Este año estamos ante un récord de femicidios: 44 en solo 41 días, o sea una mujer asesinada por ser mujer cada 23 horas. El año pasado era uno cada 29 horas, un número alto, pero la disminución actual exige revisar la respuesta. Sabemos que la pandemia y las medidas preventivas tuvieron impacto en el aumento de la violencia contra las mujeres en todo el mundo, eso no nos exime de analizar cuidadosamente la situación en nuestro país.
A diferencia de otros países, tenemos una buena ley, una sociedad muy movilizada, un segundo plan bianual de lucha frente a la violencia y desde 2017 el aumento del presupuesto destinado al plan, que este año tuvo un franco incremento. Además, tenemos leyes complementarias de la de Protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, como la ley Micaela de capacitación sobre perspectiva de género a todos los agentes del Estado; la ley Brisa de apoyo económico a huérfanos de mujeres asesinadas que quedan al cuidado de familiares con pocos ingresos, y la ley de patrocinio legal gratuito, entre otras. No todas se están implementando totalmente, pero no carecemos de marcos legales y sus beneficios, a pesar del lento avance en su vigencia. Profundicemos el análisis: estamos retrasados en desnaturalizar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas. Esto requiere la Educación Sexual Integral en todas las escuelas, en todos los ciclos lectivos desde la inicial al universitario, para acabar con los estereotipos de género. Actuar sobre el fundamento del patriarcado que otorga poder a los hombres sobre las mujeres y permite someterlas, es atacar las causas profundas de la violencia. Esto solo no alcanza, se necesitan campañas masivas y focalizadas a determinados públicos, que desnaturalicen la violencia. Esto es algo aún ausente o muy poco desarrollado. El patrocinio gratuito es otro gran ausente.
En la atención y protección de las mujeres que experimentan violencia, persisten deficiencias. La naturalización de la violencia genera la aceptación social, incluidas las mujeres. Se acepta como “normal” que las mujeres reciban formas leves de violencia, recién hay reacción social cuando las matan o sufren lesiones graves. En general esto comparten quienes trabajan en la atención y protección de las agredidas. Si no hay una capacitación que cambie sus valores, que no se limite a transmitir información, actúan en base a ellos y sostienen la impunidad. Esto lo expresan los familiares cuando le dicen que aguante que es nervioso, que tiene problemas; la policía cuando toman la denuncia cree que exagera, que tiene que aguantar, que se le va a pasar; los jueces y el personal judicial que considera la mujer fantasea, que no es tan grave, miran la salud mental y las características de la mujer más que al agresor y sus acciones. No se valora el riesgo de las mujeres, se perdona o castiga levemente a los agresores por atenuantes, se descuida la protección de la mujer aplicando medidas aisladas que no son efectivas, como la restricción perimetral. Muchas de las asesinadas han hecho denuncias, pero no fueron protegidas. La denuncia debe ser una forma de desencadenar la protección efectiva. Esto en general no existe, la mujer concurre a la policía y ésta la eleva y acaba allí su función; la Justicia ante la denuncia rápidamente indica la restricción perimetral, aunque aislada es poco efectiva. El área municipal o provincial trata de ubicar a la mujer, pero si no concurre no sigue adelante. Esto ruta es la más frecuente, aunque hay excepciones. Se suma la lentitud de la Justicia, la falta de acción según nivel de riesgo, la soledad de la mujer ante la reiteración de las amenazas y las múltiples formas de las fuerzas de seguridad, la Justicia y otros actores incluidos los medios masivos de justificar y atenuar la responsabilidad del agresor.
Si no cambiamos esto seguirán muriendo mujeres desprotegidas. El presupuesto solo no alcanza. Gastamos más por superponer acciones y responsables sin adoptar un sistema articulado que supere las divisiones administrativas, jurisdiccionales y políticas. La violencia no las reconoce, debemos superarlas.
El domingo en 50/50 la nota de Fernández Escudero sobre el informe regional de un conjunto de ONG’s y consultoras, dice que en el país 80% reconoce haber padecido violencia laboral contra 50% en Ecuador y 71% en Chile. Hay similitud entre géneros incluida las Lgbtiq+. Sin embargo, hay estudios que muestran las mujeres sufren más que los varones y también las personas no binarias. Entre las olvidadas el acoso de mujeres en gastronomía es llamativo, como la señala Fernández Escudero en 50/50. ¡Cuánto nos falta!, mientras tanto siguen muriendo mujeres.
