Según han dejado trascender sectores involucrados, el secretario de Comercio Interior, mi querido amigo Guillermo Moreno, ha ordenado “verbalmente” la prohibición de importar productos alimenticios que tengan alternativas de producción en el país, en especial desde Europa. El argumento central de esta medida, al parecer, es el temor a una invasión de productos importados, dada la perspectiva de una baja en la cotización del euro, y una fuerte recesión en Europa, que haría que dichos productos “sobraran” en su mercado original o fueran, por razones cambiarias, mucho más baratos que en la actualidad. Una importación de estas características terminaría, siempre según este razonamiento, por destruir el trabajo argentino, al obligarlo a competir con productos “artificialmente” más baratos.
Aun aceptando este planteo, existen medidas alternativas a la de la prohibición lisa y llana, con mejores resultados, pero sobre ello me explayaré al final.
Quería, mientras tanto, tomar el argumento de la prohibición para analizarlo con mayor profundidad.
Supongamos, economista al fin, que la importación de productos bajo estas características efectivamente “destruye trabajo argentino”. Si esto es así, lo primero que deberíamos hacer es cerrar la frontera a la inmigración de trabajadores.
En efecto, cuando ciudadanos extranjeros emigran a la Argentina a ofrecer trabajo, compiten con trabajadores argentinos; por lo tanto, “destruyen trabajo argentino”. No sólo eso, también reducen los salarios de los trabajadores locales, dado que, en comparación, están dispuestos a trabajar por una remuneración menor. Desde el punto de vista estrictamente económico, resulta equivalente que se importe trabajo extranjero a través de un producto elaborado fuera del país a que se importe trabajo extranjero, directamente, con un trabajador produciendo ese producto en la Argentina.
Se podría argumentar que no es lo mismo, dado que si el producto se fabrica localmente “agrega valor” en el país. Eso es cierto, pero también agrega valor en el país un producto importado. Dado que ese producto, para llegar al consumidor, pasa por la misma cadena que uno fabricado localmente. Un producto importado, salvo por el componente de fabricación, también genera “trabajo argentino”. Por lo tanto, la Argentina debería cerrar sus fronteras hasta que nuestra tasa de desempleo sea cero. Antes que sea tarde, no estoy proponiendo la prohibición de la inmigración (aunque la Argentina se debe un debate serio y no demagógico, populista y electoralista, sobre el tema), estoy planteando la inconsistencia del razonamiento del Gobierno. Si se trata de proteger el trabajo argentino contra el extranjero, da lo mismo que ese trabajo venga en “forma de producto” o en “forma de trabajador”.
Permítanme seguir un poco más por este camino del absurdo.
Imaginemos ahora que nuestros socios comerciales deciden “copiar” la medida de Moreno, dado que les parece brillante. Por lo tanto, prohíben la importación de productos argentinos, puesto que nosotros mantenemos nuestra moneda “depreciada” (el tipo de cambio alto que siempre rescata el Gobierno), mientras que ellos, en especial los brasileños, han revaluado su moneda frente al dólar. Es decir que vendemos trabajo “artificialmente” barato al resto del mundo. Si toman una medida equivalente, no podríamos vender autos argentinos, ni alimentos argentinos, ni software argentino y estaríamos mucho peor.
Dicho sea de paso, prohibir la importación de alimentos “gourmet” es una medida totalmente regresiva, porque aquellos argentinos que pueden viajar y frecuentar los free-shops (de los que el Gobierno argentino es socio) podrán acceder a estos productos, y encima sin impuestos, mientras que el resto de los argentinos no.
¿Y entonces? Entonces, muy sencillo. Si lo que le preocupa a la Secretaría de Comercio es una eventual invasión de productos alimenticios europeos importados, basta con establecer, como ya ha hecho para otros sectores, restricciones cuantitativas (cuotas voluntarias o no) o, inclusive, un sobrearancel transitorio para mantener el valor actual de dichos productos, recaudando, de paso, más impuestos. La verdad, si es cierta, no se entiende el objetivo de la prohibición. A menos que haya algún “negocio” detrás que, como todos los negocios de este Gobierno, a mí se me escapa.
