Hace ya casi una década que la Argentina resolvió sumergirse en una ebriedad de índole ideológica. Fue cuando en 2004 el matrimonio Kirchner descubrió los derechos humanos, una temática para ellos inexistente durante los primeros veinte años de democracia. A partir de aquel “perdón” pedido por Néstor Kirchner en la ESMA por el supuesto “silencio” de la democracia, la deriva se hizo incesante y careció de límites. Los desaparecidos dejaron de ser el sujeto de la preocupación. Se pasó así a la reivindicación pura y dura de los “combatientes” que entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976 atacaron comisarías y unidades militares, y secuestraron y asesinaron a decenas de oficiales de las Fuerzas Armadas y varios empresarios.
Concebido para evocar a los millares de víctimas de la represión ilegal durante los gobiernos de facto, el Parque de la Memoria en la porteña Costanera Norte hizo lugar a esos mismos guerrilleros que atacaron a un gobierno peronista elegido por el pueblo y de legitimidad constitucional.
La retórica sofocante de la reivindicación del terror guerrillero desbordó sus propios límites. Ya no sólo dejaron de ser importantes millares de víctimas secuestradas, torturadas y finalmente ejecutadas impiadosamente, al margen de toda norma legal, sino que se vació de sentido, hasta el hueso, la propia demencia terrorista de los “combatientes” de 1973-1976. Gente jugada a matar o morir con un fusil en la mano, aun cuando le hacían la guerra “popular” a un gobierno elegido por el pueblo, la extraña combinación de viudas simbólicas de Montoneros y el ERP avala obscenamente que esos pistoleros fueran presentados como “víctimas” del terror de Estado. Hasta les quitaron el orgullo de haber sido, aunque obcecada y patológicamente, guerreros que no daban ni pedían cuartel.
Esencia del “buenismo” progresista, oficiales y reclutas del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Ejército Montonero devinieron en pobres almas inexplicablemente caídas en combate, cuyas familias ameritarían cobrar pensiones vitalicias.
Esto se hizo desde un gobierno peronista. Se sacralizó al fusil y se indultó a quienes, más que infantilismo ultraizquierdista, habían demostrado infinita soberbia ideológica e igualmente inagotable desprecio por la democracia, el estado de derecho y la voluntad popular. Al igual que el MTP de Gorriarán Merlo en 1989, Montoneros y ERP de la era 1973-1976 sabían que el pueblo no estaba con ellos, pero –vanguardia esclarecida– barruntaban que más temprano que tarde la chispa del foco encendería la pradera, una disparatada ensalada con ingredientes de maoísmo y castrismo.
En su ataque del 5 de octubre de 1975 al Regimiento de Infantería de Monte Nº 29 de Formosa, magistralmente relatado por Ceferino Reato en su indispensable libro Operación Primicia, el Ejército Montonero perdió a 12 de sus hombres en la acción, pero no sin antes asesinar a 16 personas: 11 humildes conscriptos, un subteniente, un sargento, dos policías provinciales y un civil. Las familias de los 12 montoneros caídos en combate fueron galardonadas con pensiones graciables del Estado por considerárselos “víctimas” de la represión. Pero, 28 años después, las sencillas familias provincianas de las que provenían los conscriptos acribillados nunca lograron nada.
La semana pasada, el Congreso adjudicó una nueva y generosa jubilación vitalicia a unos diez mil ex presos considerados “políticos”. Esa pensión estatal duplica largamente la jubilación mínima que cobra la abrumadora mayoría de los retirados de este país. Esta nueva fiesta tuvo el proverbial ingrediente de alevosía oficial e insondable ¿ingenuidad? opositora: salió la pensión para los “presos políticos”, pero no la gratificación para las familias de los soldados asesinados. Diecisiete diputados de la UCR votaron con el Gobierno y 17 se ausentaron. En PRO, diez diputados estuvieron ausentes y uno se abstuvo. Sólo dos de los 257 diputados votaron en contra, los bonaerenses Alberto Asseff y Carlos Brown.
De los oficiales y suboficiales de las FF.AA. asesinados durante el gobierno constitucional peronista, nada: ni reconocimientos ni pensiones. Para Reato, esta nueva ley implicará un desembolso, a valores de hoy, de $ 720 millones por año. Kirchneristas que provienen del montonerismo explícito han prometido compensar este disparate con una ley para las familias formoseñas. El ex “oficial” montonero Carlos Kunkel, detenido en 1975 por el gobierno peronista antes del ataque a Formosa, le ha reconocido a uno de los diputados radicales que estuvieron ausentes en el voto, el formoseño Ricardo Buryaile, que ese ataque fue una “macana”. Esa “macana” produjo 28 muertes.
Los efectivos militares y policiales muertos en acciones del ERP y Montoneros en esa etapa oscilan entre 492 y 547 personas, pero para el periodista e historiador Hugo Gambini, además de 547 integrantes de las Fuerzas Armadas y personal de Policía, Gendarmería y Prefectura muertos, hay que incluir a 230 políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla eliminados por esas organizaciones. ¿Dónde figuran esos casi 800 seres humanos?
Pero no es seguro que la (bienvenida) promesa del diputado Kunkel se haga realidad: gran parte de los diputados leales a Cristina Kirchner piensa que reconocer los asesinatos de los Montoneros sería admitir la teoría de los dos demonios. Un país así es imposible.
