La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en sesión extraordinaria el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Alberto Fernández que declara la emergencia pública en nueve áreas del Estado. El debate comenzó a las 15 de este jueves y se extendió durante toda la madrugada del viernes 20 de deiciembre: pasadas las 6.30, el proyecto recogió 134 votos a favor, 110 en contra y no tuvo abstenciones. Tras la aprobación, cuarto intermedio mediante, se realizó la votación en particular de los artículos.
La iniciativa tuvo el apoyo total del Frente de Todos, que sumó además los respaldos de los interbloques Federal (encabezado por Eduardo “Bali” Bucca) y Unidad Federal para el Desarrollo (de José Luis Ramón). Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda habían anticipado su rechazo en la previa, y sus bloques tampoco aportaron al quórum, que se logró con el número justo de 129.
El proyecto Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública será enviado al Senado, que se reuniría en sesiones extraordinarias este viernes 20 de diciembre para dar sanción a la normativa en pos de su entrada en vigor antes de fin de año.
El presidente Alberto Fernández, entre tanto, había sugerido al presidente del interbloque oficialista de diputados, Máximo Kirchner, "mejorar la ley que se está tratando". "Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal", dijo Fernández en las redes sociales, momentos antes del comienzo de la sesión.
"Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos", dijo el mandatario. "Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal". Agregó que el Frente de Todos contaba "con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión" pero que "queremos construir confianza entre todos y todas y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros".
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El debate: 'Solidaridad' vs 'Superpoderes' y 'ajuste'
El diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller, quien juró en su banca este jueves en reemplazo de Juan Cabandié, defendió el proyecto y enfatizó que "el escenario recibido plantea urgencias" que hay que atender. "En materia financiera, los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. El anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal como estaba contraída era imposible de pagar", indicó.
Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, señaló que el proyecto "convoca a todos y todas a construir esa nueva unidad basada en la solidaridad" y advirtió: "Es difícil pensar que quienes han gobernado el país estos cuatro años puedan eludir la responsabilidad por esta emergencia económica, social y financiera". "Estamos acá porque nos dejaron con un 40% de pobreza", remarcó el oficialista Marcos Cleri, a su turno, tras lo cual aseguró que "esta emergencia que va a delegar facultades es por un período determinado, es un año, y con el control que el Congreso va a tener que realizar".
Los diputados de Juntos por el Cambio hicieron hincapié en la idea de que el proyecto impone un "ajuste" y cuestionó sobre todo la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, herramienta conocida popularmente como "superpoderes". El jefe del interbloque opositor, Mario Negri, anticipó mediante un comunicado los ejes centrales de su discurso de cierre y afirmó que "el Gobierno busca un ajuste equivalente al 2% del PBI con este proyecto, pero no lo dice e intenta disfrazarlo".
"Para no perjudicar a los jubilados deben dejar la fórmula que está o proponer otra en reemplazo, lo que no pueden hacer es suspender todo y llevarse la facultad de aumentarles o no", alertó, en referencia a la polémica por la suspensión de la Ley de Movilidad.
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Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), advirtió que la iniciativa en debate apunta a que el Poder Ejecutivo acapare "la suma del poder público". "Por supuesto que hay una crisis social y económica importante, pero eso no amerita cerrar la Constitución Nacional y darle la suma del poder público al presidente. Nosotros queremos ayudar al gobierno, pero no nos pidan que traicionemos a nuestro 41%, al electorado que votó muy dividido y que no les dio la suma del poder público", completó el santafesino.
De la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro justificó su rechazo al proyecto en que "más que ley de solidaridad social y reactivación productiva, es de plenos poderes para que el Ejecutivo haga lo que quiera". Y adelantó: "No vamos a acompañar una mayor carga tributaria para sectores de la sociedad, ningún tipo de quita del nivel adquisitivo de nuestros jubilados".
A su turno, el opositor Pablo Tonelli también apuntó contra la delegación de facultades al señalar que "no tiene sentido volver a insistir con una herramienta que además de ser una anomalía constitucional, ha fracasado". Por su parte, el mendocino Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, sostuvo que es un "aumento fuerte de impuestos contra el sector productivo y la clase media", y con autocrítica agregó: "Clase media que lamentablemente durante nuestro gobierno sufrió un ajuste, pero ahora insisten en castigarla".
Estos son los puntos clave del proyecto de ley:
- El proyecto declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 en nueve áreas del Estado: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
- Propone la creación de un nuevo impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que grava por los próximos cinco años un 30% la compra de divisas extranjeras y el consumo de bienes o servicios en el exterior, como la compra de billetes aéreos.
- Establece un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para la compra de dólares para atesoramiento (con el límite de 200 dólares mensuales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años.
- Mantiene en vigencia la decisión de la administración anterior de limitar a 200 dólares por mes la compra para atesoramiento de las personas físicas. El 70% de lo recaudado a través de esta iniciativa se destinará a la seguridad social, mientras el 30% restante se dedicará a obras de vivienda e infraestructura.
- Suspende por seis meses el esquema de aumento tarifario de los servicios públicos, así como la fórmula con la que se calculaban los aumentos de las jubilaciones, que consistía en una ecuación que tomaba en cuenta los salarios y la inflación a partes iguales.
- Contempla otorgar 5.000 pesos en diciembre y enero a los jubilados que cobran la pensión mínima, sin detrimento de otros aumentos trimestrales que dispondrá el Poder Ejecutivo.
- Se suspende por seis meses la Ley de Movilidad sancionada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial). Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo.
- Suspende, en paralelo, la rebaja a las contribuciones patronales prevista a partir del año que viene, de modo que los empleadores del sector servicios pagarán un aporte del 20,4%, siempre que sus ventas superen los 48 millones de pesos anuales, mientras que el resto del sector privado pagará 18%.
- Faculta al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%. Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.
- Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS). También habilita al Gobierno a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020". A su vez, se faculta al Gobierno a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.
- Habilita al Poder Ejecutivo a "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina", para lo que se pone a disposición del Gobierno 4.571 millones de dólares del Banco Central.
D.S./F.F.
