Una de las causas de la autonomización de la ex SIDE, además de la politización de la agencia –producto del uso político que hicieron los distintos gobiernos para operar o encarar conflictos locales–, está en el des-control. La ex SIDE ha sido una agencia históricamente descontrolada. Al igual que el resto de las fuerzas policiales, las agencias de inteligencia nunca fueron objeto de controles internos y, mucho menos, externos. Más aún, si los jueces federales entregaron cheques en blanco a sus agentes, habilitándolos a intervenir en investigaciones judiciales, los legisladores crearon condiciones de posibilidad para dejar hacer-dejar pasar.
El libro Escuchas ilegales de la periodista Clarisa Escolano arroja estos datos: la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización de la ex Secretaría de Inteligencia (SI), presidida por la diputada María Teresa García (FpV) e integrada por casi todos los bloques, “es una de las pocas comisiones que cuenta con presupuesto propio, y el más abultado”. En efecto, en el 2014 contó con 6,6 millones de pesos (5,5 millones en el 2012; 4,4 millones en el 2011). Para este año, de forma previsora, serán 10,6 millones, lo mismo que se terminó ejecutando el año anterior (La Nación, 9/3/2015).
La Comisión se encarga de controlar las actividades y fiscalizar los fondos asignados que, dicho sea de paso, superan ampliamente el dinero que tenía asignado. La ex SI gastó discrecionalmente más de 600 millones de pesos todos los años.
Según supimos por los medios, se trata de una comisión “planchada”, que sólo se reunió una sola vez desde la sanción de la Ley 25.520 en 2001. Puede que el contenido de sus reuniones tenga que guardar secreto, y los legisladores no puedan hablar sobre ninguna cuestión relativa a ella, excepto verter opiniones sobre proyectos legislativos para su reforma, pero su funcionamiento no debería ser disimulado.
Ahora bien, si es cierto que la comisión permaneció inactiva durante todos estos años la pregunta que se impone es la siguiente: ¿por qué tanto dinero para sostener la actividad de una Comisión de Control que no controla? ¿Cuál fue el destino de esos fondos? ¿Harán trabajo de campo los legisladores mediante observación participante? ¿O habrá ido a parar al financiamiento de los distintos bloques que la conforman? Más allá de las respuestas que se esgriman, no nos parece prudente que los legisladores estén exentos de rendir cuentas.
La reforma a la ley en febrero de este año, como ya se dijo, contiene numerosos y sustanciales avances. Ha invertido el principio de transparencia (todas las actividades son públicas y excepcionalmente secretas) y se establece una discriminación entre fondos públicos y reservados, estableciendo explícitamente que la regla general es que los fondos son públicos y la excepción el carácter reservado de los mismos. Esto pone a los legisladores en una mejor situación para hacer su tarea. Pero no dice nada sobre el funcionamiento de la Comisión, no establece un ciclo de seguimiento ni se prevén rutinas concretas de monitoreo permanentes para el control de todos los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional.
Sabemos que los gobiernos pasan y los servicios permanecen. Cambian los funcionarios, sus directores, pero las prácticas que la definen tienden a perpetuarse en el tiempo. Desandar las rutinas secretas y criminales, contrarias a cualquier democracia, implica que se activen distintos mecanismos de control. No basta contar con una buena ley. Sin control parlamentario difícilmente pueda ponerse en crisis el “secreto” que extorsiona la política. Sin activismo parlamentario, la ilegalidad se irá consolidando nuevamente en el seno del Estado de derecho.
*Docente e investigador de la UNQ.
