Quizás atento a quienes hablan del rechazo al aborto por parte de los sectores populares, el Gobierno impulsa Mil Días, un proyecto para acompañar la IVE destinado a dar asistencia económica, médica y farmacológica a embarazadas y bebés en estado de gran vulnerabilidad. Más allá de los cuestionamientos que el asistencialismo produce en la oposición, el aborto seguro, legal y gratuito sumado a la financiación de embarazos y nacimientos visibiliza, por su omisión, a la madre trabajadora, actor social que continúa fuera de las prioridades de los feminismos articulados por el Estado.
Aunque las narrativas argentinas en torno a las mujeres se parezcan a las de otros países en los que se amplían constantemente sus derechos, a la hora de los bifes, la cosa es diferente. Tanto la International Labour Organization (OIT) como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomiendan un mínimo de 14 semanas de licencia paga por maternidad. Colombia, Brasil, España y China dan entre 14 y 26 semanas, mientras que Chile, Portugal, Italia y Francia oscilan entre las 26 y las 52, y en Canadá, Alemania, Japón y Mongolia, hay licencias de más de 7 meses. Argentina, en cambio, con solo 13 semanas, figura entre los que no cumplen con el mínimo junto a México, Perú, Paraguay y Haití. La disposición de lactarios y guarderías en lugares de trabajo, tampoco parece relevante para los activismos de género locales, mucho más entusiastas de los baños inclusivos o el etiquetado “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”.
Ya en 1993, Noruega creaba un sistema de licencias no transferibles para padres, sentando un precedente de actual discusión en la Unión Europea que ultimó a los países miembros a ampliar la licencia de varones, y a que padre y madre tengan al menos cuatro meses cada uno. En febrero, el gobierno finlandés anunció que destina a cada miembro de una pareja un permiso laboral pago de casi siete meses y a las embarazadas, un mes adicional. “La reforma en la licencia familiar es la inversión del gobierno en el futuro de los niños y el bienestar de las familias”, dijo Aino-Kaisa Pekonen, ministra de Asuntos Sociales y Salud de ese país y añadió que, en las familias monoparentales, “el trabajador o la trabajadora podrá utilizar los 14 meses”. En nuestro país, los feminismos no dan gran espacio a la gestión de crianza compartida que, como se sabe a partir de las experiencias en las que se legisló en detalle, favorece la continuidad y el desarrollo laboral de las madres que trabajan.
Por supuesto, no todo lo que reluce es oro, y Suecia, pionera en la implementación de políticas de género, empezó a padecer efectos no deseados de la excesiva intervención estatal en la vida de las familias, como los plasmados en el documental de Erik Gandini, estrenado en 2015, La teoría sueca del amor. Sin embargo, en América Latina, estas consecuencias no son un peligro cercano ni mayoritario, porque las licencias por paternidad y las gestiones para garantizar la lactancia que recomienda la OMS están “muy rezagadas respecto a la tendencia global”, según Florencia Caro, coordinadora de proyectos del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
“La crisis del Covid-19 exacerbó las vulnerabilidades y las desigualdades existentes”, decía en marzo Philippe Marcadent, Jefe del Servicio Inwork de la OIT, y vaticinaba que los países con economías informales donde se aplicó un confinamiento total sufrirían las peores consecuencias, con crecientes porcentajes de trabajadoras precarizadas. Ante este cuadro, hoy confirmado con creces y de cara a la esperada nueva normalidad, el gran desafío de alcanzar aceptables grados de paridad, no solo de género, sino de posibilidades entre las madres trabajadoras, asalariadas e independientes, sigue vigente. Extender las licencias procurando que sean igualitarias y facilitar el vínculo madre-hijo en un contexto de trabajo no deberían ser asuntos rezagados en una sociedad que tiene el feminismo en todas las agendas.
