Gregorio Dalbón presentó una denuncia para que se investigue a Patricia Bullrich y a su hijo, Francisco Langieri, dueño de la reconocida cadena de cafeterías Tostado, por los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. La causa recayó en el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo.
Además de Bullrich y Langieri, en la denuncia se incorporó a Fernando Goijman, el socio minoritario de dos de las empresas bajo la mira: Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. (Branding S.A.).
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El abogado recogió el guante de un informe publicado por el periodista Tomás Méndez. Según la investigación, este grupo de cafés y locales gastronómicos declararía más de 63 millones de dólares anuales mientras acumula cheques rechazados. No solo se trata del negocio del hijo de la senadora, sino que una de las sociedades de Tostado tiene domicilio en la casa de la ministra, en Beruti al 3800.

“Durante años muchos evitaron avanzar porque se trata de una persona con poder. Nosotros no”, aseguró Dalbón a PERFIL. El abogado de Cristina Fernández aseguró que se trata de la tercera causa “grave” contra la exministra de Seguridad en tiempos de Javier Milei, luego de la causa que se inició por la represión en la que una nena de 10 años fue rociada con gas pimienta por un efectivo de la Policía y de la que lleva adelante la investigación por el ataque a Pablo Grillo.
“En este caso, lo que se puso en conocimiento de la Justicia es un entramado de relevancia penal que exige una investigación integral, especialmente en lo referido a los vínculos familiares con la firma Tostado y la eventual utilización de estructuras para encubrir responsabilidades. Se le acaba la impunidad a Bullrich”, agregó el abogado.
Los detalles de la denuncia de Dalbón contra Bullrich
De acuerdo con la presentación judicial, alrededor de la marca Tostado existiría un entramado societario conformado por múltiples empresas y franquicias. Una en particular, Beruti al 3800 en Capital Federal, coincide con una propiedad asociada a Bullrich, “circunstancia que resulta relevante desde el punto de vista patrimonial y fiscal”, aseguró Dalbón.
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“Langeri, hijo de la senadora, aparece vinculado a una red de más de 70 bares y locales gastronómicos operados a través de distintas razones sociales y esquemas de franquicias registrados como Tostado Franquicia S.A. y Tostado Brandig S.A.”, describió.
Y agregó: “Dicha expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos de capital inicial, financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que expliquen razonablemente ese crecimiento”.

Dalbón subrayó que, además de haber coincidencias en los domicilios y de la falta de información sobre el capital inicial, las firmas registraron cheques rechazados por falta de fondos, “situación que contrasta marcadamente con la supuesta envergadura económica del grupo empresario y que podría indicar desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia”.
El grupo que administra la firma Tostado también tiene locales en Uruguay, Brasil, Estados Unidos y España, por lo que se requirió el rastreo de las operaciones comerciales internacionales. “La multiplicidad de sociedades y franquicias permitiría, en principio, disimular la real magnitud del negocio, fragmentar ingresos, trasladar costos entre firmas vinculadas y generar una apariencia de autonomía económica que no necesariamente se corresponde con la realidad operativa del grupo empresario”, describió Dalbón en la denuncia.
Diligencias probatorias: qué medidas solicitó Dalbón
Entre otras medidas de prueba, Dalbón solicitó que la Justicia le ordene al hijo de Bullrich y a su socio que entreguen la información correspondiente a la empresa y, en caso de no cumplir, se avance con allanamientos.
Además, requirió que la Unidad de Información Financiera (UIF) analice los movimientos bancarios, financieros y económicos vinculados a Tostado Franquicia SA y Tostado Branding y que la Inspección General de Justicia informe sobre la composición societaria y autoridades de las dos firmas bajo la lupa.
GL/fl