísticas

Insecto ocho, araña diez, humano cinco: para saber cuántas partes del cuerpo tenemos basta una muestra de un caso. Cinco partes del cuerpo son comunes a todos los humanos. En cambio, preferir gaseosas light, consumir cerveza y votar a la derecha aparece sólo en algunos y determinarlo requiere muestras más extensas. La industria de consumo suele emplear con éxito muestras de mil a cuatro mil casos en ciertas excepciones. Pasar de una precisión del 90% a la más deseable del 95% puede requerir una duplicación de los costos. Acceder al 99%, un costo cercano al infinito.
La propensión al consumo, la experiencia con drogas, su uso frecuente y la adicción son propiedades semejantes a las que vigila un ejecutivo de Unilever respecto de su champú: en el coloso británico nadie que cuide su empleo encargará muestras de cinco mil casos. Lo mismo ocurre en la argentinísima Arcor.
Otro es el caso del Estado. Ser ministro o secretario de Estado es un cargo político y del político sólo se espera que sepa convencer, mantener en calma a la gente y evitar que los nuevos actores se salgan de los cauces previstos. Nadie le pide al político que aprenda matemáticas o marketing, que cuide el dinero ni que sepa algo de drogas. Pero sería oportuno averiguar por qué el ministro de Justicia encarga una encuesta sobre 51 mil hogares que se realizará simultáneamente con otra entre 15 mil contratada por el odontólogo Granero, secretario de Presidencia, y ambas con un mismo objetivo de ornamentar con cifras inútiles sus dispares estrategias sobre las drogas. Son gente que vive discrepando aunque ignore lo elemental sobre las drogas y las estadísticas y no sepa qué hacer con ellas, salvo gastarse este millón y medio de dólares en estudios. No es tanta plata para la escala actual del problema drogas, pero es una suma infinita para la escala de la capacidad de gestión de los profesionales enfrentados en el gabinete nacional. El odontólogo sigue apegado al cargo y a sus ritos burocráticos, el abogado –Aníbal Fernández–, anuncia la voluntad liberacionista de su Presidenta como ignorando que despenalizar tenencia y consumo sin liberar el cultivo sólo servirá al negocio de dealers, mayoristas y exportadores del Paraguay. En una columna de marzo sugerimos que la declamada despenalización, como el desafío al campo, eran cortinas de humo –bluffs– para consumo mediático: a falta de planes y de buenas noticias se cubre prensa simulando iniciativas sin ponderar sus riesgos. Que, según se ha visto en mayo, no son pocos.