Con el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa Hotesur y Los Sauces –acusados nada menos que de lavado de dinero–, la impunidad y la degradación institucional alcanzaron el pasado viernes niveles preocupantes para cualquier república que se considere bien establecida. Hay en las últimas decisiones de una parte de la Justicia que debe juzgar a la vicepresidenta y sus secuaces una lamentable coincidencia: las acusaciones se caen sin siquiera llegar a juicio. Esto es, sin la culminación del proceso, sin escuchar a los testigos y sin la exposición de pruebas en su contra. Ya había ocurrido en las causas Qunita y Memorándum con Irán. Mucho se ha hablado del plan de impunidad de CFK sistemáticamente negado por sus abogados, allegados y correligionarios; lo cierto es que la realidad viene demostrando que su diseño se viene cumpliendo a rajatabla. “Cristina necesitaba sí o sí evitar este juicio porque, de haberse llevado a cabo, el cúmulo de evidencias en su contra era tal que no hubiera habido ninguna posibilidad de lograr la absolución”, explica una fuente judicial que conoce la causa al dedillo. La ex presidenta en funciones sabe que nunca irá presa. No es esa su preocupación. Lo que la perturba es la existencia de una condena. Amado Boudou logró una reducción del tiempo que pasó preso. Lo que no consiguió –ni conseguirá– es evitar su condición de condenado, es decir, de persona con prontuario. Lo mismo se aplica para Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi. La otra cosa que inquietaba a CFK era la situación de su hija Florencia, que no tiene fueros. Para ella, el destino inevitable era la cárcel.
En la Justicia hay muchos jueces, fiscales y funcionarios honestos. A todos ellos, el bochornoso fallo dividido del Tribunal Oral Federal Número 5, integrado por Adrián Grünberg, Daniel Obligado –que votaron a favor– y Adriana Palliotti –que votó en disidencia y afirmó que “no se advierte la existencia de evidencia alguna con el alcance de ‘prueba nueva’ (...) que pudiera habilitar, siquiera mínimamente, esta vía para arribar a un sobreseimiento”–, deja mal parado a todo el sistema judicial como tal.
El apuro en la emisión del fallo tampoco es casual. El Dr. Grünberg termina su subrogancia la semana que viene y, además, el 10 de diciembre, el Frente de Todos contra Todos perderá su supremacía en el Senado, lo cual echa por tierra el sueño de la reforma judicial pro impunidad anhelada por CFK.
El fallo pone en jaque la credibilidad del Poder Judicial. Esta es la verdadera dimensión del significado del veredicto de los camaristas Grünberg y Obligado. Y eso tiene consecuencias nocivas para la consolidación del concepto republicano que rige la vida institucional de nuestro país. Cuando la Justicia consagra la impunidad, el ordenamiento social se ve alterado. Si la decencia y la indecencia dan lo mismo, la corrupción finalmente triunfa. Nadie crea que se puede combatir la pobreza en los lugares donde el delito se impone. Los países con más altos niveles de decencia de sus funcionarios son los países donde hay mayor igualdad social. La corrupción en el poder y la pobreza van de la mano. Donde impera la corrupción, la ley no vale nada. Es lo que estamos viendo en muchas zonas de la Argentina.
En las últimas decisiones de la justicia sobre CFK las acusaciones no llegan a juicio
La vicepresidenta ya tenía conocimiento de este fallo cuando el pasado miércoles por la noche reapareció por primera vez –luego de su operación y del silencio poselectoral– en el brindis de despedida de los senadores que concluyen su mandato. En el encuentro –de carácter privado– no dejó definiciones políticas pero se la vio distendida y de muy buen humor, algo no habitual en ella. En rigor a la verdad, quien interprete su ausencia mediática como un repliegue se equivoca. CFK está activa y sigue de cerca todas las actividades de gobierno con ojo crítico y mano lista para volantear; desde la negociación con el FMI hasta la llamada ley de envases que, de aprobarse el proyecto, funcionará en la práctica como una nueva caja para las organizaciones sociales.
En su conferencia de prensa del viernes la señora portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, teorizó sobre los logros del Gobierno y la “flamante” situación del país para justificar la medida restrictiva para quienes no pueden cancelar el saldo de sus viajes al exterior en un pago y optan –u optaban– por hacerlo en cuotas. Según Cerruti todo está tan bien que el nuevo cepo al turismo es necesario. Veamos sus palabras de manera textual para que se entienda un poco mejor lo inentendible: “Es una disposición del Banco Central que es momentánea y puntual, que se refiere a algo absolutamente específico y que tiene que ver con este proceso de crecimiento y reactivación económica en el que estamos, muy fuerte. Han visto las cifras de esta semana de reactivación del consumo, del turismo interno, de las pymes, de la actividad económica”. El kirchnerismo cree que todo es relato y mentira. La medida que tomó el Banco Central tiene una sola explicación: faltan dólares, el acuerdo con el FMI es todavía incierto y hay temor a lo que pueda suceder en el mercado cambiario.
Todas estas cosas ya sucedieron en el pasado. Es la larga y permanente involución de la Argentina que tanto duele.
Producción periodística: Santiago Serra.
