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SITUACION DE HONDURAS

La democracia: entre la ley y el voto

La situación en Honduras ha vuelto a poner en un primer plano un viejo problema ya conocido en muchas partes del mundo, y en particular en América Latina.

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La situación en Honduras ha vuelto a poner en un primer plano un viejo problema ya conocido en muchas partes del mundo, y en particular en América Latina. Recuerdo que en los años del primer Perón (años de mi infancia y mi adolescencia) circuló una expresión de un político antiperonista que dio bastante que hablar: “La democracia –dijo– es el gobierno de los democráticos, no el gobierno de la mayoría”. A mi modo de ver, esa frase planteó bien un problema: qué ocurre cuando la mayoría vota a gobiernos no democráticos. La solución implicada por el autor de la frase y por otros muchos argentinos –presumiblemente algo menos de la mitad, porque de haber sido mayoría no hubiera existido el problema– fue el golpe militar, el cual ciertamente no calificaba como una respuesta democrática al problema de la democracia; pero ése es otro asunto. El problema estaba planteado, y se plantea en esos mismos términos en nuestros días.

Honduras reactiva el dilema: un presidente electo desafía las reglas democráticas y es depuesto mediante procedimientos no democráticos. Ahora bien, si se piensa que existen procedimientos democráticos para resolver el problema, entonces hay que aceptar que la democracia es algo más que la elección de un gobierno por el voto ciudadano. En Honduras, el presidente depuesto se ampara en la legalidad de su elección y cuestiona la legalidad de su destitución. El sistema interamericano –la OEA y los gobiernos de las naciones miembros–, así como gran parte del mundo, apoyan ese punto de vista. Aplicando la misma doctrina, la OEA está respaldando al presidente Evo Morales en Bolivia y no objeta a Hugo Chávez en Venezuela –aunque sí mantuvo excluida a Cuba del sistema interamericano durante cincuenta años, hasta hace pocas semanas–.

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Al tomar posición de manera tan contundente, exenta de matices, la OEA y la mayoría de las naciones del hemisferio están sentando el principio de que un gobierno es democrático si ha sido votado, se ajuste o no, en el ejercicio de su mandato, a la ley vigente, y reconozca o no esa ley los derechos de las minorías y las libertades públicas y de expresión. Es la idea de que la democracia es algo relativo al voto y no a los derechos de todos.

En los años en que en América latina prevalecían los gobiernos militares, emergió una corriente de opinión que postulaba –en forma igualmente extrema, exenta de matices– un punto de vista opuesto: lo importante no es cómo se elige al gobierno sino que éste se ajuste a la ley. Esa doctrina estuvo en la base de la justificación jurídica de muchos golpes de Estado. Por cierto, resulta difícil encontrar casos de gobiernos de facto que se ajustaron a la ley pero, según aquellos doctrinarios, si los hubiera, deberían ser considerados democráticos.

En la doctrina hoy prevaleciente que pone el acento sólo en el voto –esto es, en la legitimidad de origen– y que quita prioridad a la vigencia de los derechos de todos, no se considera importante el principio de la limitación de los mandatos de los presidentes. Obviamente, tampoco los gobiernos de facto consideraban eso importante; aun en el supuesto de que alguno de ellos se sometiese a las leyes preexistentes, es evidente que podía durar eternamente. El caso es que uno de los puntos más controvertidos alrededor de estos gobiernos de nuestro tiempo que han sido ungidos mediante el voto popular y que no consideran importante respetar las leyes es su recurrente voluntad de reformar las Constituciones para perpetuarse en el poder.

La noción de que lo único que define a un gobierno como democrático es el haber sido votado es extremadamente peligrosa. Tan peligrosa como la noción de que si un gobierno avasalla ciertas leyes existe algún derecho superior al orden jurídico que autoriza a derrocarlo.

En el caso de Honduras, el lúcido político y comentarista salvadoreño Joaquín Villalobos –un ex dirigente de la guerrilla de su país que adoptó plenamente los principios de una democracia más integral– está intentando poner matices en la presente confrontación que la OEA quiere resolver a favor del presidente hasta ahora depuesto. Honduras –dice Villalobos– sufre un problema difícil; ha dado una respuesta desprolija, posiblemente inaceptable, a ese problema; pero el problema existe. Se hace un flaco favor a la causa de la democracia cuando se simplifican los términos del problema y se toman posiciones pasando por alto sus raíces. Son éstas las que requieren respuestas creativas.


*Sociólogo.