En un giro alarmante, el Gobierno Nacional ha decidido despedir a más de 600 profesionales del Plan ENIA, anunciar su "rediseño" y terminar los contratos de alquiler de espacios de trabajo en varias provincias. Este desfinanciamiento no es solo un golpe a la salud pública, sino un retroceso en los derechos humanos y la equidad de género, pilares fundamentales de la lucha feminista.
¿Cuál es la verdadera motivación detrás de esta decisión? ¿Por qué el Gobierno opta por discontinuar una política pública tan exitosa y reconocida a nivel regional?
El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) es una política pública que nació en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, para dar respuesta a las altas tasas de fecundidad adolescente, que logró trascender su gestión, manteniéndose durante el gobierno de Alberto Fernández.
Comenzó llevándose a cabo en diversas jurisdicciones de 12 provincias del NOA y NEA y provincia de Buenos Aires, priorizadas por la magnitud de la problemática. Finalmente contó, en 2023, con la firma de un Convenio de Adhesión entre Nación y las restantes provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar a cabo su implementación en todo el territorio nacional ¿la razón? Desde su puesta en marcha en 2018, logró reducir en un 50% el embarazo no intencional adolescente en el país.
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Se estima que, en 2018, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumenta en 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021 se lograron reducir estas estadísticas en 5 de cada 10 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, mientras que en menores de 15 años la cifra descendió a 7 de cada 10 (UNFPA y Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social 2021).
A los evidentes resultados de estas estadísticas se suma el hecho de que al Estado Nacional la prevención del embarazo adolescente le permite ahorrar 0,16% del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en niñas y adolescentes de 10 a 19 años.
Además, está demostrado que la maternidad a edades tempranas es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con impactos negativos en las trayectorias de vida de las adolescentes vinculados a la deserción escolar, las posibilidades de inserción laboral y al acceso a trabajos de calidad, entonces ¿por qué desfinanciarlo?
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Probablemente porque a través del ENIA no sólo se reduce el embarazo no intencional en la adolescencia. También se brindan consejería en escuelas y espacios comunitarios en educación sexual integral, tiene una perspectiva integral e intersectorial y mejora la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, potencia las decisiones informadas de adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, previene el abuso y la violencia sexual e informa sobre la posibildiad de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Durante la pandemia del Covid-19 llegó a atender y dar respuestas a problemáticas asociadas al contexto de pandemia y abordajes de salud mental en los y las adolescentes.
Es sabido que el presidente se ha manifestado en contra de la Educación Sexual Integral a la que llamó “adoctrinamiento e ideología de género” y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a la que se refirió como “agenda sangrienta del aborto”, entonces esta decisión no parece casualidad y se contrapone de lleno con las declaraciones de “viva la libertad” ¿de qué libertad hablamos si se restringe la posibilidad a que las y los adolescentes puedan tomar decisiones autónomas e informadas sobre su salud y trayectoria de vida?
Si recordamos que mediante La Ley Ómnibus se pretendieron introducir reformas a la Ley Plan de los Mil Días, en la cual se eliminaba el paradigma de derechos humanos y la autonomía para la protección de los derechos de mujeres y otras personas con capacidad de gestar, desapareciendo toda referencia a la autonomía tanto progresiva de niñas y adolescentes como de las personas gestantes en generales, advertimos fácilmente una serie de políticas y reformas dirigidas a socavar los derechos de mujer, niñas y adolescentes.
Si eso lo cruzamos con los resultados del Estudio MILENA, que da cuenta de que las mujeres que fueron madres adolescentes registran una menor probabilidad de terminar sus estudios secundarios, que permanecen más tiempos en sus hogares dedicadas a tareas domésticas y de cuidado y que se ven más afectadas por el desempleo, el ideal de la mujer en su rol “mujer madre”, “mujer ama de casa” o “mujer cuidadora” que quieren imponer, restringe progresivamente la posibilidad que mujeres, adolescentes y niñas puedan decidir de manera autónoma su proyecto de vida.
Parecería así, que la respuesta a por qué desfinanciar el Plan ENIA es evidente. En los últimos 41 años de democracia, mujeres y diversidades hemos luchado por conquistar muchísimos derechos. El Plan ENIA es uno de esos logros que habrá que salir a defender y sostener. Porque nos estamos refiriendo a mucho más que evitar el vaciamiento o desfinanciamiento de una de las políticas públicas argentinas más exitosas y reconocidas a nivel regional, es también defender los derechos a la autonomía de niñas, adolescentes y mujeres a elegir su proyecto de vida.
