La postergación del IPC con base en la ENGHo 2017-18 y la salida del titular del Indec no son un tecnicismo: son una señal política sobre quién controla la “verdad pública” en el corazón del programa económico. El hecho social relevante no es que haya más o menos inflación, sino la intención de un gobierno de administrar la construcción de la verdad más allá de cualquier otra evidencia o normativa; o, al menos, de investir de mala intención toda duda razonable o sospecha sobre la versión oficial.
En un país con historia de apagones estadísticos, el mensaje es nítido. Pese a la recuperación institucional del Indec iniciada tras la crisis de credibilidad de la década pasada –con avances claros y también continuidades imperfectas–, los acontecimientos recientes muestran que la estadística pública ha vuelto a entrar en el cuarto de máquinas del poder: deja de ser un recurso para diagnosticar la realidad para volverse una herramienta de legitimidad política.
Pero el problema no es nuevo, desde el Decreto 927/2009, el Indec funciona como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Economía, es decir, del Poder Ejecutivo. Esta estructura institucional contradice el principio básico de autonomía que todo instituto estadístico moderno requiere y facilita presiones e interferencias sobre decisiones técnicas.
El Gobierno sostiene que la decisión busca evitar “ruidos” en la política de desinflación, en particular, en vísperas de una nueva corrección de precios regulados y tarifas.
Pero esa justificación omite lo central: mantener una canasta basada en la ENGHo 2004-05 –que subestima el peso actual de los servicios y las tarifas en el gasto de los hogares– no es neutral.
Distintas simulaciones privadas sugieren que la actualización eleva la inflación acumulada medida en el pasado reciente y, hacia adelante, expone con mayor nitidez el deterioro del poder adquisitivo en un contexto de eliminación de subsidios.
Dicho de otro modo: la decisión deja ganadores y perdedores identificables. Entre los perdedores están quienes dependen de la indexación –más o menos negociada– por inflación: jubilados, asalariados y titulares de programas sociales. Pero el daño excede a esos grupos: también erosiona la credibilidad y legitimidad de la información pública que produce el Indec, más allá del profesionalismo y la responsabilidad de sus equipos técnicos que elaboran las estadísticas.
Las estadísticas oficiales no pueden ser una herramienta política de los gobiernos: son un derecho ciudadano y un bien público. Cuando se manipula el proceso de generación de información –y se lo reemplaza por un criterio político de oportunidad– se vulnera un principio liberal básico, válido tanto para los mercados como para la democracia.
Tanto los ciudadanos, como los mercados y los agentes sociales requieren información confiable y reglas previsibles, datos públicos producidos con criterios profesionales, transparentes y sin interferencias.
Si un gobierno se arroga la facultad de decidir, por razones políticas, cómo y cuándo medir aquello que ordena contratos, salarios, precios y expectativas, instala opacidad donde debería haber transparencia, y discrecionalidad donde debería haber neutralidad técnica.
En ese punto, el problema ya no es el índice: es la credibilidad institucional que sostiene la competencia económica y el control ciudadano del poder.
Si bien no estamos frente a un escenario de falsificación sistemática ni de persecución abierta de equipos técnicos, sí estamos ante algo que suele ser el primer escalón de deterioros mayores: la manipulación política del calendario, los contenidos y la interpretación de la estadística pública.
Y esto ocurre sobre una base ya frágil: las estadísticas socioeconómicas venían, incluso antes de esta intervención, “flojas de papeles” –por lagunas, rezagos, cambios de criterio poco explicados o disputas públicas recurrentes–, al mismo tiempo que resulta normal la descalificación gubernamental de diagnósticos profesionales disonantes.
En ese marco, la función estatal no es debilitar la infraestructura de información, sino fortalecerla: porque sin datos confiables no hay diagnóstico compartido; sin diagnóstico, no hay deliberación pública ni acuerdos genuinos; y sin deliberación, no hay Políticas de Estado sostenibles.
No se trata de una exigencia “opositora” ni de purismo técnico: es el estándar mínimo de cualquier democracia moderna.
La propia arquitectura normativa internacional lo dice sin ambigüedades. La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó en 1994 los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, y la Asamblea General los respaldó en 2014 (resolución 68/261). Allí se establece que las estadísticas oficiales son un componente indispensable del sistema de información de una sociedad democrática y que deben producirse y difundirse de forma imparcial para resguardar el derecho a la información pública; y, sobre todo, que las oficinas estadísticas deben decidir “según consideraciones estrictamente profesionales”, incluyendo principios científicos y ética profesional, sin interferencias de presiones políticas o de interés.
Ese compromiso fue reafirmado también por la OIT en 2018, recordando que la independencia estadística no es un lujo tecnocrático sino una condición de legitimidad para las políticas públicas.
Dado el escenario actual, el fenómeno central sobre el que conviene alertar no es sólo si la medición del IPC –y, con ella, la de los ingresos laborales y no laborales, la pobreza, la desigualdad, entre otros indicadores de bienestar– refleja mejor o peor la realidad, sino el riesgo de que, una vez más, el poder político quiera gobernar la representación pública de la verdad en una Argentina en transición, con efectos directos tanto sobre las relaciones sociales, los mercados y la vida democrática.
Lo mínimo exigible es simple y verificable: una fecha cierta e irreversible para implementar el IPC actualizado; la actualización simultánea de las canastas y de los indicadores asociados a la medición de la pobreza; la publicación de un documento metodológico completo y de series empalmadas que permitan evaluar impactos con transparencia; y una garantía explícita –normativa y operativa– de que el Indec conserva autonomía técnico-profesional sobre la producción estadística, incluidos los contenidos y los tiempos de difusión.
*Director del Observatorio de la Deuda Social (UBA-UCA-Conicet).
