Desde esta columna se ha puntalizado en varias oportunidades que forzar la inclusión en la portada de un anuncio con “gancho” cuando este no está sostenido por adecuada información en la nota correspondiente, conlleva el riesgo de poner en duda su validez. El domingo 30, el título principal de la tapa de PERFIL decía: “Reabren paritarias mes a mes”. Sin duda de ser así, era gran primicia porque las negociaciones entre empresarios y gremios, y estos y el Estado cambiarían su mecánica de manera drástica.
En las páginas 2 y 3, la nota correspondiente saturaba con opiniones sin fuentes identificables (salvo excepciones), y no alcanzaba a aclarar qué se entiende por paritarias mes a mes. Empleaba el término señalando que “algunos (¿) definen incluso como mes a mes”, y lo aclara más adelante citando a uno de los conductores de la CGT, Héctor Daer, en su condición de dirigente del gremio de la Sanidad que –afirmó– debate las paritarias “mes a mes” para laboratorios y droguerías (no para todos sus afiliados), sin que ello implique generalización del método. Se cita en el artículo, también, el acuerdo entre empleados de comercio y empresarios del sector, con aumentos mensuales pactados hasta fin de año, pero en el marco de la paritaria que cerraron días atrás.
Este ombudsman señaló a la conducción de la redacción las incongruencias observadas, con el agregado de un exceso en el empleo de fuentes no identificadas. La respuesta: “Lo hacen sustentable (al informe) los dos casos que se mencionan y explican (droguerías-laboratorios y comercio) con ajustes que se mensualizan, más las declaraciones textuales de Daer que, obvio, no es cualquier dirigente, sobre que se están haciendo las negociaciones salariales ‘mes a mes’”.
No conforman las explicaciones recibidas.
¿Opinión o información? En la misma edición del pasado domingo, una nota de opinión firmada por dos investigadores del Conicet y profesores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) fue incluida en la página 30 como artículo informativo, con el título “Por las coimas en la importación de GNC, el Estado perdió hasta US$ 2.200 millones”. Se trataba (aclaraba la volanta), de un “estudio exclusivo”. En el anuncio de este espacio en la portada, el “hasta” fue eliminado (la pérdida estimada por los autores citaba un máximo de 2.200 millones, pero también un mínimo de 1.096 millones de dólares).
El editor de Economía aceptó que la nota debió ser presentada como columna de opinión y no como nota informativa.
Valor de la palabra. Es imprescindible extremar el cuidado en el empleo de palabras que pueden connotar una calificación que –muy probablemente– no fue pensada así por el editor. Asesinar no es sinónimo de matar: el término será correcto cuando se trate de un homicidio generado en circunstancias particulares, bien definidas por casi todos los tratados sobre derecho penal. El asesinato es la “acción de matar a una persona cuando en ese hecho delictivo concurren determinadas circunstancias de agravación”, señala el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, que agrega: “Equivale a lo que algunas legislaciones, como la argentina, llaman homicidio calificado, que se configura por su comisión alevosa, premeditada o ensañada”. En la página 50 de la edición de ayer, un título al pie refirió un caso que ocupó gran espacio en los medios y las redes por su dramatismo y violencia de género: Soledad Magdalena estranguló a su pareja –quien abusó de ella durante seis meses– cuando esta intentaba violar a su hija. Ni premeditación, ni alevosía ni ensañamiento. El diario tituló: “Liberaron a la mujer que asesinó a su pareja”. Justamente, el juez consideró que el hecho no ameritaba el mantener a la mujer en prisión. El empleo del verbo asesinar fue desafortunado.
