La creciente demanda por la inseguridad pública genera el desafío de romper la falsa opción entre tolerancia cero y garantismo.
El reclamo de la sociedad en función de obtener mayor seguridad individual, ha planteado el debate acerca de si la política más adecuada para enfrentar el tema es prevenir el delito o reprimirlo.
Desde la posición “garantista” se sostiene que sin remover las causas que producen el delito es inútil sancionarlo, porque se seguirá reproduciendo.
El discurso que argumenta que depurando la Policía bonaerense se soluciona el problema resulta claramente insuficiente, como lo vienen demostrando las sucesivas purgas y cambios de jefatura, durante más de una década.
La posición contraria argumenta que la sensación de impunidad que tiene el delincuente, al no ser sancionado, aumenta el delito al no tener pena y ésta es la postura que sostuvo el padre de Axel Blumberg desde 2004.
La opción prevención versus represión es, en realidad, falsa.
Una política para enfrentar la inseguridad debe contemplar, por un lado, medidas tendientes a prevenir los delitos actuando con anticipación sobre potenciales delincuentes, pero también requiere una aplicación efectiva de la ley, disminuyendo la sensación del delincuente de que la posibilidad de ser sancionado es mínima o nula.
Es que en la política de seguridad –como en todas las relaciones sociales en el ámbito de un Estado–, la clave es la relación entre la sociedad y la norma.
El creciente incumplimiento o la falta de aplicación de las normas es lo que más incrementa el delito.
Tomando como ejemplo la evasión impositiva, es claro que una política que apunte a prevenirla, sólo logrará evitarla si quien tiene que pagar impuestos llega a la conclusión de que será mayor el costo de no pagar, por la sanción que sufrirá.
Pasando a los accidentes de tránsito –que constituyen un aspecto concreto de la inseguridad– tenemos que en nuestro país están muriendo al año, aproximadamente diez mil personas en ellos, durante los últimos años.
La mitad de estas muertes podrían ser evitadas si se aplicaran las normas de tránsito con “tolerancia cero”, es decir, estrictamente.
Todos los meses mueren en la Argentina más personas en accidentes de tránsito que en toda la guerra de Malvinas y es claro que el incumplimiento y la no aplicación de las normas de tránsito es la causa central de ello.
Las medidas adoptadas en los últimos dos años para hacer cumplir las normas de tránsito, han comenzado a arrojar algunos resultados positivos.
Es así como una política que apunte a mejorar la situación de inseguridad requiere, por un lado, un cambio en la aplicación de la ley y por otro, las modificaciones legislativas necesarias para que estas normas sean más eficaces y efectivas.
La sensación de impunidad resulta clave para el evasor fiscal, para quien incumple normas de tránsito y para quien comete delitos mayores.
Es sobre este aspecto que es necesario actuar.
Cabe señalar que entre 2003 y 2008, la economía creció al 9% anual en promedio, bajando sustancialmente la pobreza y el desempleo.
Pese a ello, no se registró una baja correspondiente en el delito.
Es que, si bien la mejora en las condiciones sociales tendría que impactar en la seguridad, si paralelamente no se avanza en disminuir la sensación de impunidad del delincuente, no se logrará reducir el temor que hoy sufre la sociedad en su conjunto.
Menos del 5% de los delitos que se comenten llegan a proceso judicial y muy pocos de ellos tienen sentencia firme. Es decir que menos del 1% de los delitos que se cometen, llegan a tener un culpable sancionado.
El debate en el mundo desarrollado. En los países desarrollados, seguridad y derechos humanos no son valores antagónicos.
Las fuerzas de centroizquierda europeas, como los demócratas en Estados Unidos, tienen políticas de seguridad que apuntan a resolver el tema con la aplicación estricta de la ley.
Cabe recordar que Clinton en EE.UU. tuvo el apoyo del sindicato de policías y que incluso Kerry durante la campaña presidencial dio gran importancia al tema.
En el caso de los laboristas ingleses, han llegado a aceptar la imputabilidad penal hasta de los menores de 12 años, cuando cometen delitos graves y, en Francia, las políticas de seguridad del Partido Socialista, fueron similares a la tolerancia cero de Giuliani.
En México, se da un caso similar: el candidato presidencial de la izquierda que fue derrotado (López Obrador), alcalde del distrito federal, lanzó en 2005 un plan de seguridad diseñado por Giuliani para enfrentar el problema de la inseguridad en la capital de dicho país.
A su vez, las fuerzas conservadoras tienen políticas para el tema de los derechos humanos.
Tal es el caso de la derecha francesa y el Partido Conservador inglés.
Es decir que seguridad y derechos humanos integran la agenda política tanto de la centroizquierda como de la centroderecha, variando en todo caso, la forma concreta sobre cómo se resuelven los problemas.
En la Argentina, en cambio, seguridad y derechos humanos son presentados como valores antagónicos.
Desde el centro hacia la izquierda, no hay política de seguridad y del centro hacia la derecha, no la hay de derechos humanos.
