La política necesita plata: los partidos políticos deben generar propuestas competitivas, darlas a conocer y promocionar a sus candidatos. Y los ciudadanos tienen el derecho de emitir un voto informado. Todo ese circuito necesita dinero. Esta es la primera lección que debemos extraer de las imágenes del ex secretario de Obras Públicas José López entrando bolsos con dinero a un convento en plena madrugada. Hasta ahora, antes que reconocer que hacer política siempre requiere recursos, preferíamos que los inevitables vínculos entre el dinero y la política ocurrieran en la informalidad.
Con López entendimos que esa opción es muy cara: facilita la captura de la política pública por parte del poder económico, alienta la corrupción como fuente de financiamiento y genera el riesgo de atraer dinero del delito organizado.
La segunda lección, asociada a la anterior, es que no sólo la política necesita plata, sino que hay que facilitársela. Hay que poner plata en la alcancía de la política, y hay que hacerlo de manera tal que esos recursos obliguen a la política a rendir cuenta de ellos: la transparencia, si no es una vocación, debe ser un costo.
No es que falten reglas: en la ley nacional hay límites a las donaciones que los partidos pueden recibir, límites a lo que se puede gastar, está prohibido que las empresas aporten para la campaña y hacer actos proselitistas fuera de las semanas anteriores a la elección. El problema central es que en la práctica el financiamiento de la política opera en la más completa informalidad: la mayor parte del dinero se recibe y se gasta en efectivo sin registro de su origen ni de su destino; la inconsistencia entre los gastos que se declaran y las acciones de campaña es escandalosa; y la falta de reglas en las provincias facilita la evasión de la ley nacional. Esto se vio claro en las elecciones de 2015: se estima que los tres principales candidatos a presidente gastaron mil millones de pesos en su campaña, pero la ley les permitía gastar 172 millones, y finalmente dijeron haber gastado entre 38 y 92 millones de pesos. Como escribió Samuel Issacharoff, asesor en financiamiento de campañas de Barack Obama que nos visitará estos días, el dinero en la política sigue las reglas de la hidráulica. Donde le ponés una barrera, encuentra canales alternativos para escurrirse. Por eso es fundamental que salga a la luz pública.
La reforma política que el Congreso está empezando a discutir es la gran oportunidad que tenemos los ciudadanos para exigir transparencia en la manera en que se financia la política. Hay cinco medidas concretas que generarían un gran cambio en el sistema: prohibir los aportes en efectivo; permitir los aportes de empresas con montos máximos y evitando los conflictos de interés; establecer límites más estrictos al uso de recursos públicos con fines proselitistas; monitorear los gastos de campaña e incorporar sanciones que afecten las carreras políticas y no sean sólo multas.
Faltan tres años y meses para la próxima elección presidencial. La reforma política que está a punto de discutirse en el Congreso es una oportunidad única para que salgamos del círculo vicioso del vale todo. Para eso hay que lograr que el dinero que se usa en política sea trazable y se declare. Eso requiere romper con la idea de que el problema en Argentina es que hay que reducir lo que se gasta en política y esconderlo. Una política profesionalizada y equitativa cuesta dinero. Pero dinero de orígenes lícitos, sin grandes asimetrías entre oficialismos y oposiciones y sin una influencia del sector privado que condicione la política pública.
*Directora ejecutiva de Cippec y miembro de Argentina Elige.
**Coordinadora del Programa de Instituciones Políticas de Cippec.
