Frente a la intención del Gobierno de re-estatizarla, cabe preguntarse por algunas cuestiones centrales de la vida “privada” de Aerolíneas Argentinas.
Primero, ¿de cuánto estamos hablando? Ha sido el propio Gobierno el que contribuyó al vaciamiento de AA y ahora quiere imponer que no hay otra alternativa al Estado para hacerse cargo, tanto del servicio como de la fuente laboral. Es decir, ¿cuánto es la deuda y quienes son los acreedores? Y, a la vez, ¿cuánto es el activo de la empresa?
Segundo, ¿qué hicieron los directores que representando al Estado nacional dirigieron la empresa desde su privatización? Porque aun cuando se le ha consultado al ahora ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en sus esporádicas visitas al Congreso, el funcionario no lo informó, como tampoco ofreció datos actuales de la composición accionaria ya que aseguraba que sólo contaba con información de agosto de 2002. Es fundamental conocer las responsabilidades empresarias y de funcionarios –incluidos los directores del Estado– que no han impedido ni alertado oportunamente sobre la crisis de la empresa.
Tercero, ¿qué características tiene el acuerdo con el grupo Marsans por el control accionario, que en impostado acto se anunció días pasados?
Además, ¿qué pasa con los usuarios y los empleados, los principales damnificados?
De ninguna manera avalaremos otro regalo para “capitalistas amigos” del matrimonio presidencial. Tampoco queremos sorprendernos con que Julio De Vido o Ricardo Jaime se quedan con el manejo. Por el contrario, esperamos que asuman sus responsabilidades en tanto ministro de Infraestructura y secretario de Transporte.
Después del rechazo del Congreso nacional a las retenciones móviles, decisión tomada –por cierto– con plenas potestades constitucionales, pensábamos que los anuncios desatinados iban a ser cosa del pasado.
No estamos para desatinos y menos para “torpezas” de las que nos vayamos a arrepentir. Cuando hablamos de fondos públicos, vida privada es igual a vida pública.
* Senador. Titular de la UCR.