El arribo de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuvo sigilosamente lugar el viernes 19 de junio de 2009 en Ginebra, poniendo en evidencia el talante franco y preciso de la flamante diplomacia del presidente Barack Obama. Sucesor en 2006 de la histórica Comisión de Derechos Humanos de la ONU, este Consejo resulta el máximo órgano de Naciones Unidas en la materia, compuesto por 47 Estados elegidos a traves del voto secreto de la Asamblea General de la ONU, que se van rotando anualmente según una distribución equitativa por zonas del planeta. Sus decisiones son inapelables, virtual tribunal supremo de jurisdicción sin fronteras. Estados Unidos, Noruega y Bélgica reemplazan a partir de ahora a Canadá, Alemania y Suiza dentro del grupo occidental que nuclea a la Unión Europea y América del Norte. Por América latina y el Caribe, fueron reelegidos Cuba, Uruguay y México, constituyendo un grupo regional con Bolivia, Nicaragua, Brasil, Chile y Argentina. Lo coordina Colombia, pese a no formar parte del Consejo, aunque participa de los debates, en pie de igualdad con los 192 Estados integrantes de la ONU, habilitada para hacer uso de la palabra, aunque sin voto a la hora de arbitrar.
La irrupción del gigante norteamericano se concretó al cierre de una importante sesión de tres semanas del Consejo, marcada por el deterioro de la hegemonía de los países islámicos, cuyo dominio reinaba en el seno de una corriente fundamentalista, conservadora y tolerante con las violaciones de los derechos humanos, que ha comenzado a fragilizarse progresivamente. Afianzada en Asia, es liderada por sus mentores políticos: Pakistán, Egipto, Argelia e Irán. Venía triunfando asistida por Cuba y Rusia, relativamente influyentes en América latina y el este de Europa. Pero la vuelta de los Estados Unidos al redil reafirma una alternativa forjada en los últimos meses, progresista, democrática y hostil a las violaciones de los derechos humanos. Allí se alinean los países occidentales, Japón, Corea del Sur, la mayoría de los latinoamericanos, emancipados de la influencia nefasta de Cuba, y un buen número de gobiernos africanos que han roto la subordinación para con el integrismo islámico, y resisten a la estrategia imperial y reaccionaria de Africa del Sur en el continente.
Desde su puesta en marcha y bajo la égida musulmana, el Consejo se ha pronunciado por una solución desequilibrada de los conflictos en Oriente Medio, descargando escencialmente sobre Israel las responsabilidades de la guerra en el Líbano y durante los enfretamientos en Palestina. Ha limitado la legítima injerencia que podía ejercer contra los regímenes autoritarios en Corea del Norte, Bielorrusia, Uzbekistán y Turkmenistán, sin olvidar la falta de convicción sobre la universalidad de los derechos humanos para afrontar las crisis en el Congo, Myanmar, Sri Lanka y el Tíbet. Pero intentando sumar a esa deficiente foja de servicios el lavado del genocidio en Darfour, los países islámicos acaban de ser derrotados en su aventura de blanquear los crímenes de lesa humanidad cometidos en Sudán. Perdieron una doble votación el 18 de junio de 2009. Los doblegó una concertación diplomática de la que no fue ajeno Estados Unidos, en las vísperas de su entrada formal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Egipto, portavoz del grupo africano en el Consejo, que congrega 13 de los 47 votos de sus Estados miembros, y álter ego en las circunstancias de los 57 países de la Organización de la Conferencia Islámica dispersos en Asia y en el Movimiento de los No Alineados que encabeza Cuba, propuso aquel día un proyecto de resolución, otorgándole a un inoperante “foro” local dar seguimiento a la situación en Darfour, aboliendo el mandato de la relatora de Naciones Unidas para Sudán, la afgana Sima Samar. Las relatorías y grupos de trabajo en la ONU para derechos humanos son mecanismos de investigación y monitoreo sobre casos específicos, procedimientos que le permiten a la comunidad internacional mantener una vigilancia sobre dichos casos mediante expertos independientes elegidos por el propio Consejo. Son personalidades de moral incuestionable y de formación especializada, que trabajan benévolamente en los temas que se le ecomiendan, ya sean países o problemáticas especiales como la tortura, indígenas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, extrema pobreza o migrantes. La eliminación de Sima Samar significaba que la ONU perdía su observadora en un drama que acusa de limpieza étnica a fuerzas armadas oficiales y milicias paramilitares adictas, las dos de obediencia islámica, por haberse cobrado alrededor de 300 mil víctimas y más de 2,5 millones de desplazados, con el gobierno de Sudán obstinado en salvaguardar la impunidad, presidido por Omar Al-Bashir, objeto de un pedido de captura de la Corte Penal Internacional (CPI).
