En 2012, Chávez utilizó la sintonía política que compartía con sus aliados en Buenos Aires, Brasilia y Montevideo, así como la suspensión de Paraguay (cuyo Senado se había constituido en el último obstáculo a vencer para la admisión de Venezuela) para asegurar su membresía plena en el Mercosur. Sin embargo, esta membresía no estuvo libre de condiciones: Venezuela debía ajustarse a las normativas técnicas del organismo regional en un lapso de cuatro años, plazo que vence este 12 de agosto. Con la finalización de la presidencia pro tempore (PPT) de Uruguay el 29 de julio del corriente año, el gobierno venezolano asumió que le correspondería hacerse cargo de la misma, y así lo hizo unilateralmente. En el Mercosur la PPT se traspasa en orden alfabético, como bien argumenta Venezuela, pero también con el consenso de todos los Estados miembros, lo cual no ha sido el caso actual. Asimismo, el traspaso tampoco es automático como argumenta el gobierno de Maduro. En este sentido existen precedentes, como en 2013, cuando la PPT de Venezuela se extendió por 202 días más. Ante la preocupación de Argentina, Brasil y Paraguay por la reciente autoproclamación venezolana, la Cancillería del país caribeño optó por dos duros y extemporáneos comunicados oficiales, en los que acusó a estos tres gobiernos de haber conformado una Triple Alianza contra Venezuela y de ejecutar una reedición del Plan Cóndor. Más allá del malestar del gobierno de Maduro con las posiciones de los tres países, el comunicado evidencia una intención de escalar la situación a un incidente político internacional atribuido a una conspiración gestada en los Estados Unidos. Por su parte, frente a una crisis de esta gravedad, los países miembros tienen una serie de preocupaciones centrales (preservar la institucionalidad alcanzada y, a la vez, avanzar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea) y varias estrategias posibles de acción a su disposición. Una opción es no permitir que Venezuela asuma la PPT, dado que no cumplió en tiempo y forma con los requisitos técnicos exigidos por Mercosur. Este es el argumento esgrimido por Brasil (aparentemente apoyado por los tres países después de la reunión en Río de Janeiro), mientras que Paraguay enfatiza una argumentación más política y Argentina se centra en especificidades técnicas del proceso de traspaso en sí, y a su vez propone un mecanismo transitorio para conciliar la situación. Uruguay, por su parte, propone una PPT compartida, siempre y cuando la propuesta cuente con el apoyo de Venezuela. Una opción de carácter más radical, en línea con la postura de Paraguay, sería apelar a la vulneración de los derechos humanos y el orden democrático por parte del gobierno bolivariano, de modo de fundamentar su suspensión sobre la base de la Cláusula Democrática del Mercosur. Sin embargo, como ha sido comprobado en otros casos, no necesariamente las posturas “duras” tienen un efecto positivo y generalmente tienden a profundizar las confrontaciones. Ante estas disyuntivas, habría que apelar a la racionalidad, a la sensatez y a una diplomacia efectiva e intentar una salida colectiva que no vulnere los intereses de los miembros del organismo, pero que tampoco siente precedentes que pongan en duda la de por sí debilitada continuidad institucional de éste.
