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COLUMNISTAS / GARANTISMO O MANO DURA
domingo 5 enero, 2020

La seguridad en disputa

Al derogar la “doctrina Chocobar”, el Gobierno mostró que tiene agenda propia ante una de las principales demandas de la sociedad.

por Carlos De Angelis

Patricia Darth Vader. Foto: Pablo Temes
domingo 5 enero, 2020

En este principio de gobierno de Alberto Fernández los principales titulares periodísticos y preocupaciones ciudadanas están centrados en las novedades económicas, y en particular si los aumentos de salarios alcanzarán para recomponer los ingresos familiares frente al abrumador aumento de los precios.

Volver. No obstante, si se lograra encarrilar mínimamente algunas variables de la economía, por ejemplo, bajar la alta inflación, muy probablemente la cuestión de la seguridad ciudadana volverá a ocupar el lugar central de los debates. El problema dista de ser nuevo, estando presente con diversos niveles de intensidad desde la restauración de la democracia, y tiene relevancia política: desde aquellas marchas encabezadas por Juan Carlos Blumberg en 2004: una nueva derecha se fue gestando en el país con el eje central de la seguridad, incluso preexistente al macrismo.   

La inseguridad fue la principal preocupación en las encuestas durante la larga década kirchnerista, pero inexplicadamente caía al tercer o cuarto puesto durante los cuatro años de Macri, remplazada por “inflación”, “salario” y “desempleo”. Este cambio de perspectiva no puede explicarse por claras mejoras en las siempre nebulosas estadísticas de victimización; para explicarlo se deben dilucidar otras causas: la primera hipótesis (obvia) es que el declive de la economía reorientó la percepción social, pero también puede preguntarse si una menor presencia de noticias policiales (aunque fluctuante) puede haber contribuido a un cambio de agenda. Un tercer elemento para la interpretación de este cambio en la opinión pública fue la importancia dada por el gobierno de Macri a la cuestión de la seguridad al menos en sus aspectos comunicacionales. Por lejos, la ex ministra Patricia Bullrich fue quien más tiempo estuvo presente en los medios tanto oficialistas como opositores, para el elogio o la crítica. Se transformó en un clásico la quema de drogas incautadas o la explosión de búnkeres de narcotraficantes (y también los memes respectivos). No por casualidad, Bullrich fue la ministra más conocida de la anterior gestión y, como curiosidad, era quien tenía la imagen más positiva y negativa al mismo tiempo. En otras palabras, no se prestaba a la indiferencia.

Doctrinas. La gestión de seguridad que Bullrich buscó instalar quedó cristalizada tras el caso de Luis Chocobar, el policía que mató en diciembre de 2017 a un joven de 18 años que se escapaba tras apuñalar en un asalto a un turista estadounidense en La Boca. Este episodio fue fuertemente discutido y la sociedad se dividió entre quienes justificaban al policía y quienes lo criticaban. Tras el apoyo a ese efectivo por parte de Bullrich y Macri, ese tipo de accionar fue nombrado como “doctrina Chocobar”, que, en pocas palabras, significó el aval político a los integrantes de las fuerzas de seguridad incluso ante actuaciones poco claras.

Taser. A raíz de esto se introdujeron cambios de los protocolos policiales para poder realizar disparos letales frente a cualquier “peligro inminente” incluso sin dar la voz de alto. Otros cambios impulsados por Bullrich fue la utilización de las armas no letales Taser; la creación de un Servicio Cívico Voluntario, una actividad que apuntaba a ocupar a jóvenes a cargo de Gendarmería; y la autorización a la policía para pedir documentos de identidad en las estaciones de trenes. El protocolo, así como las demás medidas señaladas, fue derogado por el gobierno de Alberto Fernández y su ministra del área, Sabrina Frederic, el día de Nochebuena. Las nuevas indicaciones señalan que “solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”, como señala el decreto del 24 de diciembre.

Antropología del garantismo. Las discusiones sobre la actuación del gobierno de Fernández en materia de seguridad serán ásperas y formarán el core central del posmacrismo. Las críticas comenzaron cuestionando la formación en antropología de la ministra Frederic. Más allá de las falacias, la discusión central es cómo armonizar una seguridad democrática que asegure los derechos de los ciudadanos con la eficacia de la lucha con la delincuencia en contextos de alta complejidad social. Hoy el debate parece atrapado entre la dicotomía del garantismo o el punitivismo (mano dura), bajo las ideas poco prácticas de que el primero asegura los derechos humanos y que el segundo soluciona el problema en forma inmediata.

Apocalípticos o desintegrados. Una pregunta posible es si se puede esperar un país “seguro” con más de una tercera parte de la población viviendo en condiciones de pobreza e indigencia estructural. Es claro que no hay una relación lineal entre pobreza y delincuencia, sería imposible vivir en Argentina si esto fuera así, además de la existencia del delito en sectores medios y altos (habitualmente romantizado). Pero no se puede dejar de observar que situaciones de pobreza crónica llevan a ciertos sectores a vivir en la marginalidad, por fuera de las normas. En los marcos de vidas sin chances de integración y sin empleo muchos jóvenes son atraídos por las redes del narcotráfico y de las bandas más organizadas. En términos generales un arrebatador de celulares en vía pública (un delito en ascenso) encuentra un lugar para venderlo por unos pocos pesos.  

Del ni ni al sí sí. Sacar a los niños y jóvenes de las situaciones de marginalidad parece ser el camino más productivo para reducir la delincuencia, pero es claro que solo funciona para el largo plazo, quedando el interrogante sobre cómo actuar sobre quienes ya se han volcado al delito, cuando las cárceles (en parte también romantizadas) sin presupuesto o programas de reinserción profundizan la segregación.

Durante el kirchnerismo pareció instalarse la idea de que al gobierno no le preocupaba la cuestión, coronada con la frase “sensación de inseguridad”; en cambio, el macrismo hizo de la lucha contra el delito una de sus banderas, sin reparar en sus causas. Frente a ambas experiencias, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de construir una nueva narrativa y formas de atender el problema y sus causas.

 

*Sociólogo (@cfdeangelis).


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