La incertidumbre por la era Trump que comienza se siente en tierra mexicana. Más que el muro y la retórica despectiva del magnate multimillonario hacia el vecino país del sur, hay tres medidas que, de cumplirse, comprometerían la delicada situación de México. En primer lugar, el pretendido giro proteccionista que Trump pretende para Estados Unidos significaría un golpe importante al sector manufacturero mexicano. Este representa un tercio de su PBI y absorbe casi un cuarto de su mano de obra. La industria automotriz y las ensambladoras de bienes electrónicos y línea blanca exportan mayormente sus bienes al mercado estadounidense. Según reza una de las máximas trumpeteanas del Make America Great Again, quienes quieran obtener ganancias en Estados Unidos deberán generar trabajo allí. Para ello, una de las estrategias de la nueva administración republicana consistirá en gravar impositivamente los bienes manufacturados que se importen. En los hechos ello implicará un fuerte desincentivo para los capitales que invierten en México.
En segundo lugar, también dentro de la pretendida estrategia proteccionista se planea implementar un gravamen impositivo a las remesas en dólares que salen de Estados Unidos hacia diversos países. Los envíos de dólares de mexicanos residentes en suelo estadounidense rondan los 300 mensuales. Según diversas estimaciones, en 2016 esa cifra significó el ingreso a México de 28 mil millones de dólares, un volumen de ingresos más alto que el que percibe por la exportación de petróleo.
Como si ya el panorama no fuera lo suficientemente desalentador, la tercera medida que se evalúa desde la nueva gestión comandada por el magnate Trump implicaría la deportación de suelo estadounidense de todos los residentes indocumentados. Para el caso de México, la cuota que le corresponde es de aproximadamente 5 millones de personas. Un flujo humano de estas características es un problema en cualquier latitud, pero en la convulsionada frontera mexicana lo es aún más.
Se espera que el narcotráfico y la trata de personas se vean beneficiados de alguna manera por esta situación. La contención de este afluente de personas, que se fueron de México en busca de mejores condiciones de vida, ante la falta de oportunidades reales, se espera que provenga en diverso grado y forma de la robusta economía mexicana de la narcocriminalidad.
Estas tres medidas, de llevarse a cabo, se darían en un México ya de por si convulsionado por la violencia desmedida que vive desde hace una década cuando en cooperación con Estados Unidos el entonces presidente Calderón puso en marcha la iniciativa Mérida. En los hechos significó una guerra frontal al narcotráfico que no terminó con las drogas, pero sí dejó un saldo estimado a la fecha de 150 mil muertos. Como si ello no bastara, se le debe agregar en lo que va de las primeras semanas de 2017 una crisis política y social derivada del incremento del combustible. En lo económico, todos estos sucesos se manifiestan en el aumento del dólar, devaluando el peso mexicano.
Poseedores de una historia política tumultuosa, los mexicanos saben por experiencia propia que todo outsider de un sistema político, cuando gana, lo hace sin deberle nada a nadie. Tal parece ser el caso de Donald Trump. De allí que no son pocos los mexicanos que creen que sus promesas no han sido sólo una estratagema electoral, sino un anuncio de lo que iría a hacer. Sólo resta saber en qué grado se cumplirán. Sea cual fuere la magnitud de estas medidas, el panorama no es alentador para México.
*Desde Tijuana.
Politólogo. Universidad Nacional de Rosario.