Las disposiciones en la ONU estipulan que los proyectos de resolución se abordan cronológicamente en orden a la fecha y hora de registro. Y en la eventualidad de que se propongan enmiendas, éstas se votan antes para saber cuál es el texto definitivo que luego se somete al escrutinio. La Unión Europea, cuyo proyecto de resolución quedó inscripto exactamente un minuto después que el africano, planteó entonces enmendar el texto patrocinado por Egipto, que se trataría primero, insistiendo en rescatar la idea del mandato de Sima Samar, que se deseaba voltear, pidiendo nombrar un nuevo experto independiente para Sudán por un año. El diseño era impulsado entre bastidores por los Estados Unidos, al margen de que recién ingresaría públicamente al Consejo al día siguiente. A la enmienda le alcanzaron 20 votos para ganar, 19 en contra y 8 abstenciones. A Egipto se le quebró la retaguardia, sobre todo en Africa, con dos países que votaron a favor, República de Mauricio y Zambia, y otros cuatro que se abstuvieron (Burkina Faso, Ghana, Nigeria y Senegal). La Unión Europea, con un nutrido apoyo latinoamericano de México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, solicitó inmediatamente que el proyecto enmendado se aprobara por consenso. Terco, Egipto insistió en ir a votación y volvió a perder por 20 votos en sostén de la resolución enmendada, 18 en contra y 9 abstenciones, debiendo lamentar el paso de Angola del no a la abstención.
Al bloque islámico le daba coherencia ideológica a la tenacidad en forzar la creación de una norma internacional que castigue la supuesta “difamación de religiones”, velada intención que bajo el rótulo de una generalizada defensa de las religiones, persigue blindar la imposición mundial de las reglas del islam, queriendo acallar a sus opositores. Sabiendo que el derecho internacional no ampara las religiones en tanto creencias sino a los fieles que las profesan en su derecho a practicarlas, y a los agnósticos y ateos, que no les dan crédito, la tentativa buscaba implantar la censura en perjuicio de los autores de escritos o caricaturas críticas del islam, una sutil manera de coartar la libertad de expresión. No obstante, esta reivindicación clave de los países identificados con la fe musulmana se desbarrancó en la reciente Cumbre contra el Racismo celebrada en Ginebra en abril pasado, conocida como Durban II, que dio continuidad al cónclave precedente llevado a cabo en la ciudad sudafricana del mismo nombre en 2001.
En efecto, la declaración proclamada en Ginebra ratifica la libertad de expresión. Dejó en claro que no es tarea de la comunidad internacional defender una religión ni crear un nuevo delito a escala mundial, sino preservar los derechos humanos de las personas, sean o no creyentes. El documento subrayó lo que ya estaba prohibido por los pactos de la ONU, es decir la aberrante apología en que pudiera caer cualquier individuo incitando al odio nacional, racial o religioso, quien debe ser penalizado por la Justicia interna de cada país. Durban II estableció que no hace falta ampliar el arsenal legal internacional, extendiéndolo al presunto fenómeno de la “difamación de religiones”, obligando por efecto cascada a los Estados a promulgar leyes suplementarias, cerrándole así el camino al pretendido principio tendiente a consagrar una falsa infracción. Esa victoria contra el islamismo fue obtenida por una alianza entre los países occidentales, la mayoría de los latinoamericanos y algunos de Africa, casi la misma que acaba de salvar ahora la relatoría de la ONU para Sudán.
La evolución de ciertas condiciones políticas y la remodelación del perfil de algunos actores estatales han modificado el panorama en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Son considerables las desavenencias de Egipto con Hezbollah (Partido de Dios) en el Líbano, y en la Franja de Gaza con Hamas (Movimiento de Resistencia Islámico), ambos fogoneados por Irán, cuya autoridad se ha quebrantado a raíz de las protestas ahogadas en sangre por los resultados de las elecciones presidenciales, insubordinación popular que cuestiona reubicar en sus funciones al fanático antisemita Mahmud Ahmadinejad. No menos relevante es el apaciguamiento de la virulencia diplomática de Pakistán por el agravamiento de su combate intestino contra los talibanes. Tampoco pueden pasar desaparecibidos los serios y persistentes abusos de represión interna sin solución a la vista en Myanmar y Sri Lanka. La rebelión de los Estados africanos solidarios con las víctimas en Darfour también han desgastado a los países islámicos en la escena internacional.
*Desde Ginebra.
