El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana una ley ómnibus, que incluye el presupuesto de gastos del gobierno federal hasta septiembre (en que comienza el año presupuestario 2009/2010) por US$ 410 mil millones. Incluye cuatro medidas vinculadas a las relaciones con Cuba: permite viajar todos los años y no una vez cada tres, como ocurría anteriormente; habilita a gastar en Cuba hasta US$ 175 por día, y no sólo US$ 75, como sucedía con la legislación previa; amplía la categoría de “familiares” a los que envian remesas, que abarca ahora incluso parientes lejanos; por último, las exportaciones estadounidenses no deberán pagarse por adelantado, ni tampoco se requerirán permisos especiales para la promoción y venta de productos agrícolas y farmacéuticos.
Estas disposiciones indican que el gobierno de Barack Obama coloca el acento en la intensificación de los vínculos entre la comunidad cubano-norteamericana y la isla. Es una política demográfica, de dimensión transnacional o, para ser más estrictos, transcubana. Hay 1.100.000 cubanos en el exterior (10% de la población); 79,6% está en Estados Unidos. Los cubanos que emigraron a suelo estadounidense lo hicieron sobre todo entre 1959 y 1963. Era la clase media y la clase alta, que optó por el éxodo cuando el régimen se volcó al “marxismo-leninismo” y nacionalizó la estructura económica. Es un sector de elite por su nivel de educación, calificación y recursos; se integró rápidamente a la sociedad norteamericana; y participó de las actividades empresarias, educativas y políticas, tanto en el plano nacional como estatal de Florida y Nueva Jersey.
Esta comunidad envía remesas por US$ 1.000 millones anuales a través de canales formales; la cifra real duplica, o quizá triplica, las sumas oficiales.El próximo paso de esta transferencia de capitales es cuando las remesas se transforman de dádivas unilaterales a relaciones de negocios. Más del 70% de esas remesas son parcialmente ahorradas, o se utilizan en pequeños negocios, en su mayoría informales. El régimen legalizó el autoempleo en 1998; y en un año, 208 mil cubanos se registraron como “trabajadores autoempleados”.
Raúl Castro asumió el gobierno de Cuba en 2006, tras el retiro por enfermedad de Fidel Castro, eje del sistema y fuente excluyente de las decisiones desde 1959. En ese período, Fidel fue la única fuente de decisión política en Cuba, y utilizó a las instituciones de la isla –el Partido Comunista o el Ejército (FAR)– como “canales de transmisión” de su voluntad carismática.
La estructura económica que creó Fidel, totalmente nacionalizada, tuvo vigencia a través del subsidio soviético (US$ 3 mil millones anuales desde 1964 a 1991). Su productividad fue nula o negativa, y el empleo, carente de contenido económico, recibió un subsidio disfrazado de salario muy bajo, pero generalizado, además de servicios sociales, vivienda y educación, de carácter gratuito. En esos años, Cuba experimentó una revolución social, que cambió irreversiblemente el carácter de la sociedad cubana, a través de la incorporación de los campesinos (guajiros) y la comunidad negra.
El sistema experimentó un colapso por el fin del subsidio soviético provocado por la implosión de la URSS (1991). Fue el “período especial”: el PBI cayó 40% entre 1991 y 1993; y la mayor parte de las fábricas cerró por falta de insumos, de mercado y de energía. El régimen se mantuvo por el carisma de Fidel Castro y la legitimidad raigal del “líder máximo”. Además, Fidel volcó parcialmente el sistema al capitalismo, buscó la inversión extranjera y creó una economía bimonetaria (dolarizada).
La reforma que impulsa Raúl Castro se muestra paralizada. En China (1978) y en Vietnam (1986) las transformaciones comenzaron con la liberación de la producción campesina; y sobre esa base se buscó luego la inversión transnacional.
La producción agrícola en Cuba es 11% del PBI; y la mitad de las zonas fértiles son inutilizables por la inacción burocrática de las empresas estatales, según señaló Raúl. La economía cubana actual es un gigantesco mercado negro, donde se transan y se transfieren bienes de propiedad del Estado. Si no hay “salarios” por su desvinculación de la actividad productiva, tampoco existe, en un sentido estricto, “trabajo” entendido como componente de la acumulación.
Si la estructura económica es “sistémicamente inviable”, Cuba tiene, al mismo tiempo, 800 mil profesionales, muchos de alto nivel de calificación.
Quizás no haya en Cuba un sector socioeconómico capaz de fundar el proceso de reformas; aunque es probable que aparezca en la dimensión transnacional que vincula a la comunidad cubano-americana con los receptores de sus remesas a la isla.
