El 2014 podría ser un año de consensos legislativos para impulsar una serie de imprescindibles reformas de calidad institucional. Existen suficientes incentivos para la oposición y para el oficialismo, y si aparecen liderazgos adecuados, es posible que los legisladores de ambos grupos tomen conciencia de la conveniencia de mejorar las condiciones de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro país.
Los legisladores opositores pueden marcar una agenda que los diferencie del oficialismo y mostrar que un eventual gobierno opositor -peronista o no peronista- priorizaría esta agenda en su plan de gobierno. Para el oficialismo hay también varios incentivos. Por un lado, las reformas protransparencia suelen implicar limitaciones al poder. Si su implementación y vigencia ocurren hacia el final de este gobierno, limitarán principalmente a la próxima administración, no tanto a la actual. Por otro lado, muchos legisladores querrán mostrar que, aun siendo oficialistas, no rechazan una agenda que, cuando el Gobierno era más fuerte, no se animaban a abrazar, pero cuya promoción hoy tiene costos de lealtad mucho menores y mayores beneficios potenciales.
Hay una larga lista de reformas pendientes en este campo. Si oficialistas y opositores trabajaran en una agenda común podría comenzar a avanzarse en el próximo año y continuar el siguiente. La experiencia internacional muestra que las reformas de transparencia son productos de consensos amplios y de largo plazo.
La reforma más relevante consiste en darle más poder a los ciudadanos: una ley nacional de acceso a la información pública. Hace 10 años que el Congreso fracasa en este intento. Sin ella, la opacidad es regla y se impide el control ciudadano de la gestión pública. No aprobar e implementar una ley nacional en este campo es un incumplimiento de nuestro país con estándares internacionales de derechos humanos.
Es necesario eliminar abuso de los recursos públicos para promocionar la gestión y la figura de dirigentes políticos -fenómeno abrumador a nivel nacional, pero que se reproduce a escala a nivel de provincias y ciudades-, para los que una regulación nacional sería un ejemplo. Es urgente una ley para regular la publicidad oficial que transparente gastos y criterios de asignación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló repetidas veces acerca de la relevancia de la cuestión para proteger la igualdad y la libertad de expresión.
El sistema judicial a nivel nacional carece de controles transparentes y eficaces. Por distintos motivos, el Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene entre sus funciones la investigación y sanción de jueces, y el proceso que conduce e incluye Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, han demostrado ser selectivos y partidizados. Es necesario mayor pluralismo, mayor presencia de minorías parlamentarias como contrapesos y mayor rendición de cuentas.
En 2013 se reformó el régimen de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos, volviéndolo más restrictivo y de difícil control. Es necesario restablecer el sistema anterior, que fue vanguardia a nivel mundial en el seguimiento y control de intereses y evolución patrimonial de funcionarios.
Los fondos y actividades de inteligencia han sido fuentes de escándalos: sobresueldos, desvío de la investigación del atentado a la AMIA, coimas en el senado, espionaje interior por parte de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Esta enumeración muestra la necesidad de que las comisiones parlamentarias y los jueces cuenten con instrumentos reales que permitan el control. La discrecionalidad absoluta hace imposible investigar y promueve la corrupción y la impunidad.
Es necesario también mejorar la calidad de información y control del diseño y la ejecución presupuestaria. Es una tarea compleja que incluye muchos desafíos: el proceso de redacción y estimaciones de la ley de presupuesto, las inadecuadas estructuras de gobernanza de los organismos de control, la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación, y la disponibilidad y usabilidad de la información, entre otros.
Los legisladores del próximo período tienen la posibilidad de crear consensos y reformas históricas, con impacto inmediato en la calidad de la democracia. No será simple, nuestras costumbres políticas conspiran contra ese objetivo. Quizá sea la oportunidad para cambiar de hábitos.
*Investigador asociado de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
www.cippec.org @charosky
