La columna escrita en PERFIL hace algunas semanas sobre la reforma tributaria que requería la situación argentina no pretendía ni podría ser, por las limitaciones espaciales de la misma, un programa económico completo. El objeto de la nota era invitar al debate de uno de los temas decisivos a la hora de pensar el país que queremos en el marco de lo que fue una campaña electoral anémica de ideas.
Es innegable que en las campañas electorales el tratamiento de muchas propuestas no es riguroso. Se promete más educación, más salud, más seguridad (entre otras cosas), sin precisar los planes concretos en estas áreas ni el financiamiento de los mismos.
Lamentablemente, esto no se limita a las campañas sino que también se observa en el procedimiento legislativo de muchos proyectos de ley. Un ejemplo claro fue el caso de la estatización del sistema previsional, donde en las escasas dos semanas de debate los cálculos actuariales y la sustentabilidad del sistema estuvieron ausentes.
Con relación a la eliminación y modificación de los impuestos que proponemos, el cierre presupuestario asociado a estas medidas comprende una combinación de: a) cambios en impuestos existentes; b) una menor tasa de crecimiento del gasto público en forma tendencial; y c) autofinanciación producto de los efectos de oferta inducidos por menores tasas así como por no deducibilidad como gasto u otros tributos.
Con respecto a los nuevos impuestos, que financiarían la merma de los cambios en los impuestos tradicionales (contribuciones patronales), algunas posibilidades son incrementar el IVA al nivel que tiene Uruguay y una suba a la tasa de los impuestos a los combustibles, que ayudaría adicionalmente a un desarrollo ecológicamente sustentable y a una menor congestión. El gasto público que debería eliminarse son los subsidios al sector privado, y otros gastos estructurales incorporados en los últimos años que financiaron fundamentalmente el consumo, en particular, de las clases medias y altas de Capital Federal y GBA.
Por otro lado, estas medidas en parte se autofinanciarían. Los menores costos a las empresas (impuesto al cheque, cargas sociales) deberían capturarse vía mayores impuestos a las ganancias. La modificación a las cargas sociales sería una forma de incentivar el blanqueo de empleados, lo que también compensaría en parte la caída en estos tributos.
Por último, la eliminación de la suspensión a las exportaciones impulsaría muchas actividades que hoy están completamente deprimidas y sin ningún efecto recaudatorio, lo cual se traduciría en mayores ingresos. Está claro que esto no se cumpliría si no se acompañase con una mayor eficiencia en la fiscalización, a través de reducir la evasión.
Un comentario aparte merece la dinámica temporal de estas medidas. En las plataformas programáticas de las elecciones presidenciales de 2003 y 2007 que presentó nuestro espacio, se describía el carácter gradual de estos cambios, en sincronía con el conjunto de las reformas planteadas.
No podría ser de otro modo en una propuesta de esta naturaleza, alcance y magnitud.
*Economista. Ex candidato presidencial.
