Pasaron apenas unos días de la asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández, pero ya ha pasado mucha agua bajo el puente. Atrás quedaron los festejos y las novedades, para ingresar rápidamente en la ardua tarea de gobernar la Argentina.
Máxima velocidad. El debut estuvo centrado en la ley de “Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, la discutida normativa de 84 artículos que abordó una gran cantidad de temas, desde la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días, hasta modificaciones en el sistema tributario (retenciones, bienes personales, impuesto a las compras con tarjeta en dólares), pasando por el congelamiento de las tarifas de luz y gas, beneficios para las pymes, entre otras muchas otras medidas. La ley fue muy negociada con la oposición y el paraoficialismo lavagnista, y se pudo destrabar en la Cámara de Diputados tras 19 horas de sesión con numerosos cambios que alivianaron algunos alcances de la norma, en especial el retiro del artículo que permitía la intervención del Ejecutivo en los organismos descentralizados. Más sencillo fue el trámite en el Senado, a punto tal que la mayor atención se centró en la gestualidad de Cristina Kirchner en su nuevo rol de presidir la cámara Alta.
Más allá de los contenidos y las controversias que seguirá generando la ley cuando se desplieguen sus efectos, surge la duda de por qué Fernández hace esta extensa y variopinta propuesta, cuando podría haber planteado al menos cinco leyes diferentes y todas podrían haber entrado en el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. Se pueden trazar al menos tres hipótesis, que no son mutuamente excluyentes: la explicación más extendida y plausible es que se eligió dar todas las noticias (buenas y malas) juntas en el momento en que el Gobierno dispone del mayor poder potencial: no bien se asume. Un motivo subsidiario de esta explicación es mostrar un presidente activo, saliendo del piloto automático que Macri impuso a su gobierno entre el pedido de auxilio al FMI en mayo de 2018 y la derrota en las PASO, en septiembre de 2019. Se trata, por lo tanto, de una ofensiva política, que busca despejar la x en la ecuación de la gobernabilidad. Una segunda razón de peso es expresada directamente en el artículo 2 de la ley que busca “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”. En otras palabras, hay que blindar las cuentas públicas para sentarse a negociar con el FMI y luego con los acreedores privados; ergo, se debe asegurar el superávit fiscal. Un posible tercer motivo es menos visible, pero la amplia ley podría apuntar a neutralizar una posible traducción de la crisis económica (estanflación) y social (alta pobreza) al formato de la calle, casi una tradición de algunos diciembres argentinos.
Debates y combates. La discusión sobre la ley se centró en dos de las palabras del título. Quienes defienden la normativa se plantan en la “solidaridad” y la necesidad de que quienes más tienen colaboren con los más necesitados. Quienes se oponen a la ley se plantan en la idea de “emergencia”, porque implica que el Congreso le delegue facultades al Ejecutivo (Carrió ya dijo que se autorizaba una dictadura por seis meses). La discordia (esperable) en la discusión se tornó muy áspera con la diferencia de que el discurso legítimo cambió entre las dos posiciones irreductibles, la narrativa del mérito planteada por el macrismo hoy pasa a ser subordinada, la centralidad ahora pasa por lo solidario. Curiosamente, en las redes sociales las discusiones más agrias se dieron entre el kirchnerismo y la izquierda.
Uno de los problemas de la ley en los aspectos comunicacionales es que los cambios de la actualización de los haberes jubilatorios subsumió todo el demás articulado. Es claro que las cajas jubilatorias se han vuelto un problema para la Tesorería del Estado, aunque es imposible plantearlo abiertamente. Pero la suspensión de los efectos de la ley de movilidad jubilatoria (que tantos problemas le había causado al gobierno anterior para modificarla), por dos bonos (no remunerativos) de 5 mil pesos para los haberes mínimos, trajo numerosos problemas para su legitimación, y tiñó todos los demás aspectos de la megaley, incluso en aspectos donde el Gobierno podría haber obtenido un neto rédito político, por ejemplo, las facilidades planteadas para la resurrección del agonizante mundo pyme.
Quejas y demandas. En este marco pos ley, se comienza a pedir que la “clase política” también sea solidaria con quienes van a aportar para enderezar las arcas del Estado, por ejemplo, con el pedido de una reducción severa de los sueldos y gastos de representación de funcionarios, legisladores y jueces, y con quienes aún tienen altas jubilaciones y no se verían afectados por la normativa o no pagan impuesto a las ganancias. Estas quejas tuvieron una respuesta inmediata por parte de Alberto Fernández que lo llevó a informar vía Twitter su decisión de ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para tratar de un proyecto de ley para “terminar con las jubilaciones de privilegio”, tales sus palabras escritas en la red social. Desde 2001 circula en Argentina un discurso antipolítico que acuñó el lema “que se vayan todos”. A partir de ahí y con distintas intensidades, la antipolítica siguió presente, a punto tal que Macri se presentó en 2015 diciendo que venía de afuera de la política. Hoy, frente al nuevo panorama, con una sociedad mucho más impaciente tras años de achicamiento de los ingresos de las familias, aquel sentimiento parece comenzar a recrudecer.
Finalmente, quedan dos elementos que no surgen con claridad en el actual escenario económico. Uno es cómo detener la acuciante inflación, de modo que no se devore el tenue aumento a los jubilados y la tarjeta alimentaria de los más pobres. El otro elemento es cómo lograr la reactivación económica, parte del título de la ley: ¿alcanza con tener un gobierno proconsumo popular?
*Sociólogo (@cfdeangelis)