Es así como en nuestro país, los derechos humanos son un monopolio de la centroizquierda y la seguridad lo es de la centroderecha.
Esto produce varios efectos negativos. Por un lado, ideologiza la discusión de problemas concretos a resolver.
Por ejemplo, el tema de la edad para la imputabilidad penal, tan debatido actualmente.
Para la derecha, se debe bajar la edad y en cambio, para la izquierda, no.
En la realidad, el tema no es la imputabilidad, sino cuál es la pena que corresponde aplicar.
Puede establecerse que hay imputabilidad penal a los 16 años, pero con un sistema de penas que no sean privativas de la libertad inevitablemente y que contribuyan a la reeducación y a evitar que quien haya cometido el delito a esa edad, pueda ser rescatado a tiempo.
Es posible plantear una menor edad de imputabilidad penal, sin por eso cercenar los derechos de los menores.
Pero la discusión ideológica termina impidiendo la solución concreta de los problemas y por eso, superar la incompatibilidad entre seguridad y derechos humanos, no sólo es necesario para una mejor convivencia democrática, sino también para la resolución de problemas concretos que afectan a la sociedad como la creciente inseguridad pública.
Los pobres son quienes más sufren la inseguridad. Si bien América latina tiene un tercio de su población bajo el nivel de pobreza, la inseguridad ciudadana generada por el incremento del delito común en sus diversas manifestaciones, ha pasado a ser la demanda social prioritaria.
Se trata así, de un fenómeno general en América latina.
Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, en 2009, en la Capital y el Gran Buenos Aires, muestra que el 15% de los desempleados ha sufrido algún delito durante el año.
También lo ha padecido el 13% de los excluidos, entendiendo por tales a quienes no tienen obra social y trabajan informalmente o en negro o están desempleados.
Es decir que los sectores más postergados de la sociedad también son víctimas de la inseguridad y por esta razón lo consideran un problema prioritario.
Siguiendo con el caso argentino, cuando una familia de cuatro personas tiene un ingreso menor a 1.056 pesos por mes –la cifra es aproximadamente 50% mayor en los estudios privados–, está bajo el nivel de pobreza.
Un trabajador informal que gana menos de 1.000 pesos y no llega a los 500, se encuentra en el límite de la indigencia o pobreza extrema, pero su problema principal es que no le roben este salario, con el cual subsiste.
Además, los sectores más postergados son también los más desprotegidos en materia de seguridad desde el Estado.
Es así como de los desempleados que han sido víctimas del delito, sólo ha realizado la denuncia el 24% y entre los excluidos, la ha hecho sólo el 30%. En cambio, en el promedio de la sociedad, ha realizado la denuncia el 56%.
El hecho de que desempleados y excluidos –de los primeros el 89% tiene sólo educación primaria completa o incompleta y de los segundos, el 92%– denuncien menos el delito, evidencia que su desprotección es mayor.
Es así como la inseguridad ciudadana se ha transformado en la demanda social más importante en América latina, superando aún al desempleo y la pobreza y ello se explica no sólo por el incremento del problema, sino también por el hecho de que los sectores más postergados son los que se sienten más desprotegidos por parte del Estado, frente a esta amenaza.
Las soluciones no son rápidas ni fáciles. En marzo de 2010, se cumplen seis años de la primera movilización convocada por el padre de Axel Blumberg para reclamar por la inseguridad y la cuestión sigue siendo gran tema de debate en la Argentina.
En la coyuntura, el debate ideológico con el cual hoy son discutidas las posibles soluciones al problema de la inseguridad, sigue conspirando contra la eficacia para enfrentarlo.
Es así como la sociedad exige en forma urgente soluciones a esta problemática, las que parecen demorarse por una combinación de prejuicio ideológico e ineficacia, ya que pareciera que del centro hacia la derecha, se pretende un Estado fuerte en la seguridad y uno débil en la economía, mientras que del centro hacia la izquierda se quiere, en cambio, uno débil en la seguridad y fuerte en la economía.
Además, los constantes cambios de dirección buscando efectos mediáticos de corto plazo, también conspiran contra las soluciones eficaces que dependen, en este campo, mucho más de la aplicación sistemática de rutinas que de gestos espectaculares.
La inflación fue la gran cuestión social en los ochenta, el desempleo lo fue en los noventa y la inseguridad lo ha sido en la primera década del siglo XXI que está finalizando.
Se trata de un problema frente al cual la dirigencia muestra una fuerte incapacidad para dar respuesta al reclamo de la gente. No hay soluciones rápidas ni fáciles.
Las experiencias exitosas en este campo muestran que son las políticas rutinarias aplicadas con constancia a lo largo del tiempo, las que pueden dar resultado y no los golpes de efecto que se intentan en los períodos preelectorales.
Por esta razón, el problema es que un gobernante que se decide a trabajar seriamente para mejorar los niveles de seguridad pública, debe asumir que el éxito de sus medidas probablemente beneficiará a quien lo suceda en el poder y no a él mismo y ello no resulta fácil.
*Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
