Días pasados, se dio a conocer la medida destinada a quitar funciones “administrativas” de la Policía Federal Argentina –en este caso, la confección de pasaporte y cédula de identidad– con el fundamento de reorientar el personal utilizado en aquella tarea a funciones “operativas”. Este tipo de medidas ha sido recurrente en muchos lanzamientos de planes de seguridad en las últimas décadas, bajo las consignas de “sacar la policía a la calle” o “saturar de efectivos el espacio público”, lo que permite reflexionar sobre la cuestión.
En este sentido, considerada aisladamente, la medida resulta acertada toda vez que el efectivo policial es un recurso caro para el Estado, que ha invertido en él en formación, equipamiento, logística, bienestar, seguridad social, etc., por lo que su utilización debe tener el mayor rendimiento posible para la seguridad. Así, colocar un efectivo detrás de procesos administrativos es –desde el punto de vista económico–un despilfarro de recursos y –desde el punto de vista de la seguridad– un desvío.
No obstante, hay ciertas consideraciones que resultan necesarias hacer para evitar creer que el problema de la seguridad se resuelve “sacando policías a la calle”, ya que esa sola medida hasta puede no generar impacto alguno en el delito.
En primer lugar, la Argentina es uno de los países de la región con mayor tasa de policías por habitante, considerando efectivos de fuerzas federales y de las policías provinciales y porteña. No obstante, la distribución del esfuerzo nacional de policía es asimétrica entre las provincias. Por ejemplo, la Provincia –que ostenta el mayor nivel de delitos y violencias– es la que dispone de menor cantidad de policías por habitantes. Y el Conurbano –la región más conflictiva del país– tiene menor dotación relativa que el interior bonaerense. Entonces, la dotación de policías se distribuye de una manera que en nada tiene que ver con la distribución del delito y la violencia.
Por otra parte, existe en el funcionario político una tendencia a querer “mostrar” policía uniformado en la calle porque crearía la sensación de acción. Pero asignar mayor cantidad de efectivos en áreas operativas puede generar un nulo impacto en el nivel de delitos si el empleo se da en el vetusto sistema de paradas fijas o en los vistosos operativos de control vehicular. Lo único que logran estos mecanismos es un corrimiento del delito antes que su disuasión y/o prevención. El ilícito se cometerá a dos cuadras de la parada.
Por el contrario, colocar efectivos en áreas de investigaciones puede generar un impacto mayor en términos de reducción de delitos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existen aproximadamente 12 mil personas con orden de captura, de las cuales 2.500 son buscadas por delitos graves. Organizar una unidad con la dotación, el equipamiento y la logística necesaria puede generar resultados más significativos que parar 500 autos por día para revisar si tienen la VTV.
No se debe concluir que de nada sirve volcar efectivos a tareas de prevención, ni mucho menos. El tema es que esos efectivos estén organizados con criterios que respondan a las exigencias que la seguridad le impone hoy a los viejos modelos de funcionamiento policial. Por ejemplo, la eficacia de los patrullajes aleatorios fue puesta en duda hace ya varios años. Un estudio de la Policía de Chicago demostró que el 93% de los arrestos se generaron por denuncias de los vecinos: los patrullajes aleatorios sólo pueden generar resultados aleatorios. También, la idea de los grandes operativos pensados para crear una sensación de intimidación a los criminales fue descalificada por un estudio del Kansas City Preventive Patrol Experiment, que demostró que cambios sustanciales en los niveles de patrullas preventivas no tuvieron impacto en los niveles de delitos o percepciones de los ciudadanos.
Por estos motivos, “sacar policías a la calle” es una buena intención que –sin las debidas precauciones– puede transformarse en un esfuerzo intrascendente.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
