A veces hay hechos trágicos que, por su dimensión, exteriorizan problemas que emergen en silencio. En un país con escasa tradición atlética con proyección internacional, Braian Toledo (26) había logrado destacarse en su especialidad de lanzamiento de jabalina. Un lomo de burro recientemente instalado por la Municipalidad de Marcos Paz en una ruta provincial que él conocía terminó llevándolo a la muerte. La Dirección Nacional de Vialidad los prohibió en 2002 por Resolución 422/02 pero, como el control del tránsito está en una laguna legal, cada provincia o cada municipio puede establecer normas para “mejorar” la seguridad vial.
La economía argentina está plagada de “lomos de burro”: regulaciones de discutida legalidad diseñadas para dar seguridad y fluidez al comercio y la producción o promover la equidad distributiva. A veces los debates, que oxigenan el ambiente democrático, se concentran en las herramientas para alcanzar los mismos objetivos. Otras, acerca de las prioridades en el establecimiento de dichas metas. Pero muchas veces, en el diseño de “sociedad” a la que se quiere orientar.
Desde su asunción, el Gobierno ha asentado los fundamentos de su política económica en tres pilares, aunque sus acciones diarias parecen no orientarse en la misma dirección. El primero es el de dar una solución al agobio de la deuda pública externa. El segundo es el de reactivar la economía (“poner a la Argentina de pie”) y el tercero es el de ocuparse más por los que menos tienen. Las intenciones están, las proclamaciones también y los métodos ya han sido elegidos. Los resultados aún están por verse. En parte por el poco tiempo transcurrido, pero también porque quizás alguna luz de alerta en el tablero indica que el camino elegido o el timing no son adecuados.
La llave maestra para aunar estos tres criterios fundantes y distintivos de la política económica albertista es la del crecimiento económico: permite escapar del laberinto argentino por arriba y por eso está permanentemente invocado. Pero la sintonía diaria del Gobierno ¿apunta a ello o coloca obstáculos aún sin proponérselo? Un episodio reciente es un claro ejemplo de esta disputa conceptual: la Inspección de Personas Jurídicas, mediante la Resolución 06/2020, suspendió por 180 días las facilidades de la ley de SAS y levantó polvareda en la asociación que nuclea a los emprendedores, ASEA, siempre sospechada, como otros unicornios nacionales, de haberse favorecido por la cosmovisión macrista. La disputa con los bonistas privados en la dura renegociación de la deuda, mucho menos permeable que los acuerdos políticos con los organismos internacionales, acerca al país a un estado de paria financiero. La independencia de los circuitos financieros globales se podría hacer realidad ya que será nulo el crédito voluntario, por lo que el salto cualitativo de las inversiones deberían hacerlo un Estado que seguirá en rojo hasta el fin del mandato, las corrientes inversoras de las casas matrices, en el caso de las multinacionales localizadas en el país, o el capital que pueda aportar el inmenso universo de las pymes, que son las mayores demandantes de empleo y generadoras de actividad. Y por lo tanto su capilaridad es mucho mayor y con ello su apalancamiento distributivo.
Es probable que, si se los consultara, cualquier emprendedor o empresario pyme establecido pediría, antes que nada, que la mejor contribución a que pueda realizar su trabajo fuera que lo liberaran de los obstáculos que se colocaron en su actividad diaria supuestamente para mejorar su trabajo. ¿Es realista pedir que el Estado no los desplace en la poca oferta de crédito, o que se autolimite impositivamente, asegure reglas más claras y no ponga en la misma bolsa normativa el trabajo para una multinacional que para una micropyme? La respuesta, como en la seguridad vial, no está en si debe existir un control de parte de la autoridad sino en la respuesta ofrecida. A veces lo más fácil no es lo mejor.
