No se puede; es irresponsable. Es el mismo argumento que este gobierno sostenía respecto a la asignación por hijo; bastó el embate de la oposición y de la Iglesia Católica sobre el tema para “ganarles de mano” haciéndola suya, y considerarla ahora un “medida revolucionaria”. Esta vez y en relación con las jubilaciones, el Gobierno se apuró a conceder un aumento pero descartó la idea opositora de ligar la jubilación básica al salario mínimo, vital y móvil. Por lo tanto, este debate continuará en la agenda y quién sabe si en un futuro cercano la adoptará para acabar considerándola “la medida de mayor justicia para nuestros mayores”.
Establecer un haber jubilatorio básico digno y completar la cobertura de las personas mayores es un desafío importante del sistema previsional. Por ello, en primer lugar hay que finalizar la extensión del beneficio previsional a todas las personas mayores del país. La moratoria previsional expandió significativamente la cobertura pero aún alrededor de medio millón de mayores no alcanzaron a jubilarse por falta de medios para transitar el engorroso sistema que el Gobierno montó para acceder al beneficio. Y sin duda se trata de los mayores más pobres de las provincias más pobres. Mientras tanto, la desprolijidad de la implementación llevó a que otros muchos de condición económica mejor obtuvieran un doble beneficio. En definitiva, se precisa un nuevo sistema donde la base sea un beneficio igualitario para todas las personas mayores financiado con recursos impositivos. Los que deseen beneficios más elevados deberían disponer de sus ingresos para generar instancias previsionales complementarias.
Este sistema público igualitario y básico debe brindar un beneficio que debe estar ligado al salario mínimo para evitar que se juegue con su depreciación en el tiempo. Y a no dudarlo, el 82% o algo similar debe ser la relación que exista entre la jubilación básica y el salario mínimo.
Ahora bien, el sistema de políticas sociales, en su conjunto, debe ser repensado. Con un sistema jubilatorio que posee un pilar básico universal y con una asignación familiar que aún no es universal, pero debe serlo, se poseerán dos instrumentos importantes para contribuir a asegurar un consumo básico en los hogares argentinos. Pero falta aún para la población adulta desocupada, especialmente aquella en edad juvenil, un ingreso condicionado a desarrollar actividades que promuevan sus capacidades (adquirir mayores conocimientos), signifiquen un aporte productivo o sean actividades útiles y relevantes para el individuo que las realiza y la comunidad donde se realizan. Los jóvenes, afectados por tasas demasiado elevadas de desempleo y precarización, no acceden sino a migajas del gasto público. Sin duda, no es posible imaginar abuelos felices con sus haberes jubilatorios mientras sus nietos están sumergidos en la falta de futuro, en el desempleo o en la precarización. Un gasto público concentrado fundamentalmente en el sistema previsional tenía sentido en una sociedad de pleno empleo formalizado, donde los trabajadores vivían de su trabajo y donde era lógico que el gasto se concentrara en los sectores que se retiraban de la vida económica, ya sea por vejez o invalidez. En una sociedad con serios problemas de empleo, precarización, pobreza y desigualdad, esto debe ser repensando.
Esta política social de transferencia de ingresos debe estar complementada con servicios públicamente financiados. En primer lugar, me refiero a la educación, que debe alcanzar el nivel medio completo no sólo para los niños sino también para los adultos, especialmente si son jóvenes. En segundo lugar, los servicios de atención a la salud con fuerte énfasis preventivo; la provisión de agua potable y redes de saneamiento básico son un componente importantísimo de una política sanitaria adecuada. En tercer lugar, el desarrollo de una política habitacional que erradique la vivienda precaria. Por último, es necesario poner en práctica una tarifa social, esto es, el subsidio para los sectores socialmente más vulnerables de un nivel básico de energía, comunicación y transporte.
No sostengo que lo propuesto resuelva los problemas de desigualdad que exhibe nuestra sociedad. Pero sí afirmo que puede asegurar un nivel básico de bienestar para todos nuestros ciudadanos. Sociedades como la nuestra, cuyo gasto social ha crecido en los últimos tiempos, no deberían tener mayores problemas en abordar una estrategia de asegurar un consumo básico. Probablemente se precise de recursos adicionales para este fin, pero más necesario es una importante reformulación de los actuales destinos de los recursos públicos, esto es, repensar la política social. El problema no está en los recursos y sí en el grado de compromiso de las elites argentinas para lograrlos.
*Sociólogo UBA/Conicet. Presidente del partido GEN-CABA.
