El próximo 4 de junio se cumplirán setenta años de la Revolución de los Coroneles. El golpe derrocó a un poder civil a cargo de los últimos vestigios de un régimen que gobernaba el país desde 1930, representando una alianza cívica-militar conservadora en lo político pero liberal en lo económico y sostenida por fraude electoral. Comienza así un proceso de cambio nacionalista, estatista y populista, apoyado por una nueva generación militar (pro nazi-fascista y antinorteamericana), por una clase obrera en aumento y un nuevo empresariado proteccionista. Pero con el triunfo de los aliados en marzo del 45, la oposición, conformada por una creciente clase media (base del partido radical), por residuos oligárquicos y por militares “liberales” y pro-aliados, exige al gobierno de facto una posición pro-aliados y la realización inmediata de elecciones: las que Perón gana en febrero del ‘46 por una estrecha diferencia.
Perón instala la primera democracia populista en América latina, pudiendo realizar sus reformas sociales gracias al auge y estado solvente de la economía y las finanzas del país. Sus reformas para la “justicia social” beneficiaron merecidamente a los trabajadores y una amplia población marginada y desposeída, secuela de un capitalismo con pocas reglas y una oligarquía terrateniente conservadora y sin conciencia social. Ese sector popular quedó eternamente agradecido y le dio mayoría electoral cada vez que el peronismo fue a elecciones.
Bajo el lema “independencia económica y soberanía política”, el gobierno se embarcó en lo que el historiador H.S. Ferns llama “agitación nacionalista y antiimperialista.” Con las grandes reservas el gobierno nacionalizó el Banco Central; compró los ferrocarriles a precios mayores de los que estaban valuados; adquirió el sistema de telecomunicaciones y de producción de gas y energía eléctrica; creó empresas navales y aéreas, industrias de acero y de aeronáutica y expandió la empresa de Fabricaciones Militares. También estableció el IAPI para fijar los precios de las exportaciones y controlar la entrada y salida de divisas. Crece la inversión y la producción sustitutiva de importaciones, así como el empleo y el consumo. Se “rescata” así al Estado pero se sientan las bases del nefasto Estado “burocrático autoritario”, usado luego por gobiernos militares para reprimir.
Para fines de la década bajan los precios de las “commodities” debido al proteccionismo europeo; las inversiones y créditos internacionales se dirigen a la recuperación europea. El país agota sus reservas y paga más por los insumos industriales, los combustibles y por los pocos créditos que consigue. Se cubre la falta de divisas e inversiones con emisión monetaria, déficit fiscal y deuda pública, control de cambios e importaciones. Se acaba así en la descapitalización y desinversión, en la baja de la producción y en el aumento del desempleo y la inflación. Con ello crece el descontento y la oposición política al régimen.
Pero Perón no entendía los límites de la mayoría electoral ni el rol de la oposición o los contrapesos y división de poderes en la democracia. La oposición era vende-patria y golpista, y había que destruirla. Por ello reaccionó con autoritarismo y el montaje del “Estado policial,” según Floria y Belsunce, incluyendo la persecución y la represión política. En el Congreso, el peronismo sanciona a legisladores de la oposición y pasa leyes contra “actividades antiargentinas” en las fuerzas armadas, la Iglesia y la “oligarquía”. En 1949 el peronismo reforma la Constitución para permitir su reelección, y “purga” la Corte Suprema con un juicio amañado y la reconstituye con jueces afines. El gobierno hostigó a periodistas, cerró y confiscó estaciones de radio y periódicos como La Vanguardia y La Prensa, y buscó “depurar” las facultades de Derecho, entre otras, y el sistema educativo de profesores y estudiantes opositores.
El estatismo y el autoritarismo de Perón polarizó a la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas. Para 1949 ya se avizoraba lo que Floria y Belsunce llaman la “resistencia civil”. Ese año el país entró en una crisis política-económica, que se repitió en el 52 y culminó trágicamente en 1955 con la Revolución Libertadora, cuyo acérrimo antiperonismo dividió aun más la cultura política argentina.
La historia no se repite, pero esta experiencia histórica de aciertos en lo social y errores en lo político y económico tampoco se debe olvidar.
*Ph.D. Profesor en la Universidad de Georgetown.
