Días atrás, los dichos de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), fueron discriminatorios y propios de un personaje que necesita una y otra vez apuntar a un adversario, identificarlo y repudiarlo violentamente. En esta oportunidad, distinguir a un “enemigo italiano mafioso” parece responder a un móvil más que conveniente: victimizarse para poder justificar sus presuntos ilícitos que proliferan con pausa.
Lo apropiado sería, que, si la actual vicepresidenta tiene pruebas contra la “mafiosa familia Macri”, que las presente, y que espere los tiempos judiciales, como se espera hace años los tiempos de una Justicia extremadamente vacilante, para dirimir si sus hijos y ella son inocentes, frente a las múltiples causas de corrupción que se les imputan.
¿No es absolutamente impropio de una vicepresidenta de la Nación apuntar contra una comunidad con el fin de volver a enfrentarse a su mayor contrincante político? Las últimas manifestaciones discriminatorias de Cristina afirman literalmente que los italianos son mafiosos “por herencia genética”, en alusión a los antepasados del ex presidente, que, según CFK, acosó sin piedad a su familia. Fue así como, el pasado sábado 8 de febrero, Cristina pronunciaba en la Feria del Libro de la Habana en Cuba, que el “lawfare” o guerra jurídica en Argentina, “tuvo un componente mafioso” y agregó que “debe ser por los ancestros de quien fuera presidente”, en alusión a Mauricio Macri.
¿No es desopilante culpar a “la mafia italiana” de los males que aquejan a su familia, en vez de rendir cuentas sobre diez procesamientos confirmados, más de la mitad ya pasados a juicio oral? ¿Y no es miserable y absolutamente discriminador inferir que la mafia le pertenece a la nacionalidad italiana?
Cristina responsabiliza a una Justicia (“no legítima”) que investigó e investiga numerosas causas que la comprometen, que la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita en torno a la obra pública. En el marco de estos presuntos delitos, la actual vicepresidenta fue procesada por asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, por las causas Hotesur y Los Sauces. Frente a estas dos causas, sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner deberían ir a juicio oral junto a la actual vicepresidenta.
La inmobiliaria Los Sauces conformó unas de las primeras empresas constituidas por el matrimonio Kirchner en 2006. No tenía sede social ni empleados. Solo figuraban en los documentos pertinentes, el jardinero de los Kirchner y Florencia Kirchner. Máximo Kirchner, fue declarado director y dueño del 32,5% del total de las acciones, mientras Florencia Kirchner, participó con el 22,5% de las acciones, y tras la muerte de su padre ingresó a la firma con poder de decisión en la empresa. Respecto a Hotesur, se investiga a la familia Kirchner, que facturaba millones de dólares mientras no ingresaban pasajeros al hotel, por factores climáticos que impedían absolutamente el acceso al lugar. Estas transferencias de dinero sospechoso, podrían incluir los 4,6 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía guardados en dos cajas de seguridad en la casa matriz del Banco Galicia en la CABA. Por su parte, Florencia es dueña del 50% de las acciones de Hotesur SA.
Si la actual vicepresidenta y sus dos hijos rinden cuentas sobre los acontecimientos sucedidos en torno a las polémicas causas que se investigan, tal vez puedan demostrar su inocencia. Si en lugar de rendir cuentas, los italianos son los culpables de todos los males que aquejan a su familia, y esto se manifiesta literal e impunemente, debería sumarse otra causa hacia la vicepresidenta, la de rendir cuentas ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
La familia Macri puede ser corrupta y puede ser investigada como lo demanda Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto que sí, pero no por ser italiana, por supuesto que no.
Por último, la actual titular del Inadi, Victoria Donda ¿sancionará los irrespetuosos agravios hacia un colectivo, pronunciados por xenófobos “nacionales y populares”?
*Politóloga y Profesora (UBA).
