Apesar de los avances que muestra el sistema de recolección y tratamiento de la fracción reciclable de los residuos sólidos urbanos, la Ciudad está lejos de poder afirmar que extrae de los residuos urbanos la mayoría de los materiales reciclables.
Quienes prestan ese servicio son las cooperativas de recicladores urbanos. Pero carecen de los recursos organizativos y logísticos necesarios para recoger en forma adecuada y permanente todos los residuos domiciliarios reciclables.
Las cooperativas son la cara visible del sistema y sus problemas, pero no son su causa. La tarea que deben desempeñar sólo es posible si detrás cuentan con el soporte diario y sostenido del Estado porteño: según lo establecen los contratos firmados ya hace cuatro años, es éste el que se comprometió a proveer los medios que los recicladores precisan para poder llevar a cabo su tarea.
Así, por falta de acción gubernamental, la mayoría de los ciudadanos enfrentan obstáculos para dar curso a los residuos recuperables que han dispuesto de manera diferenciada en su hogar. En algunas zonas existen campanas verdes para hacerlo, pero las condiciones en que éstas suelen encontrarse, saturadas de materiales por falta de un servicio constante de vaciado, a cargo del Estado, es una de las muestras. En otros barrios directamente no hay campanas verdes. En otros casos las cooperativas tienen la obligación de retirar directamente de los edificios el material a reciclar, pero la administración de la Ciudad no les provee camiones en estado adecuado como para recoger y trasladar esa gran cantidad de material. Y el mismo esquema se repite en muchos otros aspectos que hacen al servicio: detrás de cada deber de las cooperativas, hay uno de la administración gubernamental que lo hace posible. Si falla esta última, necesariamente también falla la primera.
El escaso compromiso gubernamental con el sistema de reciclado se expresa simbólicamente en un hecho: a más de ocho años de que comenzara a implementarse el sistema de reciclado, carecemos de estadísticas e indicadores confiables sobre la naturaleza y cantidad del material que se logra extraer de los residuos. Sin datos, con “cepo estadístico”, es imposible medir avances y encontrar oportunidades de mejora.
En pocos meses finalizan los contratos vigentes y deben redefinirse las condiciones del servicio. Es un excelente momento para hacer un balance y concebir mejoras. Es por ello que la Comisión de Ambiente de la Legislatura porteña, que tengo el honor de presidir, comenzará a tratar dos propuestas de ley de mi autoría que contemplan un proyecto integral de fortalecimiento de las cooperativas. Aspiro a que el servicio que ellas prestan les sea remunerado adecuadamente en base a un conjunto de parámetros: la extensión geográfica que la cooperativa debe cubrir, la calidad y cantidad de materiales que conforman la fracción seca en la zona que ella sirve y el equipamiento que necesita para hacerlo adecuadamente, entre otros. También propongo que a la hora del pago se contemple la variación estacional de los precios de los materiales reciclables que las cooperativas venden y que se introduzcan incentivos específicos para que también recolecten los materiales que no tienen mercado pero que, por cuestiones ambientales, es necesario evitar que terminen enterrados. Por último, propongo la creación de un registro público para que se inscriba gente experimentada del ámbito privado, que pueda formar y asistir técnicamente a los recicladores.
El diálogo, el intercambio de ideas y propuestas, está abierto.
*Diputada de la Ciudad de Buenos Aires (ECO/Suma+). Presidenta de la Comision de Ambiente.
