El Presidente Alberto Fernández tiró una frase matadora, de esas que hacen ruido en especial en su propio distrito, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando mencionó que sentía culpa por la “opulencia” de su hábitat político en comparación con el resto del país. ¿Debe un porteño promedio sentir que su situación de mayor ingreso por habitante es gracias a la pobreza del resto del país? ¿Tiene otro ciudadano argentino del Norte, por ejemplo, a que la postergación de su región es culpa a la riqueza de la metrópolis? Una vieja discusión que retoma vigencia en cada crisis, pero como decía el filósofo y economista clásico John Stuart Mill, “ningún problema económico tiene una solución puramente económica”.
Desde sus orígenes, la Nación Argentina tuvo desafíos fiscales: cómo financiar las guerras de la independencia, primero, cómo constituir la unidad nacional, después y cómo distribuir esa carga entre todas las provincias. Las arcas del Tesoro se alimentaban, principalmente, de los derechos de aduana y el único puerto comercial de envergadura era el de Buenos Aires. Ya en el siglo XXI los ingresos fiscales producidos por el comercio exterior ya no son mayoritarios. Para 2019, último dato anual antes de la pandemia, el comercio exterior sólo explicaba el 11% del total, contra 42% del IVA y demás impuestos sobre los bienes y servicios, el 24% sobre el trabajo (las llamadas “contribuciones sociales”) y un 22% sobre las ganancias. Los impuestos sobre la propiedad, a nivel nacional, sólo llegan al 1% del total y es allí a dónde apuntan, por ahora, la usina de ideas, frases y proyectos para lograr llevar agua al molino secado por la extensa cuarentena.
El Gobierno decidió apoyar una modificación a este tipo de impuestos que, curiosamente, no viene del Ministerio de Economía sino de otro diputado del bloque oficialista pero independiente, el banquero Carlos Heller. La discusión previa en el redil del Frente de Todos está en fijar el límite inferior de la riqueza gravada, los criterios para las valuaciones de activos y la alícuota a aplicar. Lo curioso del caso es que el propio Gobierno fue el que argumentó en su larga negociación con los bonistas que el mundo mostraba rendimientos financieros cercanos a la nada misma, por lo que en este caso le estarían pidiendo a este grupo de residentes que solidariamente contribuyan con mucho más que dichos resultados financieros. Por única vez, claro….
La otra idea que circuló fue la de modificar la estructura del impuesto a los ingresos (“ganancias”) en un borrador que no tocaría los de los asalariados ni monotributistas, pero sí los de los autónomos y las empresas. En el primer caso, sería para pagar las cuentas de los efectos del COVID 19 pero también para fortalecer estructuras productivas. Claro, cuando no hay financiamiento voluntario disponible, el único recurso es este. A diferencia del anterior, no es para financiar el cisne negro de la pandemia, sino para paliar el rojo fiscal que se proyecta en 8% para este año.
Mucho tiempo se discutió los efectos de la “teoría del derrame” para lograr cerrar la brecha entre personas pobres y ricas, regiones más y menos favorecidas (CABA vs. el conurbano o el NOA, por ejemplo) y sectores dinámicos y atrasados (la economía del conocimiento vs. la sustitución de importaciones). Los efectos de políticas de todo tipo durante el último medio siglo, 80% de ellos en vigencia de la democracia, deberían inspirar a ser más creativos en la búsqueda de verdaderos atajos al desarrollo inclusivo y sostenible. Igualar siempre será posible pero no deseable si se hace sobre el estancamiento económico, como la marca registrada de la Argentina presente.
