Políticas públicas para evitar el aborto? Larguísimo plazo. Las muertes en la clandestinidad son un presente que no pesa en los hombros de los “talibanes de las dos vidas” negadores de la implicancia de una postura blindada por un sistema de representatividad anacrónico.
Los votos necesarios para elegir a un diputado en la Cámara baja varían por provincias, y algunas llegan a elegir a uno con la vigésima parte de votos que otras. La justificación es que la baja población del interior las dejaría sin representantes y sin plasmar sus intereses a nivel nacional.
El resultado es un sistema de distribución territorial de soberanía popular sesgado, que bajo la razón de la protección del interés federal subrepresenta a millones en las provincias más pobladas con grandes áreas metropolitanas, donde una experiencia social expansiva, un aporte mayor al PBN, menor precarización y mayor nivel educativo, permiten inferir decisiones no más “calificadas”, aunque sí más informadas como Córdoba o Buenos Aires.
A pesar de esto, la cantidad desigual de diputados por provincia bastó para preservar un mínimo de voluntad popular real, y para el sí a la ley. Pero en senadores, con un número fijo, la sobrerrepresentación de las menos pobladas (que votaron abrumadoramente por el No), es descomunal: 350 mil ciudadanos jujeños representados por tres senadores tuvieron el mismo poder de fuego político que 15 millones de bonaerenses representados por... tres senadores.
Aquí no cabe la defensa del Senado como vehículo del interés provincial, porque su función comporta el debate nacional de intereses y problemas de las provincias, ligados a temas impositivos, o de coparticipación, no a asuntos de salud pública o filosóficos de interés nacional. Al poder escamoteado por un sistema político que lo mediatiza se sumó la transversalidad en los posicionamientos de uno y otro lado que no figuraban en el contrato electoral tácito previo suscripto entre los representantes y sus bases: los votos por el no franquearon “la grieta”, sin distinguir entre “Montescos y Capuletos”, pesando en los senadores cuestiones personales de principios, religiosas e ideológicas, aunque no político-partidarias.
Un mapa visibiliza más que mil palabras: la totalidad de países desarrollados coinciden “calcados” con los de interrupción voluntaria. Irlanda lo hizo con un referéndum que cambió una enmienda constitucional de 1983. Fiana Fáil, la oposición, garantizó que sus ediles, partidarios del No, “no se interpondrán en el camino del pueblo”. Alemania limita el poder de veto del Bundesrat (Senado) solo a leyes federales que afecten directamente los intereses de los Landers (leyes de conformidad). Para el resto (leyes de objeción), la Cámara baja tiene facultad de revocar por mayoría un evento al rechazo. Mucho que aprender en Argentina.
No se puede llevar ahora una ley entera a referéndum, pero sería atinado en pos de recuperar la soberanía popular negada plebiscitar sus aspectos significativos para dejar en claro el anhelo de las mayorías exponiendo y responsabilizando a quienes lo subordinan a sus principios personales.
En muchos países desarrollados el número de senadores varía por territorio. En Francia y Alemania lo hacen, aun con baja desigualdad regional y hasta metropolización del hinterland que aseguran una distribución de población más pareja.
Cuando la legalidad se da a expensas de una legitimidad a la que diluye con un sistema de representación vetusto que perpetúa artificialmente la influencia de actores de nula contribución a la riqueza nacional y al cambio social, en geografías postergadas donde alfabetización y desnutrición se conjugan en presente, y el poder político es a la vez poder económico, la democracia es la primera baja. Porque las sociedades devienen rehenes de intereses particulares que en nombre de un federalismo mal entendido y abstracto la distraen de la procura del bien común, y de objetivos mayores de desarrollo económico e igualdad.
*Geógrafo UBA, UNY.
