En el último tiempo se instaló en la agenda pública la necesidad de un debate entre los candidatos presidenciales, fundamentalmente a partir de la iniciativa Argentina Debate y de las propuestas de varios legisladores nacionales. Este encuentro entre candidatos es una pieza básica de un concepto más amplio: en el marco de una democracia, son fundamentales el diálogo y la discusión en torno a ideas.
Para cumplir con ese ideal democrático más amplio es necesario que existan condiciones igualitarias de expresión de ideas, lo cual es puesto seriamente en jaque mediante el uso abusivo de los espacios de comunicación gubernamental, como la publicidad oficial o la cadena nacional.
El uso electoralista de esos espacios supone, además de asignar recursos públicos al beneficio de ciertos funcionarios, una lesión
severa a la libre e igualitaria expresión de ideas. Mientras algunos funcionarios y candidatos abusan de los medios públicos y hacen oír su voz de manera potenciada, quienes respetan las reglas tienen dificultades para hacerse oír.
La expresión de ideas es condición fundamental del debate, y corresponde a los jueces interferir cuando se producen abusos que la obstaculizan, pues ellos son los “árbitros” que deben asegurar las reglas del juego democrático. No obstante, la jueza Servini de Cubría ha ignorado su rol y rechazado acciones de amparo contra el uso electoralista de la publicidad oficial y la cadena nacional, y en particular desestimado una denuncia presentada por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Poder Ciudadano en la campaña electoral de las últimas elecciones PASO.
La denuncia de las dos ONG planteaba que los gobiernos de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, San Luis, y de la Ciudad de Buenos Aires estaban haciendo fraude a la ley electoral mediante el uso de publicidad oficial para hacer campaña política. La jueza ignoró el fraude denunciado y rechazó la presentación por considerar que la ley sólo prohibía que la publicidad oficial hiciera alusiones expresas al voto. Es decir que en tanto una publicidad no diga “vote al candidato X”, los gobiernos podrían hacer prácticamente cualquier cosa (promover su imagen, usar la estética de sus partidos, promocionar su gestión, hacer consideraciones de política partidaria) con los medios públicos de comunicación, como la publicidad oficial o la cadena nacional.
Decisiones judiciales de esta naturaleza debilitan la democracia, al admitir prácticas que generan desigualdades en la distribución de la palabra y empobrecen el intercambio de puntos de vista sobre asuntos de interés general.
Fortalecer la democracia requiere mayor discusión pública. Para lograrlo, es necesario que existan condiciones igualitarias para la expresión de ideas, y para eso es clave la limitación a los gobiernos en el abuso de la publicidad oficial y la cadena nacional. En ese marco, el Poder Judicial debe hacerse cargo de su rol de árbitro del sistema institucional, corregir las conductas que violen las reglas del juego democrático y asegurar el libre debate de ideas.
*Codirector de ACIJ.
**Coordinador del Area Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ.
