Los problemas fiscales y la tesis de Einstein sobre la locura

Los disturbios en Córdoba, el impuestazo en la Provincia de Buenos Aires, los reclamos del gobernador de Santa Fe, las reuniones del flamante jefe de Gabinete con gobernadores varios no hacen más que reflejar que el problema fiscal de las provincias ataca de nuevo.

Pero cuando la economía está en recesión y deflación y los precios de los exportables agropecuarios por el piso, los gobiernos provinciales tienen problemas para financiarse (como a fines de los 80 y fines de los 90 hasta 2002). O cuando la economía crece a tasas chinas y los precios de los exportables vuelan, también los gobiernos provinciales tienen problemas para financiarse. Esto marca que estamos frente a un problema estructural.

Dejando de lado, aunque sin minimizar, las incapacidades obvias de gestión y administración, se puede ensayar una respuesta de fondo a este conundrum, como diría el amigo Greenspan.

Un poquito de historia semireciente. En los ochenta, los gobiernos provinciales, con déficits, tenían sus bancos provinciales a través de los cuales se “coparticipaba” el impuesto inflacionario que cobraba el Banco Central, hasta que el gasto se hizo infinanciable y vino la híper. En la década de los 90, ya en convertibilidad y sin inflación, los bancos provinciales tenían poco para aportar, en ese sentido, y la mayoría fueron privatizados. Como, por la reactivación y el crecimiento de los primeros siete años del gobierno de Menem, los recursos públicos nacionales crecían fuertemente, y con ellos la coparticipación, en la época en que los recursos se compartían casi fifty-fifty con las provincias, se decidió descentralizar el gasto en educación y salud y pasarlo a la esfera provincial. La idea no era mala: cuanto más cerca de quien gasta esté quien recibe el gasto, mejor control y mayor capacidad de lograr una calidad superior en el mismo. Si el problema de una escuela de Salta era del ministro de Educación de la Nación, los reclamos no le llegaban nunca y nadie se hacía cargo, y tampoco había “castigo”. En cambio, si ahora el problema es del gobernador, que vive a diez cuadras de la escuela, todo es más fácil, controlable, reclamable y castigable. Esto, en teoría. En la práctica, la descentralización fracasó.

Volvamos al aspecto fiscal. Este traspaso convirtió al gasto provincial en más intensivo aún de lo que era, en materia de salarios y jubilaciones. Después, en otra negociación, las provincias cedieron parte de sus recursos por coparticipación para financiar el déficit del ANSES (jubilaciones) y muchas, a cambio, transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. Después vino la crisis, la recesión, los recursos cayeron, pero los gastos se mantuvieron. Empezaron los déficits, y como en medio de la recesión no se puede cobrar más impuestos, la “solución” fue usar a los pocos bancos provinciales que quedaban –el de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo– y endeudarse con el sistema financiero local e internacional a tasas crecientes. Cuando ya no hubo más espacio para deuda, en lugar de ajustar el gasto se emitieron las cuasimonedas. Hasta que el gasto se volvió infinanciable, hubo “híper” en cuasimonedas, vino la rebelión de la liga de gobernadores y el resto es historia más reciente.

El Gobierno nacional se hizo cargo de gran parte de las deudas con el sistema financiero privado. Ahora las provincias le deben a la Nación.

La devaluación y la inflación posterior mejoraron drásticamente las finanzas provinciales. Mientras que el gasto en principio se licuó, dado que los salarios no se ajustaron a la inflación por el alto desempleo. Pero a medida que pasaba el tiempo, los salarios comenzaron a crecer y la bonanza internacional fue, cada vez más, captada por las retenciones que no se coparticipan. Los mayores ingresos de la Nación fueron manejados discrecionalmente por Kirchner para ejercer control “político” en las provincias y armar su propia fuerza en el interior, en especial en el Conurbano bonaerense.

Fue así que el casi fifty-fifty de los 90 es hoy menos del 70-30, pese a que el último acuerdo del 2002 establecía un piso de 34%, o algo así, para las provincias. De manera que con aumentos salariales y de empleo, la mayoría de las provincias, que no tienen recursos propios adicionales, como las regalías petroleras o de otra índole, dependen cada vez de las transferencias que envía, como quiere, la Nación.

Y sucede que en 2008, por su propio descontrol del gasto, el gobierno de Cristina “ajustó” las transferencias a provincias y se concentró sólo en algunos amigos (total, este año no hay elecciones).

Por lo tanto, los gobernadores tienen menor proporción de los recursos fiscales totales y siguen aumentando salarios y empleo. Resultado: problemas fiscales crecientes, aumentos de impuestos provinciales y cada vez más visitas y sumisión al gobierno federal. Y el que no, en problemas.

Esta claro, entonces, que se necesita replantear el federalismo fiscal, pero en serio; tanto por el lado de los recursos, como por el del gasto. Incluyendo, por qué no, el debate de la regionalización, sin prejuicios.

Einstein definía locura como “hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos”. Vamos camino a una nueva crisis fiscal provincial con su correlato en la Nación. Podemos evitarla, sólo si innovamos en la solución.