Boudou actuó como un ladrón de gallinas. Núñez Carmona y Vandenbroele, otro tanto. Pero los Ciccone son un exponente histórico de quienes hacen negocios con el Estado siendo partícipes necesarios de la corrupción de los políticos. Sin privados que paguen coimas, en dinero, participaciones o acciones, no habría corrupción. Sobre esa idea se debe basar un mani pulite argentino, para lo cual, como bien recomendó su artífice en Italia, el ex fiscal Antonio Di Pietro, hay que cambiar la ley de contabilidad y crear la figura del arrepentido para poder llegar con pruebas al funcionario corrupto siguiendo la ruta del dinero. Que en este caso no es sólo el dinero de Moneta en The Old Fund, sino, primero, el 70% de las acciones de Ciccone Calcográfica.
El juez Lijo, en una primera fase de la investigación, no puso el foco en los aportes de Moneta a The Old Fund, porque para poder procesar a Boudou por cohecho pasivo, o sea, recibir coimas, precisaba detenerse antes del ingreso de Moneta en la trama, ya que la coima se perfeccionaba con la entrega del 70% de las acciones de los Ciccone a Boudou a través de sus testaferros: Núñez Carmona y Vandenbroele.
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Los Ciccone no eran víctimas, como trató de mostrar en sus apariciones en los medios uno de los procesados, Guillermo Reinwick, yerno del fundador de Ciccone. La suya era una empresa quebrada, con una deuda con la AFIP mayor que sus activos, por lo que se podría decir que ya era del Estado, su principal acreedor. Los Ciccone debieron ser cómplices de Boudou y sus representantes para que ellos se quedaran con el 70%, y los Ciccone con el 30%, de algo que pasaba a valer sólo si el Estado lo perdía.
Siempre el dinero sale del Estado, siempre un privado triangula para que un funcionario cobre lo que juntos le sacan al Estado. Por eso las mayores máquinas de hacer dinero no son las impresoras de Ciccone sino, entre otras, las tragamonedas de Cristóbal López, las de las concesiones de obra pública de Lázaro Báez y Electroingeniería, o la importación de energía que pasa por Julio De Vido. Siempre es dinero que el Estado pierde, una parte del cual se la queda un funcionario y otra un privado, que es su pantalla.
Para que el procesamiento de Boudou sea el comienzo de una serie de condenas por casos de corrupción que generen un punto de inflexión en la historia de la política argentina y cambie para siempre su matriz de financiamiento, como espera la mayoría de la sociedad, según lo indica la encuesta que publica hoy PERFIL, hay que prestar atención a que los Ciccone están procesados, lo que marcaría el camino de futuros casos por venir. No es casual que, tras su procesamiento, los abogados de Ciccone ahora terminen coincidiendo con los de Boudou, con quienes hasta hace muy poco estaban enfrentados, acusando al juez Lijo de errores procesales.
Antonio Di Pietro, después de los consejos que formuló en el reportaje que le hizo PERFIL hace dos semanas, tras la indagatoria a Boudou, aceptó ahora una invitación de este diario para viajar a la Argentina en septiembre próximo y aquí exponer en diferentes foros su propia experiencia como fiscal anticorrupción de Italia, para colaborar en la que deberemos desarrollar los propios argentinos, con nuestras particularidades.
Pero hay puntos en común: sin privados no hay corrupción, y es sobre ellos donde la Justicia puede penetrar más contundentemente. Además de una nueva ley de contabilidad, como propone Di Pietro, y una ley del arrepentido, por la que quien pagó coima confiese y –a cambio de incriminar al funcionario en cuestión– vea su responsabilidad aminorada, y quien haya recibido coima tenga una pena menor a cambio de devolver el dinero cobrado e incriminar a su contraparte privada, hará falta también una ley de imprescriptibilidad de los actos de corrupción o un plazo mayor de prescriptibilidad, dado el tiempo que demora la Justicia argentina en resolver estos asuntos.
La imprescriptibilidad suena a delitos de lesa humanidad, asociación que también se hace cuando se habla de una Conadep de la corrupción. Pero, más allá de las enormes diferencias entre ambas situaciones, siendo fiscal del tribunal internacional de La Haya, Moreno Ocampo sostenía que todas las veces que le tocó enfrentar genocidios, el caso arquetípico de los delitos de lesa humanidad, siempre descubría algún trasfondo económico de corrupción que sostenía financieramente a los genocidas o a sus aliados y hacía posible su accionar.
Entender el trasfondo económico y las verdaderas rutas del dinero en los casos de corrupción será vital para desanudar esta madeja, lo que permitirá atacar la matrix de la corrupción: siempre son privados que hacen dinero con el Estado. Es sobre el enriquecimiento exponencial de los privados que le venden al Estado u obtienen beneficios de él donde se encuentra el inicio de las investigaciones.
La Justicia tiene la principal responsabilidad porque ninguna clase política se juzga a sí misma, y el mejor ejemplo es que Boudou ni aun procesado termina siendo removido de su cargo en el Congreso por “disciplina partidaria” de los diputados y senadores oficialistas. Y están dadas las condiciones porque, como bien recordó ayer el integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi, “no hay ninguna posibilidad” de que ese organismo inicie un juicio político contra Lijo ni juez alguno que investigue y procese a funcionarios públicos porque “los representantes kirchneristas en el Consejo no tienen los votos suficientes para tomar represalias”.
Pero también hay una responsabilidad de los medios. Ayer Lanata agradeció el acompañamiento que sus investigaciones iniciales tuvieron de periodistas de los diarios La Nación, con especial mención a Alconada Mon, y de PERFIL. Es cierto, ningún medio puede solo, y cada vez podrá menos por efecto de la microsegmentación de las audiencias. Por eso, en retrospectiva, vale observar que si el caso Skanska hubiera tenido el mismo acompañamiento de los medios que tuvo el de Boudou, la Argentina se podría haber ahorrado prolongar un período presidencial más de un ciclo político que ya se había cumplido.
