El gobierno de Mauricio Macri está pronto a pasar a su segundo mes. Rápidamente van quedando atrás los globos de colores, los festejos y la revolución de la alegría para avanzar en el gris barroso de la gestión diaria, donde las dificultades brotan como géiseres. La sociedad espera ver logros palpables y rápidos; si no, el castigo llegará en dos años.
La sociedad argentina no se maneja con estructuras ideológicas rígidas. Por el contrario, las sucesivas crisis económicas le han enseñado a ser una muy pragmática, “ver para creer” parece ser su lema.
El kirchnerismo en sus años de gobierno recorrió un camino inverso a los deseos de la sociedad, desde un productor de acciones hasta un rígido enunciador discursivo. El modelo económico de los dos primeros períodos mostró su agotamiento días después de la segunda asunción de Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo que imponer el cepo cambiario (y no lo pudo sacar nunca más).
El cepo significó muchas cosas, entre ellas el bloqueo de las principales fuerzas productivas de la economía, y que el Estado no puede reemplazar. Cristina habló en aquellos días de la “sintonía fina”, pero la referencia fue abandonada para continuar mecánicamente con la política anterior. Pero la libreta de almacenero de Néstor Kirchner ya no estaba.
A partir de esos días se multiplicó la construcción de una armadura ideológica para sostener el modelo. La ideología es un conjunto de ideas articuladas que simplifican la interpretación del mundo y dan claves para enfrentar cualquier situación. Una estructura ideológica puede incluso crear espejismos, como pensar que el kirchnerismo podía ganar una elección con cualquier candidato y en cualquier condición. La realidad mostró lo contrario; parte de la sociedad, la clase media en particular, decidió dar la espalda a una retórica que evaluaba sin contenidos. Mauricio Macri capitalizó este divorcio.
Sin embargo, la cosa no es sencilla para el macrismo. El sistema político está diseñado para otorgarle estabilidad y limitar el surgimiento de outsiders. Dos puntos clave son el escalonamiento de la elección de los legisladores y la inamovilidad de los miembros de la Corte Suprema. Nadie puede tener “un buen día” y gobernar con los tres poderes del Estado de su lado.
La elección presidencial de 2015 se pareció más a una legislativa que a una ejecutiva por la dispersión entre tres candidatos: Scioli, Macri y Massa, lo que evidenció una debilidad estructural de Cambiemos que venía desde antes. El PRO no presentó candidato presidencial en 2011, y en 2013 obtuvo 12 diputados y tres senadores, contra 47 y 14 del kirchnerismo. En las elecciones generales de 2015 Macri salió segundo con el 34%, y en las legislativas Cambiemos obtuvo 90 diputados y 16 senadores contra 107 y 45, respectivamente, del FPV. El sistema de ballottage puede ser una trampa mortal si el resultado es un presidente sin legislatura.
Argentina se enfrenta a un dilema único del cual se habla poco: ¿cómo se gobierna con el Congreso de otro color?, ¿se puede gobernar a fuerza de decretos? Evidentemente sí. ¿Es viable a largo plazo? Muy posiblemente no, o sí, pero a un alto costo político, con desgaste y conflicto.
Dificultades. Esto no se resuelve rápidamente; con las composiciones actuales de ambas cámaras, Cambiemos necesitaría ganar dos elecciones consecutivas con buen margen para tener mayoría en Diputados y un razonable bloque de senadores. Por este motivo, es probable que Macri en el mediano plazo tenga que ampliar su gobierno a uno de coalición incorporando a Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Esto le permitiría incrementar el bloque parlamentario, y evitar los desgranamientos de las elecciones de medio término. También buscará quebrar al peronismo, para tener un bloque (aunque sea pequeño) como aliado.
Sin embargo, hoy por hoy, entre el acuerdo y el conflicto con el peronismo, Macri eligió el conflicto. Su Ley de Ministerios, que se suele considerar como una prerrogativa del Poder Ejecutivo, podría haber sido aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso, sin mayores contratiempos. Se eligió la vía del decreto de necesidad y urgencia porque el “huevo de la serpiente” estaba en el nuevo Ministerio de Comunicaciones.
Una de las batallas más importantes que da el nuevo gobierno, utilizando el irrecuperable tiempo de oro que le otorga la sociedad en su momento inicial, es derribar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que promulgó el kirchnerismo en 2009, y que nunca pudo ser aplicada en su totalidad merced a la resistencia por parte del Grupo Clarín.
Aquella ley, vista desde hoy, resultó un calvario para el gobierno saliente, desnudando algunas de sus limitaciones. En este sentido, se puede recordar como emblemático el día 7D como el día de los festejos de un triunfo sobre la corporación mediática que nunca llegó.
La otra batalla de menor envergadura política que da el macrismo pero de gran relevancia pública (y de mayor notoriedad) son los cambios en los medios públicos. Una de las estrategias del gobierno anterior fue convertir unos medios estatales casi abandonados en espacios atractivos con novedosa programación, pero también en tribunas de defensa de las acciones del gobierno.
“Deskirchnerizar” estos medios parece ser el norte del macrismo, expresado desde la gentileza de Hernán Lombardi. Sin embargo, la “deskirchnerización” del Estado es una idea peligrosa no sólo porque supone que se puede expulsar personas por sus ideas políticas, sino también porque da legitimidad a la revancha a futuro.
La fortaleza del macrismo frente a la sociedad pasa por generar las condiciones de grandes cambios que Argentina precisa. Cómo afrontar un Estado permeado por intereses particulares; cómo gestionar la megaprovincia de Buenos Aires, que es más grande que Italia; y sobre todo, cómo se van a desarrollar dos propuestas centrales en la campaña de Macri: el Plan Belgrano, para desarrollar el norte del país, y el plan Pobreza Cero, que cada día se vuelve más imperativo que nunca.
*Sociólogo, analista político
(@cfdeangelis).
