Fue con aviso. Desde la recta final de la asunción al mando, el presidente electo dijo una y otra vez que arreglar el tema de la deuda iba a ser una prioridad para su gestión. La explicación se asentaba en un fuerte supuesto: la economía argentina, de obvios síntomas de estanflación, no podía crecer nuevamente si no tenía el horizonte allanado en su relación con sus acreedores.
En el medio de la estrategia que se anunciaba como planificada cuidadosamente, a pesar de la endeblez demostrada en la no transición entre los gobiernos nacionales saliente y entrante, pasaron cosas: vencimientos de pago de deudas que redujeron a lo terrenal el discurso hilado, cuyo argumento central era que las obligaciones de la deuda heredada agobian la economía argentina, ansiosa de ponerse de pie, finalmente. Escuchar a un ministro de Economía o a un gobernador que ocupó ese mismo rol en otra administración, achacar a los especuladores que solo piensan en cobrar sus acreencias, resulta tan curioso como oír a un ministro de Salud protestar contra las epidemias.
La búsqueda de apoyo político y las amables conversaciones con líderes mundiales en la reciente gira europea del Presidente deben descender, sin escalas, a la mesa de negociaciones con los que tienen la “ambición” de querer cobrar.
En ese sentido, la posición del FMI es ambigua: tiene solo el 14% de los préstamos otorgados, pero es el principal acreedor individual. Pero a la vez es de los que prestan a las tasas más bajas y es permeable a las “sugerencias” de su directorio, empezando por el accionista principal, Estados Unidos. Y también es quien podrá oficiar de auditor de oficio a los bonistas privados que concentran algo más de las dos terceras partes del total, para seguir de cerca el cumplimiento de lo convenido en una hipotética renegociación de común acuerdo.
El “nunca más” expresado por el ministro de Economía en alusión a dejar de lado malas prácticas en la decisión de endeudamiento público por parte del Estado argentino deriva inmediatamente en preguntarse por qué se toman esas decisiones viendo los daños ocasionados, aun bajo el beneficio de la duda de los efectos no deseados. Y la respuesta es básicamente una: la urgencia por financiar el desequilibrio fiscal, variable que ha permanecido casi inmóvil durante los últimos tres cuartos de siglo. Porque para financiar el déficit puede recurrir a cuatro fuentes principales: subir los impuestos, bajar el gasto público, emitir dinero o tomar deuda prestada.
Argentina probó con todos ellos hasta el límite que la política le indicó como tolerable. Tiene la presión impositiva promedio más alta de la región y, para los contribuyentes regularizados, casi tan asfixiante como en socialdemocracias europeas.
En la práctica se recurrió a bajar gastos de capital o desinvertir, reprogramando obras y haciendo que la masa salarial en todos los estamentos de la administración se llevara casi la totalidad de los recursos. Tomó deuda desde los albores de la Independencia: un logro político extraordinario que se convierte en una cruz cuando llega la cuenta, generalmente a otra gestión; pero lo hizo para cubrir gastos corrientes, por lo que no generó la capacidad de repago para afrontarlas. Y finalmente, emitió dinero haciendo del peso casi una moneda de fantasía, alterando los contratos, vaciándolo de sentido de moneda auténtica. Queda una quinta salida a este laberinto: el crecimiento económico, que permitiría ir acomodando las variables en un círculo virtuoso y sin necesidad de antipáticos recortes. O quizás, achatar jubilaciones, reperfilar y alterar contratos solo en lo estrictamente necesario para ganar tiempo y mientras la mayor actividad va produciendo milagros.
Pero aun cuando esta hoja de ruta sea la correcta: ¿qué garantiza que la economía vuelva a crecer después de esta década desperdiciada y medio siglo de estancamiento? Solo el realismo y el consenso alrededor de una pauta básica para generar un desarrollo sostenible. Sin ello, será otra magia más para intentar escapar del laberinto.
