Mi deseo en materia económica para el año que comienza es que la Argentina encuentre nuevamente el rumbo para traer cierta tranquilidad a sus ciudadanos. Lamentablemente, en las últimas décadas, la inestabilidad, los shocks y las crisis no han sido la excepción sino más bien la regla.
Pese a la magnitud de los desequilibrios económicos, Cristina tiene en 2014 una última oportunidad para evitar un colapso de envergadura. De lograrlo, esto significaría que en doce años de gobierno del matrimonio Kirchner no hubo crisis económica aguda. Otra cuestión es si realmente se aprovechó la oportunidad histórica que brindó el notable contexto internacional para implementar una estrategia de desarrollo sustentable.
Para evitar un escenario disruptivo, 2014 tiene que ser el año de la “buena” política económica. Las máximas autoridades deberán tomar decisiones e implementar medidas que muestren consistencia para empezar a solucionar los complejos problemas del país. Trazar una hoja de ruta con líneas claras de acción será clave para encauzar las expectativas de los agentes.
Los desequilibrios acumulados son graves. Entre ellos destacan: inflación elevada, persistente y creciente; cuellos de botella en sectores clave como infraestructura y energía; escasez de inversión por elevada incertidumbre, continuo cambio de reglas y falta de financiamiento; atraso cambiario, con fuerte caída de reservas y surgimiento de un mercado paralelo; y un abultado déficit fiscal, financiado con emisión en un contexto de presión tributaria récord.
A diferencia de otros años, el margen de maniobra se ha acotado significativamente. Las disrupciones sociales (saqueos ante el acuartelamiento de las policías provinciales y protestas por falta de luz) de fines de 2013 muestran que la fragilidad excede claramente a la economía. Pese al gasto público récord, la sociedad sufrió la ausencia del Estado en la provisión de bienes públicos básicos, confirmando que una presión tributaria récord no garantiza “mejor” Estado.
Es por ello que hacer más de lo mismo, seguir aplicando parches y no atacar las causas originales de los problemas ya no garantiza una transición económica sin sobresaltos. Es tiempo de hacer política económica consistente.
Se requiere una intervención precisa, enmarcada en una secuencia lógica de acciones que surja de una visión realista de los problemas de la Argentina. En la medida que se coordinen los frentes de acción, se tengan en cuenta las interacciones de las diversas variables económicas, se comunique correctamente el accionar estatal y se conozcan los posibles desvíos o puntos débiles del plan, la política económica ganará en efectividad.
Apelando a la metáfora de la medicina, el paciente necesita primero un buen médico clínico que tenga un diagnóstico claro de la enfermedad para después empezar un tratamiento que incluye la participación ordenada de diversos especialistas.
Un plan consistente, sin improvisación, pero con mucha coordinación, requiere respaldo político, pero también funcionarios idóneos. El cambio de autoridades de mediados de noviembre oxigenó al Gabinete, lo dotó de mayor coordinación y consistencia (un gobernador como jefe de Gabinete, un economista al frente del Ministerio de Economía y un banquero presidiendo el BCRA). Además, hubo cambios discursivos (acercamiento a los mercados financieros) y algunas acciones concretas que poco tiempo atrás hubiesen sido reprobadas por el oficialismo.
¿Significa este cambio la existencia de un plan económico consistente? ¿O simplemente que el Ejecutivo está implementando parches de mejor calidad pero que no impedirán que la rueda termine desinflándose?
A poco más de un mes del recambio de autoridades económicas, el logro más destacable es cierta estabilización de las reservas del Central y la reducción de la brecha cambiaria gracias a la mayor intervención en el contado con liquidación y la apertura de dos canales legales de venta de divisas (dólar bolsa y turista).
De todas formas, no queda claro aún si estos resultados son sostenibles en el tiempo. A diferencia de un salto discreto del tipo de cambio oficial, aplicar todos los días una devaluación manteniendo baja la tasa de interés induce a los agentes económicos a posponer la liquidación de exportaciones, a adelantar importaciones y a cancelar deuda en moneda extranjera, profundizando la demanda de divisas.
Un ingreso estable de capitales puede financiar en el corto plazo esta estrategia, pero a un costo creciente. Por caso, el BCRA tuvo que dar a las cerealeras una tasa de interés del 35 al 40% para que liquidaran sus divisas.
Asimismo, la estrategia de vender bonos en el contado con liquidación tiene como límite el stock de títulos en poder de la Anses y el BCRA. Además, en la medida que el déficit fiscal siga aumentando y sea financiado con emisión monetaria, se volcarán más pesos en la economía profundizando las tensiones cambiarias e inflacionarias existentes.
En cuanto al atraso cambiario, el Ejecutivo aceleró la depreciación en cuotas del peso para mejorar el Tipo de Cambio Real (TCR), pero no implementó otras medidas tendientes a moderar sus efectos sobre la inflación (operó sobre el numerador, pero no sobre el denominador del TCR).
Lamentablemente, la inflación a fines de 2013 se acerca más al 3% mensual que al 2% registrado a lo largo del año. En el afán de mostrarse activo, el Ministerio de Economía anunció anticipadamente un nuevo acuerdo de precios para 2014 induciendo ajustes precautorios de los comerciantes que agravaron la situación. Sin anclas nominales, al Ejecutivo sólo le queda acotar la suba de los salarios sacrificando el consumo, motor del crecimiento en los últimos años.
Dado que implementar una política económica consistente en el actual contexto implica afrontar elevados costos políticos, sería deseable que se genere consenso con el resto de las fuerzas políticas. Esto implicaría una mayor apertura al diálogo por parte del oficialismo y una oposición constructiva a la hora de encauzar los problemas económicos existentes.
Si como conjunto no logramos garantizar la estabilidad económica, no será posible enfrentar desafíos estructurales como el progresivo desarme del tejido social producto de los fuertes cimbronazos de las últimas décadas. Recuperar una sociedad inclusiva no sólo requiere crecimiento sostenido, sino también políticas de Estado consistentes que perduren más allá del signo político del Ejecutivo
