Dicen que sólo el peronismo puede gobernar a la Argentina. Por ahora hay pocos datos históricos para refutar esta afirmación. Tambien se repite que nadie puede negar que el peronismo tiene vocación de poder, un argumento difícil de contradecir. Lo que en realidad es más difícil de explicar es que exista una agrupación política que rechace el poder, sin embargo, hay movimientos políticos que se definen por su voluntad de demolerlo, y otros que no saben qué hacer con él.
El peronismo gobierna a la Argentina porque maneja los resortes del poder creando desde el gobierno alianzas con sectores oligárquicos. Una oligarquía se define por la posesión de resortes económicos que le dan acceso al uso de las influencias, extorsión y violencia, para lograr sus objetivos. La propiedad de capital no es el único atributo de este poder oligárquico sino la forma concentrada de su posesión y el control de la organización que lo sostiene.
El ejército, el poder financiero, los sectores terratenientes, la Iglesia, fueron los sectores de la oligarquía corporativa con la que los gobiernos desde Roca hasta Perón representaron o contra los que lidiaron para conservar su poder. Sólo por unos años el yrigoyenismo pudo acceder a él por la nueva Argentina creada con la inmigración masiva.
No considero el poder “inglés” como factor imperial ya que nuestro país no fue una colonia sino un proveedor de materias primas y un receptor de capital financiero en un orden mundial que culminó en 1929. Esta dominación no nos convirtió en colonia, sino en un país cuya dirigencia prefirió siempre endeudarse a llevar a cabo una política fiscal solvente.
Con Perón los sindicatos pasarán a formar parte de la distribución del poder en nuestro país, junto a sectores del mismo Estado con una burocracia conformada por una planta permanente de funcionarios.
Frondizi intentó crear un factor nuevo de poder mediante la industrialización con aportes de capital y tecnología extranjera que sustituyera la falta de financiamiento en infraestructura que había padecido y reconocido el segundo gobierno de Perón.
El gobierno de Alfonsín no resistió a los antiguos ejes del poder corporativo del Ejército que se sublevó, el financiero que vació los bancos, la Iglesia que se consideró atacada por un laicismo agnóstico dominante en la educación, y el sindical que vio en los radicales enemigos políticos.
En la década del noventa, Menem anuló el poder desestabilizador del ejército derrotando al sector carapintada, encarcelando a Seineldín, incorporando cuadros militares a la dirigencia justicialista y a los negocios del gobierno. Se alió al poder financiero y enriqueció al sector bancario mediante una política de endeudamiento internacional e interno con tasas de interés gravosas y un dolár fijo. Logró la adhesión gremial a la privatización de los servicios mediante un reparto prebendario.
Desde el 2001 el sostén del poder tiene otras caras visibles. Cavallo al destruir la red ferroviaria diseñó una economía basada en la circulación vial, red de comunicación vital dado el intercambio regional de mercancías. Es decir que gracias a su política, el sindicato de camioneros es el eje del poder sindical. Paran los camioneros, para el país.
El otro poder gremial decisivo es el de la educación. Su poder reinvidicativo es importante y el conflicto con los gobiernos que se suceden no tiene fin.
El sector llamado de la seguridad es un poder encubierto con un rostro oficial uniformado. En él actúan mafias, servicios personales de custodia y una trama política que arma una red casi impune de criminalidad.
El peronismo en el poder comparte conveniencias con la cúpulas de sectores corporativos, crea una red dirigencial que controla sus organizaciones y suprime todo intento de disidencia. De este modo tiene garantizado un orden.
En estos momentos La Mesa de Enlace que representa a este nuevo protagonista llamado “ el campo”, interviene en la puja política. El hecho global de que por primera vez en más de cincuenta años el precio de las materias primas no sólo deja de degradarse sino que incrementa sus valores de un modo inédito, hace que el sector agroganadero se convierta en una pieza clave para el ingreso de divisas y sea eje del superávit fiscal.
Un gobierno peronista fortalece las cúpulas de las organizaciones, les permite el control de los dineros y no se inmiscuye en el modo en que ejercen su poder. Puede así encontrar aliados, negociar y postegar algunas demandas. También pactó con la cúspide de algunas empresas de medios de comunicación pero por pujas de poder rompió el lazo con uno de los principales factores de presión política.
Los que se oponen a este tipo de estrategia no ofrecen otra alternativa que una apelación a la democratización en nombre de la construcción de ciudadania, y al fortalecimiento de las instituciones administradas de acuerdo a una meritocracia.
Las discusiones que se llevan cabo en la actualidad sobre los superpoderes y la delegación de facultades legislativas al ejecutivo, tienen que ver con las cajas. Si le sumamos el viejo secreto de los montos destinados a los servicios de espionaje, Side, lo que está en juego es la posibilidad de sumar poder mediante dinero no declarado y destinado a cúpulas organizacionales. Este reparto incluye a los movimientos sociales.
A esto es lo que se llama “vocación de poder”. El intento de pasar por arriba de los jefes organizacionales y llegar al ciudadano responsable, al individuo libre, al elector independiente, culminan en frágiles arrebatos del poder anterior y en un rotundo fracaso.
La oposición sabe que desde el llano apela a doña Rosa, y en la cumbre a don Hugo.
Cuando se habla de democratización institucional se corre riesgo de una anarquía que impide cualquier negociación. La discusion alrededor de los modos de conduccion gremial entre la CGT y la CTA, responde a un dilema que se juega entre un poder negociador fuerte a la vez que corrupto, y otro más transparente pero que no asegura una tregua en las tensiones sectoriales sino una conflictividad permanente. Es lo que por lo visto sucede en Aerolíneas o en los subtes, en donde los pactos entre la patronal y algún gremio deja el conflicto sin solución por el no acuerdo con otros delegados.
La Argentina es ingobernable porque oscila entre el centralismo oligárquico que asocia intereses sectoriales de entramados corporativos con los nuevos ricos del gobierno, y una idea de ciudadanía no clientelar que no es más que una diseminación de voluntades que no responde a la estructura de las organizaciones sociales.
Democratizar a las organizaciones implica no sólo dispersar los centros de decisión, y consensuar puntos de vista, sino fijar normas para que no se paralicen las acciones por un permanente estado deliberativo.
Gobernar no es discutir todo, todo el tiempo. Un poder legislativo debe ser ejecutivo para no ser estéril, sin embargo, sin un ejecutivo fuerte hay vacío de poder.
*Filósofo (www.tomasabraham.com.ar).
