Cuál es la posición política de la oposición y la futura actitud que asumirán en caso de ganar en las próximas elecciones respecto de los juicios a los represores de la dictadura? ¿Qué dicen sobre este tema el radicalismo cobista, el de Ricardo Alfonsín, el Peronismo Federal, PRO, dirigentes como De Narváez, Reutemann, Macri, Carrió, Solá, Binner? ¿Qué es lo que creen intelectuales enfrentados al kirchnerismo y periodistas críticos del poder que debe hacerse en caso de que asuma un nuevo gobierno ante los pedidos de justicia de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Cómo seguir con las centenas de juicios a los acusados de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en los tiempos del Proceso?
¿Qué proponen en relación a la ampliación de los juicios a quienes han perpetrado actos de violencia en tanto pertenecientes a organizaciones armadas como el ERP y Montoneros durante los años setenta?
¿Están a favor de un nuevo indulto como dice Duhalde? ¿O, por el contrario, les aseguran a las asociaciones defensoras de los derechos humanos y a Estela Carlotto, Hebe de Bonafini y otras madres y abuelas de desaparecidos, que sus reivindicaciones y exigencias en materia de justicia y verdad serán mantenidas en caso de asumir un nuevo gobierno?
Hoy en día, nos llega una cascada de acusaciones sobre el uso político que hace este Gobierno de la defensa de los derechos humanos. En realidad, este uso y abuso comenzó con el acto de la Esma en 2004, hace seis años, momentos en que el vigor de las llamadas de atención que se hacen escuchar en la actualidad, apenas se oían con sordina. Más aún, muchos de los espantados de hoy aplaudían aquella conmemoración e inauguración en la casa de torturas, cuando ya era claro para quien quería verlo, la nefasta demagogia de Néstor Kirchner. No se trata, entonces, sólo de denunciar este uso y abuso de la tragedia de la década del setenta con fines de apropiación de espacios de poder y consolidación de intereses corporativos, sino de manifestarse respecto de qué cambios o permanencias deben suceder en el futuro en relación con la política de los derechos humanos.
Intentaré precisar mi posición en este tema tan complejo. A fines de los noventa estaba entusiasmado con la candidatura a presidente de la Nación de Graciela Fernández Meijide. La voté en las internas de la Alianza cuando fue derrotada por Fernando de la Rúa. Era conmovedora su lucha y su disposición a asumir responsabilidades políticas mayores en un escenario de decadencia institucional, corrupción sistemática y frivolidad característicos de los finales de la era menemista. Lo hice público en declaraciones y por escrito. Años después esta adhesión se trasladó a la acción de las abuelas y de Estela Carlotto. Pero hoy mi apoyo no es el mismo, a la vez que sigue siendo el mismo. No creo que sea ésta una confusión personal. La confusión ideológica es un arma aceitada del kirchnerismo y es la epidemia contagiosa de nuestros días. Los Kirchner necesitaban absolutamente a las Madres y Abuelas para legitimarse y presentar un rostro y manos pulidas, tanto adentro como afuera del país. Muchos ciudadanos también necesitaban esta reivindicación moral, para hacer olvidar la historia de un pueblo que en menos de veinte años había aplaudido el derrocamiento de dos presidentes elegidos, votado un par de veces a quien había indultado a los represores y apoyado en las urnas el llamado desguace del Estado.
Esta necesidad funcional a distintos sectores de la ciudadanía y del poder permitió que este escudo moral cubriera a un personal político que avasalla instituciones, que usa todo tipo de medios para concentrar dinero y atribuciones, que se burla de normas y reglas democráticas, que hace negocios corporativos y luego los extiende o anula de acuerdo a sus conveniencias, que genera permanentes odios entre argentinos para fortalecerse, que usa los ideales de una generación inspirada en la Revolución Cubana de hace medio siglo, de su ilusión de crear un hombre nuevo y una sociedad más justa, para calentar corazones y crear culpas tan fáciles de sembrar en una cultura en la que el martirologio ajeno justifica cobardías propias. Hay que asegurarles a las madres y a las abuelas de las víctimas del terror que no necesitan de un gobierno corrupto e inescrupuloso para seguir en la defensa de sus derechos y su búsqueda de culpables. Son los Kirchner y sus acólitos los que necesitan de ellas. Las fuerzas políticas alternativas al poder actual deberían comprometerse a apoyar con los medios jurídicos que establece nuestra constitución en la búsqueda de hijos y nietos, con los juicios a torturadores y criminales de Estado, al tiempo que abre una nueva etapa en la construcción de una verdadera democracia republicana. Es decir con una nueva pedagogía respecto de los usos que debemos hacer de las instituciones para detener el deterioro de la esfera pública, para que haya un control efectivo sobre las acciones de los gobernantes y para eliminar del escenario político a quienes usan el poder para vincularse con sectores financieros, productivos y mediáticos gracias a la conformación de lobbies y asociaciones en beneficio propio. En suma, contra el fraude kirchnerista.
Este gobierno no debe ser una tabla de salvación o la única opción para la búsqueda de la verdad de parte de las víctimas del Proceso.
En lo concerniente a los pedidos de trato equitativo para los derechos de las víctimas de los actos de violencia de las organizaciones guerrilleras, ¿qué posición tener? Desde mi punto de vista habría que hacer un plebiscito y trataré de explicar el por qué de esta distinción respecto de las víctimas del terrorismo de Estado. Desde 1955 hasta 1973, la sociedad argentina vivió bajo un régimen militar. Las mayorías estaban proscriptas. La juventud que se educó en esa época no tenía la posibilidad de bregar por una sociedad más libre y justa con mecanismos garantizados por la Ley y la Constitución. Fue responsabilidad de las fuerzas armadas la militarización de la política nacional. La elección de la vía armada, por parte de un sector de la juventud de la década del setenta, es un hecho subordinado a esta responsabilidad mayor de los uniformados institucionales y sus apoyaturas civiles. No se trata ni de uno ni dos demonios, sino de responsabilidades diferenciadas. Un plebiscito acotará el debate sobre el tema que hace años se sostiene en la sociedad argentina con trampas ideológicas y conveniencias ajenas a la tragedia de aquella época. Se lo hará con un acto democrático vinculante en el que decidirá la mayoría.
Es cierto que las Madres y las Abuelas no tienen por qué tener confianza en la dirigencia política nacional. Su pasado no la favorece. Pero no por la Ley de Obediencia Debida o Punto Final, en momentos en que un Aldo Rico era golpista y con poder de fuego y no, como ahora, un miembro cómodo, bien financiado y sostenido por el PJ, sino por el deterioro de la clase política en su conjunto. De ahí que deba comprometerse públicamente con un documento escrito.
*Filósofo www.tomasabraham.com.ar
