“El Comité de los 24 es el órgano encargado de monitorear las formas de poner fin a una situación colonial”. Con estas palabras, la Corte Internacional de Justicia revalorizó, en febrero pasado, el rol de este Comité Especial, creado en 1961 luego de aprobada la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución fue la piedra angular para todo el proceso de descolonización llevado a cabo en las décadas posteriores y que permitió que decenas de territorios bajo dominación colonial alcanzaran su independencia gracias a las recomendaciones de este Comité Especial.
La Argentina ha asistido a las sesiones del Comité de Descolonización desde la inclusión de la Cuestión Malvinas en su agenda y fue en él donde, durante la gestión del ex presidente Arturo Illia, el embajador José María Ruda emitió su célebre alegato del 9 de septiembre de 1964 dando lugar a la aprobación, por parte de Asamblea General, de la Resolución 2065 (XX) un año después.
La labor del Comité de los 24 tuvo gran trascendencia en las décadas del 60 y el 70. Lamentablemente, por las actitudes intransigentes de las potencias coloniales (de los 17 territorios pendientes de descolonización, diez corresponden al Reino Unido, tres a Estados Unidos, dos a Francia, uno a Nueva Zelanda y el caso especial del Sahara Occidental), su rol se ha visto cada vez más disminuido en los procesos de descolonización sin que se haya verificado ninguna solución para los territorios listados en su agenda en los últimos 15 años (con la simple excepción del monitoreo del referéndum llevado a cabo el año pasado en Nueva Caledonia).
De las 17 cuestiones que hoy analiza el Comité de Descolonización, la de las islas Malvinas es la única que no es tratada por la Asamblea General de la ONU. Ello es así en virtud del “acuerdo de caballeros” celebrado entre los gobiernos argentino y británico en 1989. El resto de las cuestiones obtienen año tras año resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de conformidad con las recomendaciones del Comité de los 24, reforzando de esta manera su posición ante la comunidad internacional.
El planteo anual de Argentina en las sesiones del Comité de Descolonización es necesario y resulta imprescindible. Ahora bien, a la luz de los resultados obtenidos en los últimos treinta años, debemos interrogarnos respecto de la suficiencia de esta acción, máxime teniendo en cuenta que la última resolución que adoptó la Asamblea General sobre Malvinas fue en 1988.
Corremos el riesgo de contentarnos con una liturgia anual que se parece a un “diálogo de sordos”. En la sesión del Comité de días atrás, el lenguaje utilizado por los pretendidos representantes de los habitantes de las islas estuvo colmado de agresividad hacia nuestro país, al tildarnos de “potencia colonial, avara y codiciosa”, aunque destacaron como positiva la política adoptada por el gobierno del presidente Macri, porque “es la primera vez en 37 años que hay verdaderos signos de una nueva relación entre la Argentina y los isleños”. También resaltaron la posibilidad de que las sanciones a las empresas hidrocarburíferas que operan en el área en disputa sin autorización argentina sean levantadas y celebraron la nueva conexión aérea con Brasil con una simple escala en territorio continental argentino. Por supuesto, las presentaciones de los británicos descartaron absolutamente cualquier posibilidad de abrir una mesa de negociación sobre la soberanía de las islas.
En el pasado hemos logrado mucho en el plano regional, obteniendo el apoyo de una gran cantidad de grupos regionales. Entre ellos merecen destacarse los apoyos explícitos de la Unión Africana (UA), la Organización de Estados Americanos (OEA), las Cumbres Iberoamericanas, el G77+China, las Cumbres de Países Arabes, el Grupo de Río, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), etc.
Estos apoyos corren el riesgo de ir licuándose si nuestro país no exhibe una voluntad política firme de avanzar hacia lo prescripto por la comunidad internacional. Un claro ejemplo de esto es la resolución adoptada por el G77+China en 2017 respecto de la Cuestión Malvinas. En ella se eliminó el párrafo que, desde 2005, dejaba sentado el perjuicio económico que la disputa y el accionar unilateral del Reino Unido generan a la Argentina, así como el apoyo a las medidas adoptadas por la Argentina para proteger sus recursos naturales.
Malvinas como verdadera política de Estado. En la Cuestión Malvinas, las partes han utilizado las negociaciones por un lapso de más de cincuenta años sin poder encontrar una fórmula de arreglo de la disputa. En solo 17 de esos años se trató el punto central de la controversia.
La experiencia de estas décadas ha demostrado que negociar todos los aspectos accesorios de la disputa, dejando pendiente ad infinitum el punto central de la controversia, es incorrecto ya que, de esa manera, la parte recalcitrante se beneficia de la situación al consolidarse su posición en los hechos, mientras que la otra parte solo concede en la expectativa de una negociación que nunca llega.
Una política de Estado exige un trabajo serio y consensuado sobre estrategias y objetivos a corto y mediano plazo. No debe agotarse en la presencia anual de miembros del oficialismo y de la oposición ante el Comité de los 24.
La Argentina deberá explorar y utilizar todos los medios que el derecho internacional ofrece para solucionar las disputas internacionales. Todas las opciones deben ser analizadas de forma consistente y prudente, sin descartar ninguna y a la luz del objetivo central e irrenunciable de la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El Reino Unido tiene la obligación jurídica de poner fin a la situación colonial, y a su vez tiene la obligación de solucionar las disputas por medios pacíficos. Si la Argentina no puede avanzar con la negociación indicada por la comunidad internacional, entonces debe ser proactiva, como lo han hecho los Estados que utilizan las distintas herramientas de que dispone el derecho internacional para alcanzar una solución a sus controversias y hacer valer sus derechos.
Es momento de cumplir con lo que históricamente pregonamos y de pensar nuevas estrategias para avanzar de forma seria y coordinada en la solución de la disputa más antigua e importante que tiene nuestro país y que tan caro le ha costado al pueblo argentino.
*Presidente de Fundación Embajada Abierta. Ex embajador de Argentina ante la ONU, Estados Unidos y Portugal.
