Un debate que convocó a más de 2 mil especialistas y una ley que en tres años permitió 245.015 abortos

El proyecto oficialista para derogar la llamada “ley del aborto” irrumpió en la agenda de noticias el miércoles por la noche, cuando la ola de calor ya no daba respiro, hacía 24 horas que había caído la ley ómnibus y faltan días para que el presidente Milei llegue a la reunión con el papa Francisco en el Vaticano. Los fundamentos de la iniciativa de La Libertad Avanza sostienen que “dicha ley no es constitucional, y es contraria al sentir del pueblo argentino” y así desconoce el hecho de que la sanción fue un largo proceso que involucró la presentación de 810 especialistas en la Cámara de Diputados y 802 en la Cámara de Senadores. Y de otros datos más que conviene repasar.

La precisión del número de oradores a favor y en contra en el debate parlamentario previo a la aprobanción de la ley se desprende del informe “Es mucho más que un aborto”, elaborado por el proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) en alianza con Ibis Reproductive Health, que monitorea la implementación de la Ley 27.610 en Argentina y que tiene varios datos que rebaten la falta de consenso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada hace tres años por el Congreso. El mismo informe explica que “la ley de aborto reconoce el derecho a la libertad, autonomía, y al goce de la salud sexual y (no) reproductiva”.

La norma sancionada el 30 de diciembre de 2020 establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir dicho proceso hasta las 14 semanas de gestación (la llamada interrupción voluntaria del embarazo –IVE–) y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante; en estos casos no se habla de plazos.

La iniciativa del grupo de diputados de La Libertad Avanza pretende derogar la Ley IVE y va más allá ya que pretende modificar el Código Penal en relación con los abortos legales que están permitidos desde 1921, al quitar el derecho a niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar que atraviesen un embarazo producto de una violación o abuso sexual. El único caso en el que se permitiría el aborto sería ante el “peligro inminente” para la vida de la mujer. La iniciativa también aumenta las penas de cárcel a quienes se somentan a un aborto voluntario y para quienes lo realicen. 

Desde la puesta en marcha de la ley hasta octubre de 2023 –últimos datos disponibles–, se realizaron 245.015 abortos seguros y legales en instituciones públicas de salud de Argentina. En la plataforma Mirar también existe un informe que registra que en los primeros tres años –exactamente hasta junio del año pasado– la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, el 90 por ciento fue sobre temas relacionados con el aborto.

Los datos oficiales indican que entre 2020 y 2021, cuando se comenzaron a registrar los datos ante la legalidad de la práctica, las muertes maternas por causa de las malas prácticas abortivas se redujeron de 23 a 13. La legislación es parte de un conjunto de políticas públicas que está llevando a un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término –desde 2.350 en el año 2018 a 1.394 en 2021–. En las estadísticas se refleja la disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% en el mismo período. Según Mirar, esta baja es parte del resultado de la Educación Sexual Integral (ESI) y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). 

Desde el año 2020, el aborto seguro y gratuito se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales provinciales y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo que llegan a 1.982 en todo el país, de acuerdo al informe de Mirar. 

El panorama nacional difiere de provincia a provincia. Si se tiene en cuenta la cantidad de mujeres en edad fértil, el mayor número de abortos entre 2021 y septiembre de 2023 fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –la tasa es de 34 cada mil mujeres–, seguida por Salta (30,4).

Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Chaco y Misiones, con una tasa de 9,1 y 10,1 cada mil mujeres respectivamente, según establece un informe de Chequeado realizado a través de un pedido de información pública. El mismo informe de la organización periodística hace una aclaración: las estadísticas públicas sobre las interrupciones voluntarias del embarazo son las informadas por los centros de salud públicos de cada provincia y no incluyen las prácticas realizadas en el ámbito de la seguridad social (obras sociales) y en el sector privado (empresas de medicina prepaga).

Tanto desde el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) como desde Amnistía Internacional Argentina han advertido sobre la falta de información pública que releve, a nivel nacional, cuántas IVE/ILE fueron garantizadas en el sector privado y las dificultades de cumplimiento del acceso a la práctica entre obras sociales y prepagas. Porque las barreras al acceso al aborto seguro y gratuito existen. En el año 2023, el Ministerio de Salud nacional informó que debió actuar en 55 casos ante “posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a interrupciones voluntarias y legales de embarazos”. Estas fueron informadas a través de la línea telefónica de consultas por Salud Sexual.

Pero además, desde la sanción de la ley de 2020 se presentaron 37 demandas contra la Ley IVE, según la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. El 62% fue en la Justicia Federal y el 38%, ante juzgados provinciales. De acuerdo a la misma fuente, la Justicia rechazó 26 demandas, cuatro fueron archivadas y siete se encuentran a la espera de un pronunciamiento judicial.

Amplio rechazo al proyecto para derogar la ley de IVE 

Agencias

Activistas y organizaciones que impulsaron la sanción de la Ley 27.610 que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) rechazaron el proyecto presentado por legisladores del oficialista La Libertad Avanza para derogarla, al remarcar que se trata de “un derecho que es una cuestión de salud pública” y advertir que “quieren distraer reabriendo este debate saldado para no ocuparse de lo urgente: el hambre y la desocupación”.

La iniciativa fue presentada el lunes por la diputada Rocío Belén Bonacci, acompañada con las firmas del presidente de la bancada libertaria, Oscar Zago, junto a Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, aunque el jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el proyecto para derogar la ley “no es parte de la agenda” del presidente Javier Milei y “no está impulsado” por él. Por su parte, la abogada Marisa Herrera recordó que la intención de derogar la ley de IVE “estuvo presente en la campaña del Presidente” y remarcó que “un ejemplo es el nombramiento de Rodolfo Barra como procurador”, quien patrocinó causas contra el derecho.