El país enfrenta la sucesión presidencial dentro de los cauces normales de la democracia, pero, una vez más, el recambio se hará en una situación económica crítica.
Esta circunstancia es preocupante, en especial porque en los últimos cien años experimentamos alrededor de 12 episodios críticos, con distintas dosis de causalidad económica y política.
Las similitudes entre esos episodios, en particular los más recientes, son extraordinarias. Elevado déficit fiscal en gran medida financiado con emisión monetaria, desequilibrio en el sector externo de la economía, elevada inflación y finanzas provinciales desbalanceadas, por citar sólo algunos de los renglones críticos a nivel macroeconómico.
La explicación no está –en particular en el presente– en un cambio importante del contexto internacional. Las decisiones del Gobierno han recorrido un sendero que lo condujo desde unos grados de libertad inéditos, en 2003, hasta quedar atrapado en un estrecho margen de maniobra.
En 2003 el tipo de cambio era altamente competitivo, las finanzas públicas superavitarias, la cantidad de moneda en la economía era pequeña, la actividad económica estaba creciendo y las exportaciones superaban ampliamente a las importaciones. Simultáneamente, el desempleo era elevado y la deuda externa estaba en default. Había que estimular la demanda y el Gobierno lo hizo, lo que generó un fuerte descenso del desempleo. Había que arreglar la cuestión de la deuda externa y el Gobierno recorrió una primera etapa, pero abandonó la idea de resolver totalmente el problema.
En ese momento comenzó un proceso de aislamiento internacional no muy perceptible al comienzo, pero finalmente explosivo. Un desorden fiscal creciente fue empujando a un país con los peores antecedentes en la materia a una nueva etapa de inflación crónica y, al final del camino, a una recesión acompañada de una crisis externa.
A pesar de que el desempleo, convencionalmente medido, descendió de 20,3% anual a 7,5% en la actualidad, nuestro país tiene un problema estructural que ha ido creciendo detrás de cada colapso. Somos unos 40 millones de habitantes, 38 vivimos en centros urbanos; en esos lugares 27 millones estamos en edad de trabajar, pero sólo 16 millones lo estamos haciendo. En otros términos, el 40% de la población que podría trabajar está desocupada, porque no tiene capacitación adecuada, no tiene oferta de puestos de trabajo, está desmotivada o está fuera de la cultura del trabajo.
La Argentina no podrá salir de estas crisis periódicas sin una incorporación masiva de población al mercado de trabajo. Se necesita en este campo una revolución como la que hicieron los legendarios tigres asiáticos o la que está haciendo China.
De lo contrario, la demanda social hacia el Estado será creciente. No es que los subsidios sociales sean responsables del déficit fiscal, se trata simplemente de que no pueden ser el plan de vida para millones de argentinos y tampoco son una columna vertebral robusta para la economía.
El próximo gobierno encontrará una situación fiscal altamente comprometida, una situación social frágil y una crisis de la deuda externa seguramente no resuelta. Es un desafío difícil.
Sin embargo, nuestro país tiene las condiciones para una inserción internacional positiva tanto comercial como financiera.
Una Argentina aislada enfrenta la alternativa de un ajuste fiscal impensable con la situación social actual y el deterioro que puede esperarse en los próximos meses.
Una Argentina abierta al mundo significa dar internamente una fuerte batalla ideológica, colocando el interés nacional donde verdaderamente tiene que estar, que no es la retórica, sino la incorporación de millones de argentinos al mundo del trabajo y a los beneficios perdurables de una mejor calidad de vida.
*Economista. Ex viceministro de Economía.
